De la completa radiografía que ha realizado Bruselas sobre el estado de salud de la economía española, el alto nivel de deuda pública y también privada emerge como el principal riesgo que amenaza la recuperación. La Comisión Europea ha publicado este miércoles tres informes sobre España: la opinión sobre los presupuestos de 2022, el informe semestral sobre el rescate bancario de 2012 y un estudio sobre los desequilibrios económicos. En los tres, la deuda se destaca como el problema más grave, porque hace a la economía vulnerable a las próximas subidas de tipos o a las turbulencias en los mercados.

España ya partía de un elevado nivel de deuda pública antes de la pandemia, muy por encima de los límites admisibles para la Comisión. En 2017, estaba en el 98,6% del PIB, en 2018 en el 97,6% y en 2019 en el 95,5%. 

Sin embargo, las medidas adoptadas por el Gobierno de Pedro Sánchez para amortiguar la crisis de la Covid, sumadas al desplome sin precedentes de la economía, han pulverizado los récords.

Nuesto país es el segundo de la UE (sólo superado por Grecia) que ha registrado un mayor aumento de la deuda entre 2019 y 2020. Un total de 24,5 puntos porcentuales, hasta situarse en el 120% del PIB. Este año se estabilizará en el 120,6% y luego bajará ligeramente al 118,2% en 2022 y el 116,9% en 2023.

El resultado es que las necesidades de financiación bruta -es decir, el dinero que el Estado debe captar de los mercados- se dispararon hasta el 30% del PIB el año pasado, una cifra sólo igualada por Italia. Aunque empezarán a bajar en 2021, Bruselas calcula que las necesidades de financiación todavía superarán el 20% del PIB en 2022 (un problema que también tienen Francia e Italia).

Diagnóstico "atinado"

Desde la oposición política al Gobierno de coalición comparten este punto de vista. Mario Garcés, portavoz económico del PP en el Congreso, considera que el diagnóstico de de Bruselas es "atinado" y "debería hacer repensar al Gobierno los objetivos de política fiscal a medio y largo plazo".

"Constata los graves desequilibrios que existían antes de la crisis sanitaria y de la escasez de márgenes presupuestarios para atender con solvencia los retos económicos de nuestro país. En segundo lugar, insiste en la necesidad de que se apruebe y materialice un plan de consolidación fiscal plurianual que asegure, tanto por el lado de los ingresos como por el lado de los gastos, la sostenibilidad de nuestras cuentas públicas, habida cuenta de nuestros graves desequilibrios presupuestarios y financieros", añade el 'popular'. 

"Y, por último, se apela a la necesidad de un análisis de oportunidad y necesidad de las políticas públicas, en un contexto en que el Gobierno de Sánchez aspira a cronificar parte del gasto público generado durante la pandemia”, concluye Garcés. 

Por su parte, el déficit público, que marcó un máximo del 11% en 2020, se mantendrá en los próximos años por encima del umbral del 3% que exige el Pacto de Estabilidad, ahora en suspenso. Para este año, Bruselas espera un desfase presupuestario del 8,1%, que se reducirá hasta el 5,2% en 2022 -cuando ya volverán a aplicarse las reglas fiscales- gracias a la recuperación económica y al aumento de ingresos fiscales.

Tipos de interés

"Un aumento de los tipos de interés podría conducir a subidas en el pago de intereses, particularmente en los países con altas necesidades de financiación en el futuro", destaca el informe. El Banco Central Europeo (BCE) sostiene que no subirá tipos el año que viene, pero los mercados no le creen. Lo que sí está claro es que el programa de compra de deuda pública, que ha permitido mantener bajo control la prima de riesgo de España, empezará a reducirse el año que viene.

Además, la elevada carga del endeudamiento público y privado puede acabar lastrando las perspectivas de crecimiento a medio plazo, según avisa Bruselas. También persiste el riesgo de que se desencadene un nuevo "circulo vicioso" entre deuda pública y banca, como el de la crisis de deuda de 2012.

El otro posible problema deriva de los avales públicos que, a falta de subvenciones directas, el Gobierno de Sánchez ha desplegado para mantener el flujo de los créditos a empresas. Bruselas estima que las garantías que se han utilizado ascendían a alrededor del 8,4% del PIB a finales de septiembre de 2021, que de momento no tienen un impacto presupuestario directo. Pero si las empresas no pueden devolver el dinero y se ejecutan estos avales, eso dispararía todavía más el nivel de deuda.

El Ejecutivo comunitario también alerta contra cualquier tentación de convertir en permanente el fondo Covid para las comunidades autónomas, como reclaman algunos Gobiernos regionales, porque eso supondría otra amenaza para la sostenibilidad de las cuentas públicas. "Algunas medidas de aumento del gasto público, como las transferencias a las comunidades autónomas y administraciones locales, han generado expectativas de que podrían convertirse en estructurales, lo que impactaría en el déficit público de forma permanente", señala Bruselas.

Política presupuestaria prudente

Para conjurar todas estas amenazas, el Ejecutivo comunitario exige a Sánchez una política presupuestaria "prudente" que permita garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas a medio plazo. Frente a la retórica del escudo social que utiliza el Gobierno de PSOE y Podemos, el examen de Bruselas muestra que España será el año que viene (junto con Eslovaquia) el único país de la UE con una política fiscal contractiva, debido al fuerte recorte de las medidas de emergencia desplegadas durante la crisis, en particular los ERTEs.

Según las cifras de la Comisión, las ayudas temporales relacionadas con la Covid-19 pasarán del 2,4% del PIB en 2020 al 0,9% en 2021 y al 0,2% en 2022.

El desplome del gasto corriente se compensa (aunque sólo en parte) con el uso de los fondos europeos Next Generation, que no cuentan para la deuda, para sostener la inversión. Nuestro país es el que financiará más gasto público con las subvenciones comunitarias en 2021 y 2022, hasta el 3% del PIB, según los cálculos de Bruselas. Además, el Gobierno de Sánchez también preservará la inversión financiada con fondos nacionales, tal y como le había recomendado el Ecofin.

La deuda privada de empresas y hogares seguía una senda descendente hasta 2019, pero la pandemia ha provocado que se dispare de nuevo hasta el 146% del PIB en 2020, por encima del umbral de alerta de desequilibrios económicos. Bruselas todavía espera que el endeudamiento privado empiece a bajar este mismo año gracias a la recuperación, pero avisa de "crecientes vulnerabilidades en el sector empresarial relacionadas con la pandemia".

La otra gran lacra que amenaza la recuperación en España es la alta tasa de paro, que tras reducirse durante varios años volvió a subir en 2020 hasta el 15,5%. Nuestro país es líder de la Unión Europea en desempleo, ya que el paro apenas bajará al 15,3% de media este año y al 14,5% en 2023, el doble que el promedio de la UE. "Además, la segmentación del mercado laboral sigue siendo motivo de preocupación", dice el informe. Es decir, la alta tasa de precariedad que Bruselas espera que se corrija con la reforma laboral que Sánchez se ha comprometido a aprobar antes de fin de año.

En su dictamen sobre los presupuestos para 2022, el Ejecutivo comunitario insiste en que el Gobierno español todavía tiene margen para recortar el gasto corriente, en particular si se confirma la fuerza de la recuperación y no hay más impactos de la pandemia. "Se invita a España a revisar de forma regular el uso, la eficacia y la adecuación de las medidas de apoyo y a estar preparada para adaptarlas como sea necesario a las circunstancias cambiantes", señala la opinión de Bruselas.