Ahora mismo hay una alta probabilidad de que esta cifra se reduzca a los 9.000 millones de anticipo que ya se pagaron en agosto. El segundo tramo de 10.000 millones, que en principio tendría que llegar en diciembre, corre el riesgo de retrasarse hasta 2022 por la lentitud del Ejecutivo en completar todas las reformas y trámites exigidos. 

En teoría, este segundo tramo es el más fácil de todos. Para recibir los 10.000 millones, el Gobierno de Sánchez se comprometió a llevar a cabo un total de 50 hitos. El truco es que la mayoría de las reformas exigidas a cambio esta entrega ya se había completado incluso antes de aprobarse el Plan de Recuperación: el reglamento de Next Generation permite incluir todas las medidas adoptadas desde febrero de 2020.

De hecho, entre los hitos exigidos por Bruselas se encuentran el Ingreso Mínimo Vital (IMV), el impuesto sobre los servicios digitales, la tasa a las transacciones financieras, la ley de Cambio Climático y Transición Energética, la Ley Orgánica de Educación o la norma para reducir el empleo temporal en las Administraciones Públicas (el decreto de interinos).

La Comisión Europea esperaba que el Gobierno de Sánchez completara todas estas reformas y solicitara el segundo tramo de 10.000 millones a lo largo del mes de septiembre. España debía ser el primer país en hacerlo. "Esperamos peticiones en septiembre de España, en octubre de Grecia, en noviembre de Francia y en diciembre de Dinamarca, Italia y Eslovaquia, de acuerdo con el calendario actual", dijo el vicepresidente económico, Valdis Dombrovskis, en la Eurocámara.

"En estos días procederemos a hacer la solicitud", aseguró la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, durante la reunión del Eurogrupo celebrada el pasado 4 de octubre en Luxemburgo. Calviño explicaba entonces que Hacienda estaba pendiente de publicar "las órdenes sobre la normativa aplicable a las distintas inversiones del plan y poniendo en marcha el sistema de control financiero e información".

Han transcurrido tres semanas desde entonces y el Gobierno de Sánchez todavía no ha enviado a Bruselas la petición de desembolso de los 10.000 millones de euros, y tampoco hay una fecha concreta para que lo haga. ¿Cuál es el problema? No está claro. Desde el Ministerio de Economía aseguran a EL ESPAÑOL-Invertia que "España ha cumplido ya los hitos y objetivos para poder acceder a la solicitud de pago correspondiente".

"Estamos avanzando a buen ritmo y en colaboración con la Comisión con el fin de poder hacer la solicitud de pago formal cuanto antes", añaden las fuentes consultadas. Desde el Ejecutivo comunitario confirman a este periódico que no han recibido ninguna petición de pago, pero declinan explicar los motivos.

Llegue cuando llegue la solicitud, el problema es que ya se han superado los plazos legales para que el desembolso pueda producirse en diciembre. El reglamento establece que, una vez recibida la petición, Bruselas dispone de dos meses para evaluar si efectivamente se han cumplido las reformas comprometidas y en los parámetros pactados con la UE. Después, el Comité Económico y Financiero, un órgano que reúne a representantes de los Gobiernos de los 27, tiene otro mes extra para realizar objeciones antes de la aprobación final del pago.

Es decir, si se respetan estos plazos, el segundo tramo de 10.000 millones llegaría a España como muy pronto a finales de enero de 2022. "Dos meses es el plazo máximo que tiene la Comisión para su evaluación, pero es muy probable que se pueda aprobar antes", replican desde el Ministerio de Economía. Durante la negociación del reglamento, España presionó hasta el final para acortar estos plazos, pero acabó derrotada.

En el Ejecutivo comunitario no se pronuncian sobre la posibilidad de acelerar su evaluación. Sin embargo, la Comisión ha defendido en el pasado que su obligación es realizar un examen estricto y minucioso. Cualquier atajo podría generar desconfianza en el resto de Estados miembro, por ejemplo entre los países frugales. En esta fase, Holanda, Austria o Suecia ya pueden activar el "freno de emergencia" y paralizar las ayudas a España si tienen dudas sobre las reformas.

Lo más preocupante es el precedente pésimo que sienta un retraso en el tramo más fácil para el resto de desembolsos, que dependen de reformas mucho más complejas, como la laboral -que en teoría debe aprobarse antes de fin de año pero ya ha desatado una guerra en el Gobierno de coalición-, la de las pensiones o la revisión del sistema tributario.

Según el plan de recuperación español, los 70.000 millones de subvenciones de Next Generation se han dividido en un total de 9 tramos de aquí a 2026, a razón de dos pagos por año. Cualquier incumplimiento de las reformas comprometidas se traducirá en la suspensión parcial o total de los fondos.

Una problemática que abordará a buen seguro el comisario de Asuntos Económicos, Paolo Gentiloni, durante la visita a Madrid que emprende el próximo lunes. Gentiloni se verá con Pedro Sánchez y Nadia Calviño; pero también con la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz; con el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá; y con el presidente del ICO, Carlos García de Quevedo. El martes, Gentiloni comparecerá ante la comisión mixta para la Unión Europea.