Los préstamos que lleguen a España en el marco de los fondos Next Generation computarán como deuda pública según se vaya desembolsando el dinero hacia las empresas destinatarias. Eso sí, no contarán como déficit salvo que se produzca un impago del crédito.
Nadia Calviño, vicepresidenta primera del Gobierno, presentó la pasada semana la adenda al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en el marco de la cual a España le corresponden de los NextGen 84.000 millones en préstamos, así como otros 7.700 millones en transferencias adicionales y 2.600 millones del nuevo mecanismo REpowerEU.
El Estado irá reclamando a la Unión Europea estos créditos en función del apetito que detecte por parte de las empresas y en torno a 35.000 millones de euros se canalizarán a través de las entidades financieras.
Esos préstamos se irán incorporando a la deuda pública según se vayan desembolsando, como explica Carlos Cuerpo, secretario general del Tesoro, a EL ESPAÑOL-Invertia. "La caracterización de los préstamos como deuda se irá produciendo una vez que se vayan desembolsado las cantidades", explica en una entrevista con este periódico.
Y, en función del ritmo de repago de estos préstamos por parte de las empresas que los reciban, esa deuda se irá disolviendo, como ocurre con cualquier otro elemento de la cartera de deuda del Estado.
Una vez se devuelva cada préstamo el importe supondrá para el Tesoro un ingreso que le servirá para ir repagando su deuda, de la misma forma que ocurre con las emisiones. Estos préstamos solamente harían un 'roto' (es decir, pasarían a déficit) en el caso de que se produjera un impago -como ocurre con los créditos ICO, que tienen garantía estatal-.
Hay que tener en cuenta que la deuda pública ha experimentado un importante crecimiento en los últimos dos años debido a las medidas de apoyo a la población que ha aprobado el Gobierno, tanto en el inicio de la pandemia como para frenar el impacto de la elevada inflación. El año pasado la deuda pública cerró en el 118,4% del PIB.
"Ventajas financieras"
Con todo, Cuerpo valora las "ventajas financieras" que en su opinión tiene el recurso a estos préstamos, que principalmente pasan por "aprovechar las condiciones ligeramente más favorables que tiene la Comisión", pues estos préstamos se concederán al precio al que le cuesta emitir deuda a la Unión Europea.
"A día de hoy, en el plazo [de las emisiones de deuda] a diez años estaríamos hablando de un spread positivo de unos 50 puntos básicos y estas condiciones favorables se pueden trasladar a su vez a los agentes que finalmente se beneficien de estos préstamos", añade.
Otra de las ventajas es que los préstamos tienen un plazo de 30 años con diez de carencia, "con lo cual nos ayuda de nuevo a ahondar en el incremento de la vida media de la cartera" del Tesoro.
En relación con la deuda pública, además, se tratará de "una deuda que será repagada por los propios agentes, pero que permite apalancar además inversión privada de nuevo", valora Cuerpo. Es decir, que aunque aumente la deuda pública, en términos de sostenibilidad de la misma va a ser más positivo que negativo.
El papel de la banca
En esta nueva fase de la distribución de los Next Generation los bancos tendrán por fin su papel, como han venido reclamando desde que se empezó a hablar de la ingente cantidad de fondos que llegarían a España.
Las entidades serán las encargadas de, en colaboración con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y las comunidades autónomas, hacer llegar hasta 35.000 millones de euros en financiación en el marco de estos préstamos comunitarios y tendrán poder de decisión sobre la concesión del crédito, pero solamente en términos de riesgo, según explican fuentes financieras a este periódico.
Carlos Cuerpo, secretario general del Tesoro, durante la entrevista con EL ESPAÑOL-Invertia.
El Gobierno quiere replicar el esquema de colaboración público-privada que mantuvo con el ICO y los bancos durante los primeros meses de la pandemia, en los que se pusieron a disposición de las empresas en problemas hasta 140.000 millones de euros a través de los conocidos como créditos ICO, los préstamos con garantía estatal.
Aunque ahora ese aval no va a existir, sí lo hará la colaboración entre la Administración y la banca. En dos de los doce fondos diseñados para movilizar los 84.000 millones que corresponden a España los bancos españoles serán el punto de unión entre el origen de los préstamos y sus destinatarios finales.
En primer lugar, las empresas y los autónomos podrán contar con hasta 15.000 millones de euros en préstamos que serán canalizados a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y la banca. Este instrumento pretende movilizar importantes partidas para facilitar las inversiones en energías renovables y eficiencia energética.
Además, el Gobierno pondrá en marcha el fondo para comunidades autónomas. En este caso contará con 20.000 millones de euros, que se asignarán a las diferentes regiones.
Gracias a este vehículo las comunidades autónomas contarán con una vía de financiación reembolsable que podrán poner en manos del sector privado a través de las entidades para financiar inversiones públicas en ámbitos elegibles de carácter sostenible.
"La colaboración con las entidades bancarias ya fue un éxito en la canalización de los de los créditos avalados por el ICO en la pandemia y queremos precisamente hacer eso, repetir esta experiencia ahora en los créditos y los instrumentos financieros que puedan instrumentar gracias a la adenda", explica el secretario general del Tesoro.
Y es que, como expone Cuerpo, se pretenden utilizar las "ventajas" que supone acudir al sector financiero para un proyecto como este, "tanto la granularidad a la hora de llegar a todos los agentes, a todos los sectores, en todo el territorio, como la propia evaluación de los riesgos de los agentes que hacen las entidades y, al fin y al cabo, utilizarlo como un agente financiero más, más allá de los agentes financieros públicos, como pueda ser ICO, para ayudarnos a hacer el uso más eficiente de estos 84.000 millones".