El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene previsto aprovechar la cumbre social que comienza este viernes en Oporto para exponer su compromiso de hacer reformas y aprovechar las ayudas a la recuperación de la UE con el objetivo de que España deje de ser líder en paro. Sánchez pedirá al resto de jefes de Estado y de Gobierno impulsar nuevas iniciativas sociales en Bruselas con el fin amortiguar el impacto de la crisis de la Covid-19, como un subsidio europeo por desempleo permanente.

Se trata de la primera vez que los jefes de Estado y de Gobierno se reúnen fuera de Bruselas desde el estallido de la Covid-19, aunque algunos de ellos han decidido no viajar y conectarse a distancia para dar ejemplo: la canciller alemana, Angela Merkel; el primer ministro holandés, Mark Rutte; y el maltés Robert Abela. 

La reunión de Oporto pretende dar continuidad a la anterior cumbre social que se celebró en la ciudad sueca de Gotemburgo en noviembre de 2017. Allí, los líderes europeos, la Comisión y la Eurocámara proclamaron el denominado "pilar europeo de derechos sociales" como contrapunto a las políticas de austeridad propugnadas desde Bruselas tras la crisis del euro.

Sin embargo, las políticas sociales son especialmente controvertidas de la UE, sobre todo porque se trata de una competencia nacional. Por ejemplo, la directiva para aumentar la presencia de mujeres en los consejos de administración de las empresas lleva ocho años bloqueada. La Comisión de Ursula von der Leyen ha propuesto crear un salario mínimo europeo y una norma de transparencia salarial para acabar con la brecha de género. Pero las negociaciones entre Gobiernos y la Eurocámara en ambos expedientes son "muy difíciles", explican fuentes europeas.

Pese a estos obstáculos, el primer ministro portugués, el socialista António Costa, que ocupa la presidencia de turno de la UE, intenta dar un nuevo impulso a las políticas sociales europeas. Un empeño para el que ha contado con el apoyo de Sánchez, que ha presentado hasta dos contribuciones a la cumbre de Oporto: una en solitario y otra firmada conjuntamente con Bélgica.

La primera jornada de la reunión se ha programado como una especie de conferencia de alto nivel abierta al público (eso sí, de forma virtual), en la que además de los jefes de Estado y de Gobierno de la UE participan representantes de los interlocutores sociales. Habrá tres mesas redondas: empleo, formación y bienestar social.

Sánchez participa en el primero de estos paneles, el dedicado precisamente al empleo. Allí admitirá la "lacra estructural" que tiene España de ser uno de los países con más paro de la UE. También reafirmará su compromiso de avanzar hacia un "mercado de trabajo dinámico e inclusivo".

"Ahora es el momento por fin de luchar contra ese desempleo, aprovechando los planes de recuperación para transformar la economía", explican fuentes gubernamentales. 

A cambio de los 140.000 millones de ayudas de la UE, Bruselas reclama al Gobierno de Sánchez que dé máxima prioridad a una reforma laboral "integral y ambiciosa". España tiene ahora mismo la segunda mayor tasa de paro de la UE (15,3%, el doble que la media de la eurozona) y es líder también en desempleo juvenil (37,7%) y en tasa de contratos temporales. Unas cifras que preocupan y mucho en Bruselas.

La vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se ha comprometido ante la Comisión a que la reforma laboral esté aprobada antes de fin de año. Una promesa muy importante porque de su cumplimiento dependerá el desembolso de las ayudas de la UE a la recuperación. Es decir, si para el 31 de diciembre no se ha completado el proceso, Bruselas podría congelar un tramo de fondos. 

"Las consecuencias sociales y en materia de empleo de la pandemia de la Covid-19 han subrayado la necesidad de abordar los problemas estructurales y avanzar todavía más hacia una Europa social", sostiene la contribución de España a la cumbre de Oporto.

"Junto con el Pacto Verde y la Estrategia Digital, es necesario reafirmar la existencia de un tercer pilar para la recuperación y transformación de la UE, el pilar europeo de Derechos Sociales", reclama Sánchez.

Entre las propuestas sociales que promueve España en la UE, la más destacada es la creación de un "mecanismo europeo de reaseguro de paro, como instrumento permanente de estabilización para la economía y apoyo al empleo". Se trataría de consolidar el fondo Sure que Bruselas puso en marcha al principio de la pandemia para financiar los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y del que España tiene adjudicados 21.300 millones de euros. El club de países 'frugales' se opone y la Comisión no lo tiene en su programa más inmediato.

Sánchez reclama además que se tenga en cuenta la dimensión social en la reforma del Pacto de Estabilidad, cuya aplicación está suspendida desde el estallido de la Covid.

"Las inversiones en bienestar, educación, formación y sistemas de protección social aumentan la resiliencia social y crean un fundamento más sólido para un crecimiento fuerte e inclusivo, capaz de afrontar los desafíos medioambientales, digitales y demográficos", sostiene el documento español.

En contraste con la ambición de España o Portugal, la contribución de Von der Leyen a la cumbre de Oporto se limita a crear un conjunto de indicadores para medir los avances sociales. El plan de acción de Bruselas establece tres objetivos principales para todos los países de la UE que deben alcanzarse de aquí a 2030.

En primer lugar, al menos el 78% de las personas de entre 20 y 64 años debe tener trabajo. Además, al menos del 60% de los adultos debe participar en actividades de formación cada año. Finalmente, el número de personas en riesgo de pobreza o exclusión social debe reducirse en al menos 15 millones.

Vacunas y patentes

Durante la cita en Oporto, Sánchez también planteará medidas concretas para poner en marcha la liberación de patentes de vacunas contra la Covid. De hecho, ha enviado a los países participantes un documentos con sus propuestas. 

Para el Gobierno de España, la suspensión temporal de las patentes de las vacunas desarrolladas contra el coronavirus planteada por la administración Biden "marca el camino" aunque ha avisado de que "la exención sola no es suficiente para garantizar el acceso a los países en desarrollo".

Se trata de un planteamiento que hace tiempo que defiende el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Según ha informado Moncloa, la suspensión temporal "puede llevar algún tiempo aprobarla y, entre tanto, se requiere que las farmacéuticas sean flexibles acelerando la concesión de licencias voluntarias".