La subida inicial, la primera en once años, se espera ya en julio. Un encarecimiento del precio del dinero que golpeará particularmente a los países con alta deuda como España (118,4% del PIB), al disparar el gasto en intereses.

"El establecimiento de una senda de consolidación creíble puede ayudar a España a reducir su déficit estructural a medio plazo y a anclar sus expectativas a largo plazo", destaca la Comisión Europea en su informe sobre el estado de salud de la economía española publicado este lunes. El déficit estructural de España -es decir, el desfase permanente entre ingresos y gastos que no depende del ciclo- se situará en el 3,5% este año y subirá al 4,3% en 2023, según los cálculos de Bruselas.

España debe "reducir el déficit presupuestario estructural de las administraciones públicas y consolidar las expectativas fiscales para hacer frente a la evolución demográfica", insiste el Ejecutivo comunitario. 

La Comisión admite que, a corto plazo, España no tiene problemas de sostenibilidad de las finanzas públicas porque las condiciones de financiación son "favorables". Eso gracias a la política de estímulos monetarios que ha mantenido hasta ahora el BCE. Además, el plazo medio de vencimiento de la deuda pública española supera los ocho años. 

Más carga de intereses

En 2021, las necesidades de financiación brutas totales disminuyeron un 5% hasta los 264.000 millones de euros (el 22% del PIB). El Tesoro espera que esta tendencia positiva continúe en 2023, con una caída del 10% hasta los 237.000 millones (18% del PIB).

Hasta ahora, las condiciones de financiación han sido positivas: el rendimiento de los bonos a 10 años es muy bajo según los estándares históricos, la prima de riesgo se mantiene contenida y la base de inversores sigue siendo amplia.

"Sin embargo, un escenario de endurecimiento de las condiciones de financiación debido a las tensiones inflacionistas daría lugar con el tiempo a una carga creciente de intereses", alerta la Comisión Europea.

La sostenibilidad de las finanzas públicas a medio o largo plazo se verá afectada por el alto nivel de deuda y la desfavorable situación fiscal inicial. "Los costes derivados del envejecimiento de la población afectarán a la sostenibilidad de las finanzas públicas", prosigue el informe.

En particular, el Ejecutivo comunitario espera que los costes de la asistencia sanitaria y, en menor medida, de los cuidados de larga duración empeoren la brecha de sostenibilidad a medio y largo plazo.

"Esto tendrá lugar en una coyuntura en la que también sería necesario abordar los déficits de atención primaria y las disparidades regionales en materia de acceso y calidad de la asistencia sanitaria", apunta el estudio.

Reforma de las pensiones

Capítulo aparte merece el problema de las pensiones. La reforma aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy preveía una disminución del gasto. Sin embargo, la indexación de nuevo de las pensiones con la inflación, decidida por el Gobierno de Pedro Sánchez, "puede resultar en un gasto muy superior al previsto, ya que la presión inflacionista sigue siendo alta".

En este sentido, el Ejecutivo comunitario insiste en que España debe aprobar en plazo la segunda parte de la reforma de las pensiones pactada por la UE, cuyo objetivo es "mejorar la sostenibilidad fiscal". Una reforma de cuyo cumplimiento depende el pago del quinto tramo de 10.000 millones de fondos Next Generation, cuyo desembolso está previsto para junio de 2023. Es decir, la reforma debe completarse para finales de año.

"A este respecto, la reforma de las pensiones incluida en el plan de recuperación debe diseñarse y aplicarse cuidadosamente como un paquete coherente para garantizar que contribuya positivamente a la mitigación de los riesgos a medio y largo plazo" para la deuda pública, subraya el informe.

Bruselas reclama además a España que la reforma del sistema tributario incluida en el plan de recuperación ponga el énfasis en figuras fiscales compatibles con el crecimiento y reduzca la dependencia de los impuestos sobre el trabajo. Otra de las prioridades debe ser la revisión continua de la calidad del gasto público, siguiendo la línea emprendida por la AIReF.