La fórmula que maneja ahora mismo el Congreso para la regularización de interinos en el sector público presenta múltiples dudas legales y se presta a multitud de interpretaciones. Sin embargo, y a pesar de lo que pueda parecer su redacción, el Ministerio de Hacienda y Función Pública asegura que cubre a todos los trabajadores de las Administraciones Públicas, incluyendo a los de la enseñanza, a los sanitarios y al personal laboral.
En un primer momento, el texto pactado en el Congreso por PSOE, Unidas Podemos, ERC y PNV daba a entender que estos colectivos quedarían fuera del amparo de la norma, según fuentes legales. Concretamente, de que los funcionarios interinos puedan 'quedarse' con su plaza con solo un concurso de méritos, sin tener que pasar por oposición, si la llevan cubriendo de forma ininterrumpida desde antes de 2016.
Sin embargo, fuentes de Hacienda y Función Pública aseguran que la norma se aplicará a todos los trabajadores públicos interinos sin excepción. Es decir, también a los sanitarios, a los profesores (y otros profesionales de la enseñanza) y al personal laboral.
Con todo, admiten que en el caso de los de sanidad y enseñanza la medida se aplicará un año más tarde con su propia normativa, que es el plazo que se establece para adaptarla en el texto que han negociado los partidos. En cualquier caso, el proyecto de ley de los interinos todavía no está cerrado, así que podría sufrir más cambios.
A pesar de estas aclaraciones, fuentes del sector público admiten las dudas que ofrece el texto en la aplicación final que se pueda hacer en estos colectivos, más allá de la incertidumbre legal que ya han reconocido los sindicatos al respecto.
Hay muchas dudas sobre cómo se hará. Colectivos como los de la enseñanza renuevan sus contratos año a año, por lo que no cumplirían el criterio de ocupar un puesto de forma ininterrumpida durante más de cinco años, por ejemplo.
Encaje constitucional
Como ya contó EL ESPAÑOL-Invertia, entre dichas inquietudes está el encaje constitucional de la norma, dado que permitirá que determinados interinos accedan a sus plazas solo por concurso, sin tener que hacer una prueba de oposición. Esto supondría ir en contra de los principios de la Carta Magna en Función Pública.
Además, la litigiosidad de los propios interinos se va a multiplicar. Cabe recordar que los tribunales tanto europeos como españoles dictan que el límite para los contratos temporales en el sector público está en los tres años.
Precisamente, con esta reclamación por bandera, representantes de sindicatos y plataformas de trabajadores interinos de las Administraciones Públicas se concentraron este martes ante la sede del Parlamento Europeo, en Bruselas, según Europa Press.
Estos colectivos denuncian que el proyecto de ley de medidas urgentes para reducir la
temporalidad en el empleo público sigue sin cumplir con las sentencias europeas y sin transponer la directiva. Reclaman la fijeza para todos los trabajadores públicos con más de tres años en su plaza.
"La única propuesta hasta ahora ha sido convocar oposiciones, un sistema que ni compensa a las víctimas del abuso ni sanciona a los responsables, y que además puede dejar en el paro y sin indemnización a miles de afectados (800.000 en toda España)", exponen.