El Gobierno aprueba el impuesto mínimo global del 15% a las grandes empresas y lo manda al Congreso
El Ejecutivo acuerda la trasposición en segunda vuelta de la directiva europea del Pilar 2 de la OCDE después de dar luz verde en diciembre.
4 junio, 2024 13:02El Gobierno ha aprobado en segunda vuelta el establecimiento de un impuesto mínimo del 15% a las grandes empresas. El Consejo de Ministros ha dado luz verde a la trasposición de la directiva que establece ese tipo mínimo global, después de iniciar los trámites a finales de 2023.
El proyecto de ley, que ahora comenzará a tramitarse en el Congreso de los Diputados, adapta el marco legal español a los acuerdos de fiscalidad internacional alcanzados en el G20, la OCDE o la Unión Europea para luchar contra la elusión fiscal de las multinacionales. Según consta en la referencia del Consejo de Ministros, el proyecto de ley se tramitará por el procedimiento de urgencia.
Desde 2022, España cuenta con un tipo mínimo efectivo del 15% del impuesto de sociedades para los grandes grupos empresariales. Por tanto, la trasposición de esta directiva viene al completar ese Pilar 2 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en coordinación con otro centenar de países.
La nueva normativa aplicará a los grupos multinacionales o grupos domésticos con una cifra de negocios de al menos 750 millones de euros, de acuerdo con los estados financieros consolidados de la matriz en al menos dos de los últimos cuatro ejercicios (el mismo umbral que para el Informe País por País, que obliga a las multinacionales a informar de la tributación en todos los países en los que opera)
María Jesús Montero ha destacado la "complejidad técnica" de la directiva, aunque ha valorado el objetivo final que persigue. La vicepresidenta primera ha señalado que este no es otro que evitar que las empresas "desplacen beneficios a territorios de baja o nula tributación, provocando con ello un perjuicio en los ingresos Estados miembros".
"A pesar del ruido, el Gobierno ha desarrollado una política fiscal responsable, basada en acuerdos y recomendaciones internacionales", ha afirmado la también titular de Hacienda.
La directiva contempla tres tipos de impuestos diferentes. Por un lado, el impuesto complementario nacional, que deben satisfacer todas las entidades españolas de los grandes grupos nacionales o internacionales. El Gobierno calcula un impacto reducido por esta modalidad, en tanto que España ya cuenta con ese tipo mínimo del 15% y es "improbable" que se active ese punto de la directiva.
Por su parte, el impuesto complementario primario se aplica cuando la matriz de una multinacional se sitúa en España y obtiene rentas de empresas filiales en un país extranjero con un tipo inferior al 15%.
Por último, el impuesto complementario secundario funcionará como un "sistema de cierre", ha explicado Montero. Servirá para asegurar la recaudación para los casos en los que el impuesto complementario primario no alcance a la entidad matriz última, de manera que la tributación recae sobre la filial.
La vicepresidenta ha defendido que la trasposición de la directiva será útil para "luchar contra la erosión de las bases imponibles y el traslado de los beneficios a lugares con menor fiscalidad".
Asimismo, ha defendido que la imposición del tipo mínimo del 15% a las grandes empresas, así como los gravámenes sobre las empresas de servicios digitales o los beneficios de la banca y las energéticas, permiten al Gobierno llevar a cabo rebajas fiscales. Se ha referido en concreto a las rebajas en el IVA energético y de los alimentos básicos.
3.500 millones anuales
El sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) han calculado que el impuesto mínimo del 15% para multinacionales españolas recaudará más de 3.500 millones de euros al año.
Gestha considera que trasponer la directiva es un primer paso importante, aunque la entrada demorada del impuesto complementario y el tipo del 15% "deja margen de maniobra" para que en un futuro se aborde el aumento de la tributación al 20%.
Los técnicos del Ministerio de Hacienda han instado a que se tramite como proyecto de ley urgente que permita que corran los plazos para que la futura Ley se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y se aplique a las filiales de las multinacionales de Estados Unidos radicadas en España antes del 30 de septiembre de 2024, fecha en que suele finalizar el año fiscal en EE.UU.