El destino de las ayudas de la Unión Europea que España necesita de forma "urgente" para reflotar su economía tras la crisis sin precedentes de la Covid-19 entra en su fase decisiva. El Gobierno de Pedro Sánchez ha enviado este viernes a Bruselas el plan de inversiones y reformas que la UE exige a cambio de los fondos, junto con una solicitud formal de 69.500 millones de euros en subvenciones a fondo perdido entre 2021 y 2023.

De momento, el Gobierno de Sánchez renuncia a pedir los otros 70.000 millones de euros en créditos blandos que le ofrece Bruselas, hasta completar los 140.000 millones del paquete de ayudas europeas. Eso sí, en el plan se anuncia que estos préstamos baratos se empezarán a movilizar a partir de 2022 para cubrir instrumentos financieros de asistencia a empresas, así como los nuevos ERTE. El resto de países del sur (Italia, Portugal y Grecia) sí han reclamado los créditos.

La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, que ha sido la que ha dirigido las negociaciones con Bruselas del plan de recuperación, aspira a recibir un primer pago de 9.000 millones de euros en julio, que se corresponde con un anticipo del 13%. Además, ha programado un segundo desembolso de 16.000 millones para finales de año con el argumento de que España ya ha cumplido muchos de los hitos previstos en el plan.

El denominado plan España Puede incluye un total de 110 inversiones y 102 reformas. En línea con las recomendaciones de la UE, la mayor parte del dinero se destinará a la transformación verde (39,12%) y digital (29%). Las otras partidas destacadas son la educación y la formación (10,5%), la I+D+i (7%) y el refuerzo de la inclusión social y la cohesión en todo el territorio. 

En cuanto a las reformas, Bruselas reclama al Gobierno de Sánchez que ponga todo el foco en el mercado laboral. "Una prioridad máxima debería ser emprender una reforma integral y ambiciosa del mercado laboral. Es urgente crear puestos de trabajo, mejorar la formación y combatir la segmentación laboral", dijo el vicepresidente económico de la Comisión, Valdis Dombrovskis, en el Wake Up, Spain!, el foro económico de EL ESPAÑOL, Invertia y D+I.

La vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha prometido al Ejecutivo comunitario que la reforma laboral estará aprobada antes de que acabe el año. De ello dependerá el desembolso del siguiente tramo de fondos. El Ejecutivo comunitario también ve urgente mejorar la coordinación entre Gobierno central y comunidades autónomas, así como acabar con la fragmentación regulatoria que dificulta a las empresas operar en todo el territorio nacional.

Próximos pasos

El plan de recuperación español lleva negociándose desde el pasado otoño por el Gobierno de Sánchez con la Comisión de Ursula von der Leyen. El hecho de que pueda por fin enviarse oficialmente a Bruselas significaa que ha pasado un primer filtro. A partir de ahora, el Ejecutivo comunitario dispone de un plazo de dos meses para ponerle nota, un periodo durante el que todavía puede exigir más cambios a España. Calviño ha pedido acelerar los plazos, pero Von der Leyen lo descarta.

La Comisión debe puntuar el plan de Sánchez a partir de 11 criterios de evaluación diferentes. Entre ellos, el compromiso en materia de reformas, la contribución del plan a la transición verde (a la que debe destinarse como mínimo el 37% de las ayudas) y digital (20%) o la existencia de controles sólidos para prevenir casos de corrupción y fraude en el uso de fondos europeos. 

En cada criterio, Bruselas pondrá una nota: A (sobresaliente), B (aprobado) o C (suspenso). Para recibir luz verde de la UE, el plan español debe lograr al menos siete A (y ninguna C). Una vez recibida la evaluación de Bruselas, el Ecofin dispondrá de un mes adicional para decidir (por mayoría cualificada) si aprueba el plan de Sánchez o lo rechaza. El primer ministro portugués, António Costa, cuyo país ocupa la presidencia de turno de la UE, espera que eso se produzca ya en la reunión del 18 de junio. La Comisión considera este escenario demasiado optimista y apunta a julio.

No obstante, la aprobación del plan de Sánchez no es el único requisito para que los fondos de la UE empiecen a fluir a España. Se necesita además que los Veintisiete Estados miembros ratifiquen la norma que permite a Bruselas emitir deuda común en los mercados para financiar las ayudas.

A día de hoy, quedan ocho países pendientes, entre ellos algunos de los frugales que siempre se opusieron a este rescate, como Holanda, Austria o Finlandia. Pero también Hungría o Polonia, que no quieren que los fondos se condicionen al respeto del Estado de derecho. Bruselas espera que el proceso se complete para final de mayo, pero nadie descarta nuevos retrasos.

Además de España, han enviado ya sus planes de recuperación a Bruselas Portugal, Alemania, Grecia, Francia, Eslovaquia, Letonia, Dinamarca y Luxemburgo. En las próximas horas se espera que lo hagan también Italia y Bélgica. Este 30 de abril vencía en teoría el plazo para completar todos los planes. Pero el Ejecutivo comunitario ha dejado claro que prefiere que los Gobiernos se tomen más tiempo para enviar propuestas de calidad y que puedan aprobarse rápidamente.