Pese a su carácter estratégico, la falta de transparencia y el secretismo siguen marcando las negociaciones entre el Gobierno de Pedro Sánchez y la Comisión Europea sobre el plan de inversión y reformas que ha presentado España como contrapartida a los 70.000 millones de euros de ayudas de la UE a la reconstrucción pospandemia. El Ejecutivo comunitario ha enviado una carta a las autoridades españolas reclamando aclaraciones sobre el plan de reconstrucción, pero ni en Bruselas ni en Madrid quieren desvelar el contenido de la misiva. 

El Gobierno de Sánchez remitió a Bruselas la versión definitiva del plan el pasado 30 de abril. A partir de ese momento, el Ejecutivo comunitario dispone de un plazo de dos meses para evaluarlo, del cual se ha consumido ya prácticamente la mitad. Durante el examen, el equipo de Ursula von der Leyen todavía puede exigir cambios a España en las reformas o en las inversiones antes de dar su veredicto final.

"Durante todo el periodo de evaluación, la Comisión está en contacto constante con todos los Estados miembros, incluido España, sobre los contenidos de sus planes de recuperación y resiliencia. Estos intercambios son una parte completamente normal y esperada del procedimiento de evaluación. El objetivo es aclarar cualquier posible cuestión abierta, por ejemplo, solicitando información adicional", explica un portavoz del Ejecutivo comunitario.  

Sin embargo, la Comisión se niega incluso a desvelar quién firma la carta, a quién va dirigida, sobre qué cuestiones versa y si está pidiendo algún cambio en el plan español. "Mientras realizamos nuestro examen de los planes que hemos recibido, no podremos comentar sobre medidas concretas, ni proporcionar una evaluación preliminar", se justifica el portavoz. 

"No vamos a proporcionar un comentario continuo sobre los diversos contactos durante el período de evaluación ni sobre su contenido", insiste.

Por su parte, en el ministerio de Economía confirman que han recibido la carta y aseguran que una misiva similar se ha enviado también al resto de países que han presentado ya sus planes de reformas. Pero tampoco aclararan qué información pide en concreto Bruselas ni qué cambios reclaman en el plan español. "No hay temas de fondo, sino que son cuestiones técnicas", aseguran las fuentes consultadas.

"Son temas técnicos relacionados con algunos de los miles de datos que se dan en el plan", prosiguen las fuentes. "En algunos casos de lo que estamos hablando no es de cambios, sino que son aclaraciones también. Es una interacción habitual como la que hemos tenido durante meses y ahora serían los últimos flecos para aclarar algunos aspectos más técnicos que no afectan a los elementos de sustancia del plan", zanjan sin dar ningún detalle más. 

El Ejecutivo comunitario ha anunciado que la evaluación de los primeros planes, entre los que se encontraría el de España, se publicará durante la segunda mitad de junio. El formato será una decisión de aplicación que incluirá el calendario de reformas y los objetivos a los que se compromete cada Estado miembro, así como un documento de trabajo explicando el diagnóstico de Bruselas sobre el plan.

La decisión final sobre si el plan se aprueba o no corresponderá al Ecofin, que dispone de un plazo extra de un mes para pronunciarse. La presidencia portuguesa de la UE quiere que los primeros planes se debatan ya en el Ecofin del 18 de junio, pero el Ejecutivo comunitario considera que se trata de un calendario demasiado ajustado.