Tras la cuarta ronda de diálogo celebrada esta semana en Londres, la Comisión Europea y Reino Unido han fracasado en su propósito de alcanzar, antes de fin de año, un acuerdo sobre el estatus de Gibraltar tras el Brexit. Sin embargo, las dos partes han decidido no romper la baraja. Se autoconceden una nueva prórroga para seguir negociando en 2022 con el objetivo de cerrar un compromiso antes de Semana Santa.
"Se han producido progresos en las cuatro primeras rondas y está claro que todas las partes están decididas a avanzar de forma positiva y constructiva para encontrar soluciones a las complejas cuestiones políticas y técnicas que se están tratando", ha anunciado el Gobierno de Gibraltar en un comunicado.
"El objetivo en este momento es concluir un acuerdo antes de Semana Santa. Las negociaciones se centran en garantizar la circulación fluida de personas y mercancías entre Gibraltar y la UE" y crear así "un área de mayor prosperidad compartida", concluye el comunicado.
Tanto el Gobierno de Pedro Sánchez como el de Boris Johnson han declinado hacer declaraciones, pese a que el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, se ha reunido este miércoles en Madrid con su homóloga británica, Liz Truss. Tampoco la Comsión Europea ha querido hacer ningún comentario.
España y Reino Unido alcanzaron la pasada Nochevieja un acuerdo agónico para derribar la Verja de Gibraltar una vez consumado el Brexit. El objetivo prioritario era facilitar el tránsito de los más de 10.000 trabajadores que cruzan cada día la frontera y crear un "área de prosperidad compartida". Los controles se trasladarían al puerto y el aeropuerto del Peñón. El pacto, sostienen ambas partes, no cambia en nada la disputa sobre la soberanía de Gibraltar.
Este acuerdo político entre Madrid y Londres, que en teoría era la parte más difícil, tendría que haberse traducido en un nuevo Tratado entre la Unión Europea y Reino Unido sobre el Peñón, negociado por la Comisión de Ursula von der Leyen. Un mero trámite burocrático, o al menos así se presentó, que debía durar un máximo de seis meses. Sin embargo, al final han sido las negociaciones entre Bruselas y Londres, en teoría la parte más fácil, las que han acabado encallando.
Para empezar, la aprobación por parte de la UE del mandato de negociación se retrasó 9 meses: no hubo fumata blanca hasta el 5 de octubre. Desde entonces se han celebrado cuatro rondas de diálogo sin resultados concretos.
Mientras tanto, la situación en la frontera de Gibraltar pende de un hilo. Madrid y Londres han acordado mantener de momento el statu quo anterior al Brexit y seguir facilitando al máximo el cruce diario de trabajadores, algo que en teoría no debería ser posible una vez que Reino Unido ya ha salido definitivamente de la UE y el acuerdo de Comercio y Cooperación posterior no se aplica al Peñón.
Sin acuerdo con la UE, los controles en la frontera terrestre entre Gibraltar y España tendrán que endurecerse sustancialmente.
El papel de Frontex
¿Cuál es el principal obstáculo en la negociación? En un primer momento, Londres se indignó por la propuesta inicial de Bruselas de que fuera España la responsable del control y la vigilancia de las fronteras en el puerto y el aeropuerto de Gibraltar. El Gobierno de Boris Johnson denunció que eso equivaldría a socavar la soberanía británica sobre el Peñón.
Tras las protestas de Reino Unido, los Gobiernos de la UE corrigieron el mandato negociador y especificaron que será la Agencia Europea de Fronteras y Costas (Frontex) la que hará los controles durante los 4 primeros años, tal y como habían pactado Madrid y Londres.
Sin embargo, aunque el problema más importante parece haberse resuelto, todavía persisten muchos puntos de desacuerdo entre Reino Unido y la UE. En particular, el Gobierno británico no quiere que España sea la responsable última de emitir visados de corta y larga duración y permisos de residencia válidos para Gibraltar, tal y como recoge el mandato negociador de Bruselas.
El mandato señala además que España, en cooperación con el Reino Unido, sería responsable del examen de las solicitudes de asilo presentadas en Gibraltar. Londres lo rechaza y replica que el Peñón procesa ahora las solicitudes de asilo que se presentan en su territorio de acuerdo con el derecho internacional.
Finalmente, el Gobierno de Johnson considera que las medidas en materia de cooperación policial que reclama la UE son excesivas y atentan contra la soberanía británica del Peñón. Londres se opone también a que el Peñón tenga que aplicar las leyes de la UE en materia de mercado interior y unión aduanera para facilitar la circulación de mercancías, así como cualquier intervención del Tribunal de Justicia de Luxemburgo (TJUE) en la resolución de disputas.
Reino Unido ha dicho varias veces que se prepara para todas las las posibilidades, incluido el escenario de un no acuerdo con Bruselas. "Nos mantenemos firmes en nuestro apoyo a Gibraltar y no aceptaremos nada que ponga en cuestión la soberanía del Reino Unido", sostiene el Gobierno de Johnson.
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