María Jesús Montero, ministra de Hacienda, confirmó este martes los planes del Gobierno de poner en marcha la ambicionada reforma fiscal en 2022. Y para ello ya se está preseleccionando a los expertos que formarán el Comité que propondrá los cambios legislativos correspondientes.

Esta reforma es una de las que el Gobierno ha prometido a la Comisión Europea dentro del Plan de Recuperación. Entre sus objetivos está mejorar las ingresos públicos, dado que España está lejos de la media de recaudación de la Unión Europea, según Montero. 

Sin embargo, la crisis provocada por la Covid-19 también tiene que ver con la necesaria mejora de la recaudación pública. 2020 se cerró con una caída de la recaudación del 5%, 24.487 millones de euros menos que en 2019.

Para ello, todo parece indicar que Hacienda y sus expertos van a retomar algunos de los planes que ya había sobre la mesa antes de la crisis. Para empezar, retocar las deducciones y los beneficios fiscales de las empresas, sobre todo los de las de mayor tamaño, para aumentar su contribución a la caja pública. En este campo entraría la idea de cobrar un tipo mínimo del 15% del impuesto de sociedades, aunque en principio había quedado aparcada hasta que la economía se recuperara.

Además, dentro del grupo de medidas posibles también figura el alza fiscal del diésel y otros combustibles fósiles. Se trata de una reclamación permanente de Bruselas pero que el Gobierno de Pedro Sánchez ha tenido que aparcar varias veces en los últimos años. La última porque el PNV se negaba a apoyar los últimos Presupuestos General del Estado si había ‘dieselazo’.

Dentro de este campo entra también la fiscalidad verde y nuevos impuestos ‘ecológicos’ que no entrarían en vigor hasta 2022. Montero siempre ha indicado que los planes del Gobierno pasan por esta ruta, por el amplio margen de mejora que hay.

Dentro de este campo entra la tasa al uso de plásticos no reciclados que incluirá el anteproyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados que está preparando el Ministerio de Transición Ecológica.

Otra de las patas en la que tiene la pretensión de trabajar el Gobierno más pronto que tarde es la fiscalidad autonómica. En varias ocasiones, el Ejecutivo ha manifestado su pretensión de aplicar una armonización de los mínimos de los impuestos nacionales que las regiones pueden modificar.

Aquí el punto de mira está sobre Madrid. La región que preside Isabel Díaz Ayuso se encuentra entre la que más rebajados tiene este tipo de tributos. Se trata de figuras fiscales como Sucesiones, Donaciones y Patrimonio. De hecho, este último impuesto está bonificado al 100%. Es decir, que no se aplica.

Precisamente, por estas prácticas, la autonomía ha sido acusada de ‘dumping’ fiscal tanto por otras regiones como por el propio Gobierno central. La generación de un ‘suelo’ impositivo (es decir, que los territorios solo puedan bajar estos tributos hasta determinado punto) tiene como objetivo limitar, particularmente, la política fiscal madrileña.

Pero hay más campos que el Gobierno puede tocar de cara a la futura reforma fiscal. El extenso informe que hizo la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) sobre beneficios fiscales ahonda precisamente en reducir la cantidad de productos y servicios que a día de hoy se acogen a los tipos reducidos y superreducidos de IVA.

Concretamente, la Autoridad apuesta por subirlos, teniendo en cuenta cada bien o consumo. En este sentido, AIReF no aclara si subiría el tramo de IVA que se aplica a los medicamentos, por ejemplo, pero sí en bebidas alcohólicas vendidas en restaurantes.

Por otro lado, cabe recordar que el Congreso de los Diputados ya está tramitando proyecto de ley de medidas contra el fraude fiscal con el que el Gobierno aspira a lograr una mejora de ingresos de más de 800 millones de euros.

No todo tienen que ser subidas fiscales para mejorar la recaudación en la futura reforma. Cabe recordar que hay varias medidas tributarias del programa de Gobierno de PSOE y Unidas Podemos que todavía no se han aplicado. Una de ellas es bajar el IVA a los productos de higiene femenina (tampones y compresas), del 10% actual al 4%.

También está pendiente la rebaja del impuesto de sociedades a las pymes a la que se comprometió el Gobierno en un principio. Una medida que se antoja necesaria para relanzar el tejido productivo español muy dependiente de las pequeñas y las medianas empresas.