El pacto sella la transferencia de todos los impuestos a la administración catalana y detalla hasta qué va a pasar con el IVA de las pymes. Sin embargo, no hace mención al sistema público de previsión social, uno de los pilares del Estado. Un pilar que no alcanza a sostenerse sólo con las cotizaciones sociales.

De hecho, el Ministerio de Hacienda ya contaba con transferir 22.881 millones de euros como parte de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2025 para cubrir al menos parte del agujero anual. Y es que la nómina de las pensiones y el resto de gastos de la Seguridad Social, también los conocidos como impropios (como las prestaciones no contributivas), son insostenibles únicamente con las contribuciones de los trabajadores.

Existe, por tanto, un déficit contributivo. De ahí que, año a año, el Estado lleve a cabo transferencias directas y préstamos a la Seguridad Social. 

"No se dice nada sobre la Seguridad Social", confirma a este periódico Diego Martínez, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla e investigador de Fedea. Además, advierte de que si lo que se pretende es "replicar" el concierto económico de País Vasco "es un juego de ganar o ganar para Cataluña".

Esto es así "porque los números del cupo vasco, aunque no se conocen con detalle, no parece que recojan las transferencias que el Estado realiza año a año a la Seguridad Social para cubrir su déficit".

Según las estimaciones de Fedea, el Estado está destinando cerca de 27.000 millones de euros al año sólo para cubrir financiación adicional de la Seguridad Social y sus prestaciones contributivas y no contributivas, un costo en el que las dos comunidades forales deberían estar involucradas.

No obstante, la contribución del País Vasco ha permanecido prácticamente igual a la que hacía antes de que el Estado comenzara a cubrir el déficit contributivo. La última actualización del concierto vasco de 2022 prevé una aportación al Estado de 1.467 millones de euros, sujeta a una liquidación posterior.

Sin embargo, si esta comunidad asumiera su parte proporcional del déficit de las pensiones, debería añadir a esa cifra alrededor de 1.700 millones de euros adicionales. O lo que es lo mismo, en la práctica, tendría que duplicar su contribución actual.

¿Y la deuda autonómica?

De la misma manera, apunta Diego Martínez, el acuerdo no menciona nada de la quita o condonación parcial de la deuda autonómica. "No se cita y habría que abordarlo", insiste el investigador de Fedea. Y es que, cuando a finales de 2023, ERC logró arrancar ese compromiso al PSOE para volver a investir a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, para los republicanos fue toda una victoria.

Ahora, sin embargo, parece una cuestión de segunda magnitud. No es de extrañar, ya que la cesión del 100% de los tributos a la Generalitat supera, y con creces, el monto de la condonación parcial de la deuda con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).

Con el acuerdo, el Govern llegaría a manejar más de 50.000 millones de euros cada año, que supone el 19,7% de la recaudación tributaria de España.

La quita parcial de la deuda, por su parte, se estimaba en alrededor del 15.000 millones. No obstante, nada indica que el compromiso del Ejecutivo nacional tanto con Cataluña como con el resto de comunidades autónomas haya decaído.