El Gobierno sigue presionando a la Comisión Europea para que reforme las reglas fiscales; es decir, las normas por las que los Estados deben regirse a la hora de ajustar la deuda y el déficit. Aunque ahora mismo están suspendidas, todo apunta a que en los próximos meses Bruselas volverá a incidir en la necesidad de meter en vereda las cuentas públicas. Ante esa situación, el Ejecutivo que lidera Pedro Sánchez pide un "consenso" para lograr un "marco fiscal renovado" que se adapte "a los retos actuales y futuros de la Unión Europea".
Se trata de una vieja idea en la que el equipo de Moncloa lleva trabajando meses. Incluso ha presentado alguna iniciativa de la mano de los Países Bajos. El objetivo final es que el nuevo marco fiscal garantice que se llevan a cabo inversiones públicas de alta calidad y se mejora la composición de las finanzas del Estado. En román paladino, "que la reducción de la deuda no dependa exclusivamente de la consolidación presupuestaria".
Así lo explica el Gobierno en el Plan de Estabilidad remitido a la Comisión Europea el pasado viernes y en el que insta a los responsables europeos a unir los objetivos de consolidación fiscal con aquellos "vinculados a las transiciones verde y digital". Es decir, considera España que al tratarse de reclamaciones europeas no deben computar como déficit ni como deuda.
Como el PRTR
La cosa no acaba aquí. Para España sería esencial que para desarrollar las nuevas reglas fiscales se tenga en cuenta el trabajo realizado con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Un elemento que ha demostrado cómo "se puede crear un sistema de gobernanza exitoso entre Estados miembros y la Comisión Europea" pues cada Estado puede proponer su particular hoja de ruta y así "rendir cuentas con mayor intensidad".
Una propuesta que no es mal vista por algunos de los socios y que, desde luego, a España le viene muy bien después de la pandemia y de los problemas que está provocando la guerra de Rusia. Las previsiones que el Gobierno ha remitido a la Unión Europea señalan que el déficit para este 2022 será del -5% en el conjunto de las Administraciones Públicas, mientras que la deuda alcanzará el 115% del PIB, siguiendo una senda descendente hasta situarse en 2025 en el 109,7%.
Dice el Gobierno que "el crecimiento nominal será el factor determinante en la reducción de la deuda pública con una contribución media anual de 5 puntos porcentuales entre 2023 y 2025".
Esto permitirá compensar la contribución negativa de otros determinantes, como el saldo primario o el pago por intereses, que se irá mitigando progresivamente conforme mejora la posición de las finanzas públicas.
Si se mira la previsión del déficit, se puede comprobar cómo se prevé que este curso cierre en el -5% para ir reduciéndose hasta el -2,9% cuando acabe el ejercicio 2025.
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