Este es el negro panorama que discutirán los ministros de Economía de la eurozona en su reunión mensual que celebran el lunes en Bruselas. El comisario de Asuntos Económicos, Paolo Gentiloni, les ofrecerá un adelanto de sus previsiones económicas de otoño, que se publican el viernes 11 de noviembre.

De ellas se espera una revisión general a la baja debido al impacto de la guerra en Ucrania, la crisis energética y la inflación. En verano, el Ejecutivo comunitario todavía calculaba un crecimiento del 1,4% para la eurozona en 2023.

Aunque recorte también su previsión para España, el Gobierno de Pedro Sánchez todavía espera que nuestra economía siga creciendo y creando empleo en 2023, aunque a un ritmo "más moderado" que este año, según explican fuentes del Ministerio de Economía.

La vicepresidenta Nadia Calviño basa los Presupuestos en una expansión económica del 2,1% para el año que viene, pero el Fondo Monetario Internacional ya ha empeorado esa cifra hasta el 1,2%.

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El Eurogrupo tiene previsto abordar el impacto presupuestario de los planes de ayuda que han adoptado los Estados miembros para mitigar el aumento de los precios de la energía. En contra de las recomendaciones de Bruselas, una gran mayoría de estas medidas tienen carácter general y afectan a los precios (como la subvención de 20 céntimos de euro por litro de carburante que aplica España a todos los conductores, sin diferenciar el nivel de renta).

Según los cálculos del Banco Central Europeo (BCE), sólo entre el 10% y el 20% de las medidas de apoyo presupuestario son temporales y selectivas, como reclama el Eurogrupo. La presidenta, Christine Lagarde, ha denunciado que las ayudas generales contribuyen a alimentar la inflación y por tanto anulan parcialmente los efectos de las fuertes subidas de tipos que ha aprobado el BCE en sus tres últimas reuniones, hasta situar el tipo general en el 2%.

Si los Gobiernos no rectifican, el BCE se verá obligado a intensificar las subidas de tipos. "Con la ralentización de la economía y la caída de las rentas reales, la política fiscal podría adoptar una orientación más expansiva, más allá de la contribución de los estabilizadores automáticos.

Pero en un entorno con restricciones de oferta, esto puede agravar las presiones inflacionistas y obligar al Banco Central a endurecer la política más de lo que sería necesario de otro modo", avisa Lagarde.

"El Eurogrupo reconoce que las medidas generales no son sostenibles por mucho tiempo. Debemos cambiar a medidas que dependan de los ingresos y sean selectivas y temporales", explican las fuentes consultadas.

Para mejorar la coordinación, los ministros de Economía sopesan pedir al Ejecutivo comunitario que elabore un "modelo común" o un "conjunto de principios" que todos los Estados miembros puedan aplicar para hacer la transición del 'manguerazo' general a las ayudas selectivas.

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El ejemplo con el que trabaja el Eurogrupo lo planteó la propia Lagarde, basándose en la experiencia de algunos países. Consistiría en subvencionar el precio de la factura energética, pero sólo para una cantidad limitada de consumo: el que se considera necesario. Cualquier consumo que supere este mínimo vital, ya se facturaría a precios de mercado. De esta forma, se incentivaría además el consumo energético.

Los ministros de Economía tienen previsto además abordar brevemente la reforma del Pacto de Estabilidad, congelado desde 2020 aunque volverá aplicarse en 2024. Pero no entrarán en detalles porque la Comisión ha retrasado la presentación de sus propuestas hasta el miércoles 9 de noviembre.

El debate enfrenta a Alemania y los frugales, que reclaman acelerar la reducción de la deuda; contra Francia, Italia o España, que piden más flexibilidad con el fin de no asfixiar la inversión necesaria para la doble transición digital y verde. 

A falta de conocerse la letra pequeña, el Ejecutivo comunitario ya ha adelantado las grandes líneas de su plan: una mayor flexibilidad como reclama el Sur, a cambio de más sanciones contra los incumplidores, como piden los frugales. La reforma deja intactos los límites previstos en el Pacto de Estabilidad, que fija la obligación de reducir el déficit por debajo del 3% y la deuda pública por debajo del 60%.

Pero Bruselas sí pretende eliminar la regla que obliga a reducir cada año una veinteava parte de la deuda pública por encima del umbral del 60%. Como la pandemia ha disparado el endeudamiento de la mayoría de Estados miembros a niveles sin precedentes, aplicar de forma estricta esta norma en países como España o Italia asfixiaría de inmediato el crecimiento.

El Ejecutivo comunitario quiere además sustituir los actuales objetivos anuales de reducción del déficit por itinerarios de reducción de la deuda individualizados y ajustados a la situación de cada Estado miembro.

A los países que se comprometan a realizar determinadas reformas o inversiones, se les dará más tiempo para ajustar sus cuentas. Como contrapartida, la UE será más dura y exigente con los Estados miembros incumplidores.

Calviño considera que estas propuestas recogen muchas de las ideas del plan conjunto presentado por España y Holanda el pasado abril. Sin embargo, la ministra holandesa de Finanzas, Sigrid Kaag, envió a finales de octubre de forma unilateral una carta a la Comisión en la que insiste en que hay que reforzar la vigilancia y la aplicación de las reglas a los incumplidores.

Tampoco su homólogo alemán, Christian Lindner, está satisfecho con el plan de Bruselas porque cree que "las reglas deben aplicarse igual para todos".