El Fondo Monetario Internacional (FMI) considera que los impuestos aprobados por el Gobierno español a bancos, energéticas y hogares de altos ingresos son "apropiados" en el contexto actual, pero advierte de que el Ejecutivo debe hacer un esfuerzo "sostenido" de consolidación para lograr reducir un nivel de deuda que sigue siendo elevado.
"Como se prevé que los precios de la energía permanezcan en niveles elevados el próximo año, recaudar ingresos temporales adicionales para financiar el apoyo a los más vulnerables es una estrategia bienvenida, pero el seguimiento del impacto de las medidas es necesario", señalan los técnicos del FMI en las conclusiones de su revisión anual de la economía española, conocida como 'Artículo IV'.
En concreto, advierte de que sería importante que se vigilara la incidencia que puedan tener estos nuevos gravámenes sobre la disponibilidad de crédito, los costes del crédito y la resiliencia de los bancos, así como sobre los incentivos a la inversión de las empresas energéticas.
Asimismo, la organización dirigida por Kristalina Gueorguieva también incide en que estas medidas fiscales "deben ser temporales" y no se deben considerar como un reemplazo de la necesaria reforma tributaria que España debe llevar a cabo a medio plazo.
A este respecto, el FMI defiende que elaborar anticipadamente planes fiscales creíbles a medio plazo podría ayudar a "forjar el necesario consenso social y a apuntalar la confianza de los inversores". Además, cree que esta consolidación debería depender de la movilización de ingresos adicionales y de una mejora de la eficiencia del gasto.
Reducción de deuda
El informe del FMI reconoce que las finanzas públicas de España continuaron mejorando en 2022, pero advierte de que la deuda pública sigue siendo elevada y ve necesario un esfuerzo "sostenido" de consolidación para reconstruir el colchón fiscal. Así, remarca que, aunque la respuesta del Gobierno fue "muy eficaz" para contener los efectos de la pandemia, también fue costosa al elevar la proporción de deuda respecto al PIB hasta el 118%.
En este contexto, sugiere que se lleve a cabo una consolidación fiscal plurianual que genere espacio para responder a shocks negativos en el futuro. "Emprender una consolidación fiscal discrecional en 2023 ayudará a impulsar la confianza de los inversores y a contener las presiones inflacionarias", asegura.
La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva.
El FMI recomienda una reducción "moderada" del déficit fiscal estructural primario del próximo año (de un cuarto a medio punto porcentual del PIB) para ayudar a aliviar las presiones de los precios y reafirmar el compromiso con la disciplina fiscal. Además, agrega que un mayor uso de los fondos europeos, que tiene un efecto neutral en el déficit, podría contrarrestar el efecto negativo de la consolidación en el crecimiento.
En este sentido, la organización también considera "apropiada" la consolidación de déficit estructural de 0,3 puntos porcentuales prevista en el plan presupuestario provisional para 2023, aunque alerta de que su ejecución está sujeta a que los ingresos sean sólidos y haya un menor gasto en medidas energéticas.
No obstante, avisa de que aún está por definirse el alcance total de las medidas energéticas en 2023, pero propone que se reemplacen las medidas generales por otras más focalizadas, algo que podría generar ahorros con respecto al año en curso.
Además, agrega que intensificar el esfuerzo de consolidación a por lo menos 0,6 puntos porcentuales por año a partir de 2024 permitiría encauzar la deuda en una firme trayectoria descendente y ayudaría a lograr una posición fiscal estructural casi equilibrada (acorde con el marco fiscal nacional de España) para el fin de esta década.
Pensiones
Respecto a las pensiones, el FMI cree que se necesitarán medidas adicionales para contrarrestar el aumento del gasto derivado de la reforma de 2021, que indexó de forma permanente las pensiones a la inflación del IPC y derogó el factor de sostenibilidad. En consecuencia, se prevé que para 2050 los gastos anuales por pensiones aumenten en más de un 3,25% del PIB, en comparación con la implementación total de la normativa anterior.
Sin embargo, añade que solo una parte de este aumento estaría compensado por otras medidas adoptadas en la primera etapa de la reforma o las que el Gobierno se ha comprometido a introducir hacia finales de 2022, como ampliar el período de cómputo de las pensiones de jubilación y elevar la base máxima de cotización.
"Estas medidas podrían tener un efecto financiero positivo, pero los detalles específicos de su diseño determinarán si serán suficientes para preservar la sostenibilidad del sistema de pensiones", remarca el Fondo.