En el último pleno de la legislatura, el Parlamento Europeo ha aprobado este martes por una amplia mayoría las nuevas reglas de disciplina fiscal de la UE. Conservadores, socialistas y liberales han votado mayoritariamente a favor, mientras que los verdes y la izquierda se han opuesto por considerar que se trata de un regreso a la "austeridad".
Entre los eurodiputados españoles, Partido Popular, PSOE, Vox, Ciudadanos, PNV y Carles Puigdemont han votado a favor de las nuevas reglas fiscales. Unidas Podemos, BNG y Esquerra se han pronunciado en contra.
La reforma (que será ratificada por los Gobiernos de la UE el próximo lunes y entrará en vigor a finales de abril) supone un claro triunfo de las tesis frugales defendidas por Alemania, frente a la mayor flexibilidad que reclamaban España, Italia, Francia o la Comisión de Ursula von der Leyen. De hecho, las nuevas reglas incluyen las salvaguardas numéricas exigidas por Berlín (a las que se oponían inicialmente los países del sur) para garantizar la reducción del déficit y la deuda.
La principal novedad de la reforma es que obligará a todos los Estados miembros a presentar planes de ajuste plurianuales, que se negociarán de forma bilateral entre la Comisión y las capitales basándose en un análisis de sostenibilidad de la deuda. Los planes deberán remitirse a Bruselas como muy tarde el 20 de septiembre, según ha dicho el vicepresidente de la Comisión, Valdis Dombrovskis.
Los planes de ajuste tendrán en principio una duración de cuatro años (2025-2028). El plazo puede ampliarse a siete años (2025-2031) si los Gobiernos se comprometen a realizar reformas e inversiones que respondan a los objetivos de la UE.
El comisario de Asuntos Económicos, Paolo Gentiloni, ha explicado durante el debate que el objetivo de la reforma es "corregir las actuales reglas fiscales, unas reglas tan rígidas que a menudo no se aplicaban". "Lo que hemos logrado no es perfecto, pero es un buen compromiso", asegura.
Gentiloni ha recordado que el Pacto de Estabilidad tuvo que suspenderse en 2020 para que los Gobiernos pudieran disparar el gasto público en respuesta a la pandemia primero y a la guerra en Ucrania y la crisis inflacionista después. "Ahora tenemos, por un lado, la perspectiva de reducir la deuda y el déficit acumulados como resultado de estos dos cisnes negros", ha relatado.
"Por otro lado, debemos reforzar el crecimiento a través de la
recuperación del poder adquisitivo, una disminución de la inflación y la
preservación de las inversiones públicas. Se trata de un equilibrio realmente delicado, pero las nuevas reglas están adaptadas: son más flexibles, más orientadas al crecimiento y más creíbles en su implementación", sostiene Gentiloni.
Por su parte, el portavoz del PSOE, Jonás Fernández, ha celebrado "el amplio consenso para rechazar las normas previas, que obligaron a un austericidio después de la crisis financiera hace más de una década". La reforma permitirá una "reducción suave de la deuda acorde a la situación de cada Estado".
La eurodiputada de Ciudadanos Eva Poptcheva ha asegurado que las nuevas reglas fiscales obligarán a España a reducir la deuda en 14.000 millones de euros al año, "el equivalente a nuestro presupuesto anual en defensa". "Las nuevas reglas no son una vuelta a la austeridad, son una oportunidad para hacer las reformas e inversiones que España necesita", ha señalado.
Sin embargo, los portavoces de los verdes y del grupo de la izquierda sostienen que la reforma supone la "gran vuelta de la austeridad en Europa".
"Estas nuevas normas presupuestarias impondrán una camisa de fuerza a todos los Estados miembros de la UE. Privará a los gobiernos de los recursos financieros necesarios para garantizar una economía próspera, servicios sociales y acción climática. Esta obsesión por la reducción de la deuda conducirá inevitablemente a un retorno de la austeridad, en un momento en que la UE necesita urgentemente impulsar la inversión", ha dicho el portavoz de los Verdes, Philippe Lamberts.
Según los cálculos de la AIReF, las nuevas reglas fiscales exigen a España un ajuste durante el periodo 2025-2028 por valor de 0,63 puntos del PIB al año (es decir, alrededor de 9.210 millones).
Este ajuste (2,52 puntos acumulados en 4 años) generaría una reducción de la ratio de deuda de 25 puntos de PIB en los próximos 15 años, situándola en una dinámica claramente descendente. La ampliación del plan de ajuste a 7 años reduciría el ajuste anual dos décimas hasta los 0,43 puntos de PIB (6.286 millones), pero supondría un ajuste mayor en términos acumulados (3,01 puntos).