La Eurocámara reclama más poder en el examen de los planes nacionales de reformas que los Gobiernos de los 27 deben enviar a Bruselas a cambio de las ayudas del fondo Next Generation. Los parlamentarios alegan que la aprobación de estos planes no puede ser el resultado de una negociación secreta entre altos funcionarios de la Comisión y los Estados miembros, sino que deben someterse al escrutino democrático de la única institución de la UE elegida por sufragio directo. 

Italia (191.500 millones de euros) y España (70.000 millones) son los dos Estados miembros que han solicitado más ayudas para amortiguar el impacto de la crisis de la Covid-19. Sus respectivos planes de recuperación son por ello los que están siendo examinados con más atención en Bruselas. 

Las exigencias del Parlamento Europeo aparecen recogidas negro sobre blanco en una resolución que aprobará el pleno el próximo jueves y a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL. En particular, los eurodiputados piden al Ejecutivo comunitario de Ursula von der Leyen que les remita su evaluación preliminar sobre cada uno de los planes nacionales, así como del grado de cumplimiento de las reformas antes de cada desembolso.

La Eurocámara pretende así tener margen de maniobra para solicitar cambios o ajustes antes de que los planes se aprueben definitivamente en el colegio de comisarios, o antes de que se realicen los pagos. "Si alguien quiere pedir ayuda, debe estar dispuesto a poner en marcha reformas", sostiene el presidente del grupo popular europeo, el alemán Manfred Weber, estrecho aliado de la canciller Angela Merkel y promotor de este pulso de la Eurocámara contra la Comisión.

El Parlamento quiere además que la Comisión le proporcione un resumen de las inversiones y las reformas de cada plan en un formato comparable y fácilmente comprensible, así como la traducción de todos los documentos. El Ejecutivo comunitario debe informar puntualmente a los eurodiputados de los plazos y el calendario que maneja para dar luz verde a los planes. 

"Compartir la evaluación preliminar de los planes no prejuzga el resultado del procedimiento (...) ya que la mayoría de los planes nacionales de recuperación y resiliencia se encuentran, en el momento de su presentación, en un estado muy avanzado de madurez y es muy probable que se aprueben", alega la Eurocámara. 

Austeridad por la puerta de atrás

La resolución ha sido firmada por todos los grupos políticos de la Eurocámara, salvo la ultraderecha de Independencia y Democracia, donde milita la Reagrupación Nacional de Marine Le Pen, La Liga de Matteo Salvini y también Alternativa por Alemania. 

Sin embargo, durante el debate celebrado este martes, la líder del grupo socialista en la Eurocámara, Iratxe García, (muy cercana al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez) ha expresado muchos recelos sobre esta iniciativa. Teme que los eurodiputados de los 'países frugales' la aprovechen para retrasar todavía más la llegada de los fondos o para tratar de imponer medidas de austeridad a Italia y España. 

"No querría pensar que algunos en esta Cámara estén utilizando este debate para incorporar criterios de macrocondicionalidad y austeridad por la puerta de atrás", ha señalado García. "Este es un fondo de emergencia porque la situación es de emergencia (...) Nadie entendería que nos enzarzáramos en una disputa entre las instituciones que retrasara el proceso. Eso sólo puede alimentar el euroescepticismo y la desafección", insiste la líder socialista. 

En el debate han participado por parte del Ejecutivo comunitario el vicepresidente Valdis Dombrovskis y el comisario Paolo Gentiloni. Ambos se han comprometido a garantizar la máxima transparencia e información a la Eurocámara durante todo el procedimiento de examen de los planes nacionales. Sin embargo, rechazan la principal reivindicación de los parlamentarios: presentarles una evaluación preliminar.

"El reglamento pactado entre el Parlamento y el Consejo no prevé una evaluación preliminar", ha dicho Gentiloni. El Ejecutivo comunitario sólo informará a la Eurocámara cuando haya alcanzado una decisión final, para lo que cuenta con un plazo de dos meses. La presidencia portuguesa de la UE todavía ve posible aprobar los primeros planes en el Ecofin del 18 de junio.