La UE acogió con alivio la victoria de Joe Biden en las presidenciales de 2020, entre otras cuestiones porque confiaba en que que pondría fin a todas las guerras comerciales transatlánticas desatadas por Donald Trump. Pero la actuación de Biden en este terreno ha acabado siendo muy decepcionante.

El inquilino demócrata de la Casa Blanca sí que ha puesto fin a algunos aranceles impuestos por Trump. Por ejemplo, los derivados de la disputa entre los gigantes aeronáuticos Airbus y Boeing, que penalizaron particularmente a la industria agroalimentaria española. Pero mantiene otras medidas de represalia diseñadas por su antecesor, como los recargos arancelarios al sector del acero.

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Ahora, Biden acaba de abrir un nuevo frente comercial con la UE con su Ley de Reducción de la Inflación. Un plan dotado con 369.000 millones de dólares para reforzar la seguridad energética y combatir el cambio climático, que ha centrado buena parte de los debates del Ecofin celebrado este martes.

Bruselas denuncia que las ayudas previstas en la Ley para el vehículo eléctrico y otras iniciativas verdes se reservan para las empresas estadounidenses y discriminan a las compañías europeas. El presidente del Ecofin ha resaltado sus "posibles consecuencias económicas negativas para las empresas e inversores europeos, especialmente en el sector tecnológico".

Por su parte, Francia sostiene que la UE debe adoptar una política de mano dura contra los Estados Unidos de Biden, porque de lo contrario peligrará la competitividad de la industria comunitaria. "La Ley de Reducción de la Inflación incluye subvenciones masivas que pueden conducir a distorsiones de competencia", denunciaba este lunes el ministro francés de Finanzas, Bruno Le Maire.

"Estas distorsiones de competencia son un motivo de preocupación importante para Francia y esperamos que la Comisión Europea proponga una respuesta enérgica a esta política americana", reclama Le Maire. A su juicio, el hecho de que "exista la posibilidad de que el gobierno de EEUU otorgue tantos subsidios a las empresas que están en suelo estadounidense podría dañar la igualdad de condiciones entre las empresas europeas y las empresas estadounidenses".

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Todos los demás Estados miembros comparten la inquietud de París por la Ley de Reducción de la Inflación de Biden. Pero la mayoría no quiere embarcarse en una nueva guerra comercial con Estados Unidos y reclama dejar espacio para encontrar una "solución negociada".

De hecho, Bruselas y Washington ya han creado un grupo de trabajo conjunto que se reunió por primera vez la semana pasada. El problema es que la Ley ya ha sido aprobada tanto por el Congreso como por el Senado, tras meses de arduas negociaciones: será muy difícil que Biden reúna la mayoría necesaria para enmendarlas.

"El comercio internacional ha sido uno de los motores de crecimiento y prosperidad en las últimas décadas. La economía española está muy abierta, es una economía muy internacionalizada. Tenemos un superávit de balanza de pagos por cuenta corriente. Y nosotros tenemos interés en tener un marco de reglas que nos permita seguir impulsando el comercio internacional de una manera justa", sostiene la vicepresidenta primera, Nadia Calviño. 

"En este sentido, nosotros siempre vamos a defender trabajar con el resto de las jurisdicciones, y muy especialmente con nuestros socios del otro lado del Atlántico, para garantizar que tengamos un marco de reglas que nos permitan hacer del comercio internacional una palanca de crecimiento y prosperidad", ha señalado Calviño. También apuestan por la negociación con Washington Alemania o Países Bajos.

El vicepresidente económico de la Comisión y responsable de Comercio, Valdis Dombrovskis, ha dicho que su objetivo es que Estados Unidos dé a la UE un tratamiento similar al que ya otorga a otros socios como México o Canadá. "Es bueno que estamos dialogando con EEUU sobre esta cuestión y debemos encontrar una solución negociada", asegura Dombrovskis.

Sin embargo, su propio equipo ha enviado al departamento del Tesoro estadounidense un documento de alegaciones que deja al descubierto la magnitud del problema. Un informe que reconoce, además, el alto riesgo de que la norma acabe desencadenando una nueva guerra comercial entre Bruselas y Washington.

En concreto, la UE cuestiona hasta 9 de las desgravaciones fiscales incluidas en la Ley de Reducción de la Inflación. No sólo la que afecta al coche eléctrico, sino también las previstas para el hidrógeno limpio, el fuel sostenible para aviación o la producción de electricidad limpia.

"Dado su tamaño y diseño, los incentivos financieros desplegados para cumplir los objetivos climáticos de EEUU inclinan injustamente la balanza a favor de la producción y la inversión en EEUU a expensas de la UE, lo que puede resultar en una desviación significativa de las inversiones y la producción futuras, amenazando los puestos de trabajo y el crecimiento económico en Europa y en otros lugares", argumenta el Ejecutivo comunitario.

"Si se implementa en su forma actual, la Ley corre el riesgo de causar no sólo un perjuicio económico tanto a EEUU como a sus socios comerciales más cercanos, lo que resultaría en ineficiencias y distorsiones del mercado, sino que también podría desencadenar una carrera mundial dañina de subsidios en tecnologías e insumos clave para la transición verde. Además, corre el riesgo de crear tensiones que podrían conducir a medidas de represalia", concluye el documento.