Aunque las medidas que contendrá la reforma fiscal no se conocerán hasta 2022 y no se comenzarán a aplicar hasta 2023, el Ministerio de Hacienda quiere que las comunidades autónomas se 'mojen' en esta iniciativa. El departamento de María Jesús Montero ha pedido a las regiones que aporten sus propuestas en campos tributarios concretos, entre ellos la armonización impositiva que ha anunciado una y otra vez el Gobierno. Una estrategia que, según fuentes autonómicas, persigue cercar Madrid y los tipos fiscales bajos que aplica en sus impuestos autonómicos, particularmente en Patrimonio, que está bonificado al 100%. 

Según ha podido saber Invertia, a las regiones se les ha pedido que den su valoración sobre cuestiones como la imposición societaria, la tributación de la economía digitalizada y la fiscalidad de las actividades económicas emergentes. Pero también sobre la fiscalidad ambiental y la "aplicación y concreción de la armonización de la tributación patrimonial".

Fuentes autonómicas denuncian que lo que el departamento persigue es que las regiones se posicionen respecto a la política que aplica particularmente Madrid respecto a los tributos sobre el patrimonio.

Cabe recordar que particularmente el Impuesto de Patrimonio, que el Gobierno ha llegado a plantear como una fórmula para aumentar la tributación de las rentas altas, tiene una amplia variabilidad en las regiones, pero la única en la que no se paga el más mínimo porcentaje es Madrid.

Dicha variabilidad, por cierto, se extiende al resto de impuestos autonómicos relacionados con el patrimonio. Tanto el impuesto de transmisiones patrimoniales (ITP) como el de actos jurídicos documentados (AJD) varían de una forma importante entre autonomías.

Eso sí, Madrid se encuentra, en ambos casos, entre las regiones que menos cobran por estos tributos junto a Canarias y los territorios forales. Y no es casualidad que Hacienda quiera que las regiones se tengan que 'mojar' en esto.

En varias ocasiones la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha afirmado que las propias autonomías del PP han denunciado el 'paraíso fiscal' madrileño.

De hecho, en abril la también ministra portavoz reveló que gobiernos regionales 'populares', como los de Andalucía y Galicia, le han pedido armonización fiscal. "Y cuando yo era consejera de Hacienda promoví un documento en ese sentido que votó el PP a favor". Porque, sostuvo, para Andalucía es esencial. "Es una región que tiene que ejercer cinco veces la presión fiscal de Madrid para obtener la misma recaudación".

Y eso, dijo, no tiene ningún sentido: "Si el sistema fiscal es progresivo debe cumplir esa condición, no puede ser que las comunidades autónomas tengan mejor tratamiento fiscal por tener sedes de grandes empresas en Madrid cuando el consumo se produce en el resto de España".

Hacienda ha pedido a las autonomías que hagan llegar sus sugerencias antes del 15 de julio, con el fin de entregarlas al grupo de expertos que se ha formado para dar forma al Libro Blanco que recogerá la reforma fiscal que se presentará en febrero de 2022. 

En dicha reforma fiscal se abordarán importantes cambios para al sistema tributario de España. Entre otras cuestiones, se abordará el futuro de los beneficios fiscales (como los IVA reducidos o determinados tipos de deducciones), de la tributación de los combustibles y la armonización fiscal que tanto ha puesto sobre la mesa el Ejecutivo, que abordará además otros tributos autonómicos como Sucesiones y Donaciones. 

Cónclave fiscal

Pero antes suenan tambores de cónclave fiscal. Según las fuentes mencionadas, se están empezando a lanzar mensajes a las comunidades autónomas sobre la celebración en próximas semanas de un Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Una cita para la que todavía no está claro su contenido, aunque es posible que se aborde la marcha de unos Presupuestos Generales del Estado de 2022 que ya se han empezado a elaborar y, por tanto, las correspondientes entregas a cuenta para las regiones.

La cita se prevé tensa. Las regiones han mostrado su disconformidad, en varias ocasiones, con el papel que se les está concediendo en cuestiones como las ayudas directas a empresas o la gestión de los fondos europeos. Además, la Conferencia Sectorial del Plan de Recuperación, que conforma Hacienda con las autonomías y las administraciones locales, solo se ha reunido dos veces desde su constitución, que se produjo en enero. Este órgano debe supervisar el reparto de las partidas. 

Por otro lado, va a ser el primer Consejo de Política Fiscal y Financiera tras las sentencias del Tribunal Supremo que obligan al Estado a liquidar 'todo' IVA recaudado en 2017 a Galicia y Castilla y León y que no se pagó por un cambio en el sistema contable. Se trata de unos dictámenes que podrían hacerse extensivos al resto de regiones y se trata de un asunto que, a buen seguro, se sacará en la cita.