España es el Estado miembro de la Unión Europea con más expedientes de infracción abiertos (un total de 58) por incumplir las reglas del mercado único. Nuestro país se encuentra además entre los Estados miembros que acumulan más retrasos a la hora de incorporar las directivas comunitarias a su legislación nacional y más aplicaciones incorrectas. Los sectores más problemáticos son el medio ambiente, el transporte y la fiscalidad directa, según el informe anual publicado este lunes por la Comisión Europea.

El Ejecutivo comunitario ha reclamado a España y al resto de Estados miembros una "mejor aplicación sobre el terreno de las normas del mercado único". "Estas mejoras ayudarían a las empresas y los ciudadanos de la UE a beneficiarse plenamente de sus libertades y derechos y a facilitar las transiciones ecológicas y digitales", señala Bruselas.

"Gracias al mercado único, la UE está limitando los efectos de la escasez, impulsando la innovación y diversificando las cadenas de suministro en toda Europa. Un mercado único que funcione bien, donde la innovación pueda florecer, es el mejor aliado para una economía europea resistente", ha insistido la Comisión tras conocerse los decepcionantes resultados del informe.

En estos momentos, España arrastra un déficit de transposición del 1,9% de las directivas de mercado único, cifra que representa un "enorme incremento" de 0,8 puntos porcentuales respecto al año anterior. Sólo Chipre y Luxemburgo exhiben cifras tan malas como la de nuestro país. En el extremo contrario, el déficit de transposición es del 0,1% en Portugal, del 0,3% en Francia, del 0,4% en Italia o del 0,6% en Alemania.

Lo que más preocupa a Bruselas es el cambio de tendencia en nuestro país. Desde diciembre de 2016, España había reducido de forma regular el número de directivas pendientes de incorporar a la legislación nacional, hasta situarse muy cerca del umbral del 1%. Ahora casi dobla este objetivo. De hecho, entre junio y noviembre de 2020, nuestro país apenas traspuso 8 de las 17 directivas que debían haberse completado en ese periodo.

"Esto muestra que España puede tener algunas dificultades para controlar la transposición a tiempo de directivas. La transposición es un proceso continuo y cualquier relajación puede provocar que el déficit aumente rápidamente", dice el estudio de la Comisión.

En la fecha de corte del informe (noviembre de 2020), nuestro país tenía 20 directivas pendientes de aprobar, incluyendo 5 sobre medioambiente y 4 sobre fiscalidad. Una directiva lleva ya dos años de retraso respecto al calendario exigido por Bruselas: la norma sobre estándares básicos para la protección contra los peligros derivados de la exposición a radiaciones ionizantes. La demora media de España es de 8,8 meses.

Nuestro país tiene además un déficit de conformidad (es decir, de directivas que se han trasladado a leyes nacionales de forma incorrecta) del 1,3%. "Con 13 directivas que se han transpuesto incorrectamente, España se sitúa en el grupo de Estados miembros que muestran una combinación de un alto déficit de transposición y un alto porcentaje de directivas incorporadas de forma incorrecta", denuncia el informe del Ejecutivo comunitario.

También en los expedientes de infracción por incumplir las normas sobre mercado único, nuestro país ha empeorado. "España es todavía el Estado miembro con más casos de infracción abiertos. Después de varios años con un número más bajo de expedientes, ha vuelto a la situación de mayo de 2014", se queja Bruselas.

Los sectores más problemáticos son el medio ambiente (19 casos), incluyendo 10 denuncias por casos de gestión y protección del agua; el transporte (11 casos), en particular el transporte aéreo y la seguridad en el transporte; y la fiscalidad directa. Entre los tres, suman el 64% de las anuncias abiertas.

El plazo para resolver estos expedientes también ha aumentado hasta una media de 46,2 meses, 6,3 meses más que en el informe anterior y el más largo registrado nunca en el caso de España. Alrededor de la mitad de los procedimientos abiertos contra nuestro país duran ya mucho tiempo: un expediente sobre transporte aéreo lleva abierto casi 16 años, otro sobre contaminación atmosférica no se ha resuelto en 12 años y otros 20 casos llevan entre 3 y 10 años sin solución.

Nuestro país sí es más rápido a la hora de cumplir las sentencias condenatorias del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE). Tarda de media 19,1 meses, frente a los 31,7 meses de promedio en la Unión.