Con unos días de retraso, el Ministerio de Hacienda ha dado conocer su propuesta de financiación autonómica que será por población ajustada. O más bien, el esqueleto previsto para el mismo. Se trata de un informe de 250 páginas repleto de información y diferentes opciones que el Gobierno quiere ahora negociar con las comunidades autónomas, cuyas valoraciones han sido muy diferentes.
El nuevo modelo de financiación autonómica atiende así a una de las reclamaciones de la Generalitat Valenciana, pero también tendrá en cuenta las exigencias de la España Vaciada. El documento precisa que existe "la intención de reforzar la consideración de las singularidades de aquellas comunidades autónomas que, de una forma más directa, se enfrentan al reto demográfico".
En cambio, este texto desecha la posibilidad de dar dichos apoyos 'extra' a las regiones por tener áreas densamente pobladas o grandes ciudades. Es decir, el efecto conocido como 'capitalidad'.
"Algunas comunidades señalan como problemas ocasionados por la capitalidad, la necesidad de reforzar los medios de transporte urbano (metros, metros ligeros, autobuses, etcétera) y de atender a desplazados, especialmente en sanidad", admite el informe.
Pero, al mismo tiempo, también razona por qué estos aspectos no pueden entrar en la financiación autonómica. "Cabe decir que lo relevante a la atención sanitaria a los desplazados debe resolverse en el contexto del Fondo de Cohesión Sanitaria y Fondo de Garantía Asistencial", aclara.
En cuanto al transporte, el informe recuerda que "dicho problema de financiación del transporte en muchas ocasiones se cofinancia por la Administración General del Estado a través de subvenciones que se otorgan a las grandes ciudades. Del mismo modo, las entidades locales, ayuntamientos, corporaciones metropolitanas, etcétera, contribuyen de manera importante a su financiación".
Además, los autores del informe (un grupo de trabajo del Ministerio) añaden, además, que "no puede desconocerse que, junto a estos costes, aparecen una serie de ventajas, tales como una más eficiente prestación de los servicios públicos vinculada, fundamentalmente, a una baja dispersión de la población".
De vuelta a la España Vaciada, el documento reconoce el problema que genera atender los servicios públicos de las áreas con baja densidad poblacional. Sin embargo, no concreta ninguna fórmula para medir las áreas más afectadas, algo que deja para la negociación autonómica.
Sin embargo, lo que sí parece concluir son las regiones más afectadas por este fenómeno: Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura y Aragón. Una de las mediciones que aplica el informe, son los habitantes por kilómetro cuadrado. Si la media nacional (en las autonomías de régimen común) es de 89 personas por kilómetro cuadrado, las de las regiones mencionadas son bajísimas: 25, 25, 26 y 27, respectivamente.
Por provincias cambia el orden, pero no las regiones protagonistas. Las provincias más despobladas del país son Soria (8 habitantes por kilómetro cuadrado), Teruel (9) y Cuenca (11). Y en el top 10 no hay ninguna autonomía que no pertenezca a las Comunidades Autónomas mencionadas.
Los factores no poblacionales (como la propia despoblación, la dispersión de la población o la insularidad) pasan de una ponderación del 3% en el sistema actual, a una horquilla entre el 3 y el 4%.
Nuevos conceptos
Además, el nuevo modelo de financiación autonómica, basado en población ajustada, resta valor a la población por padrón (pasaría de representar 18-22% de la valoración para los eventuales fondos, cuando a día de hoy supone un 30%). Se incrementa el valor de lo destinado a sanidad, servicios sociales y educación.
En los dos primeros aspectos, se introduce una ponderación mayor y además el envejecimiento como uno de los factores.
En el caso de la educación, se propone una apuesta de consenso. "Se podría considerar la población de padrón entre 18 y 24 años, pero añadiendo las entradas de alumnos universitarios y de formación profesional superior procedentes de otras autonomías, para tener en cuenta el trasvase que se produce de manera significativa hacia determinadas comunidades autónomas". Es decir, que se tenga en cuenta a la población flotante universitaria.
Las primeras reacciones de las comunidades autónomas al planteamiento del departamento de María Jesús Montero, que todavía se tiene que negociar, ya se han producido. Mientras que Comunidad Valenciana la ha celebrado, Andalucía la ha criticado. Pero es solo el esqueleto de una reforma de la financiación económica que, por fin, da los primeros pasos. Veremos en qué queda.
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