En una entrevista con EL ESPAÑOL-Invertia, Ana de la Herrán, presidenta de IHE, ahonda en las razones de la preocupación que, asegura, existe entre los inspectores. Por un lado, la salida de facto de Cataluña del régimen común dificultaría su labor inspectora, ya que fraccionaría la acción de la Agencia Tributaria, llevando a una menor eficacia en la lucha contra el fraude.

Por otro lado, para la asociación de inspectores de Hacienda el acuerdo diluye la función del Estado y es perjudicial para la igualdad entre los españoles. Consideran que, a la postre, Cataluña dejaría de aportar a la caja común -al menos como lo ha hecho hasta ahora- lo que se traduce en un menor monto a repartir entre el resto de regiones. Con esto, alertan, la prestación de servicios públicos iguales en todo el país se pone en riesgo.

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Con lo que sabemos hasta ahora del acuerdo entre el PSPC y ERC, ¿qué les parece el pacto fiscal?

Nos parece que se puede generar una situación muy peligrosa para mantener el statu quo desde el punto de vista tributario. Es imposible mantenerlo porque genera una ruptura: no es un cambio o una modificación, es una ruptura con el sistema actual.

Desde nuestra labor como inspectores no podemos estar de acuerdo con esa ruptura, sino que tenemos que mantener una posición continuista. Es más, diría que tenemos que defender que todavía actuemos con una mayor unidad de acción. Toda la unidad de acción que se pueda siempre va a ser mucho más positiva que aceptar este pacto fiscal como una singularidad.

¿Qué implicaciones tendría, por un lado, para Cataluña, pero también para el resto de España?

Para Cataluña es un privilegio, claramente. Y nosotros lo vemos como una ruptura con respecto al resto de comunidades autónomas y una ruptura del sistema de financiación. El sistema actual tiene dos posibilidades que se recogen en la Constitución: el régimen foral para las comunidades de País Vasco y Navarra y luego el régimen común de financiación.

En ese régimen común es donde está Cataluña. Por supuesto que deberán hacerse los ajustes que correspondan, porque hay una modificación que está pendiente todavía, pero desde punto de vista de sistema tributario, el régimen común tiene que respetarse. Y tiene que mantenerse la actuación de la Agencia Tributaria tal y como se está llevando a cabo en la actualidad, incluso mejorándola. 

"Para Cataluña es un privilegio. Lo vemos como una ruptura con respecto al resto de comunidades autónomas y al sistema de financiación"

Establecer singularidades para un territorio como es Cataluña es conceder un privilegio. Y además, ese privilegio afectaría gravemente a los ciudadanos en la prestación de los servicios públicos. Por el lado de la administración tributaria, los servicios que se prestan son fundamentalmente la información y asistencia y la lucha contra el fraude. Si eso se rompe para un territorio, generando una singularidad y una separación del resto de territorios, no se van a prestar los servicios con la misma eficacia y eficiencia.

Rompes la caja única y, por ejemplo, todas las devoluciones de la campaña de la renta o todo el sistema de retenciones se rompe. Luego está la lucha contra el fraude fiscal: si generas diversos órganos, será muchísimo más ineficiente que si se actúa desde la unidad. Por eso nos oponemos al pacto, porque genera privilegios para esta comunidad autónoma, que no están amparados en nuestro texto constitucional y a nosotros, desde luego, nos supone una traba en las funciones que tenemos encomendadas.

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En el acuerdo, en ningún momento aparece la palabra concierto. Hay miembros del PSOE que han dicho que no es un concierto, otros han dicho que sí… ¿Es un concierto fiscal?

Da igual. Tú lo puedes llamar como lo llames, pero la esencia es un concierto económico. Quedarse con todas las competencias sobre todos los impuestos recaudados en Cataluña es un concierto, lo llames como lo llames.

¿Es posible llevarlo a cabo? ¿Hay que reformar sólo la Lofca o también hay que plantear una reforma constitucional?

A esto último, y desde nuestro punto de vista, sí. La Lofca tiene su base última en la Constitución, que recoge la disposición adicional primera, donde se prevén las peculiaridades de los territorios forales. Y luego tienes una financiación para el resto de las comunidades autónomas que se desarrolla en la Lofca.

"Lo puedes llamar como quieras, pero la esencia es un concierto económico"

Por lo tanto, si esa Lofca contraviene lo que dice la Constitución, estamos hablando de una norma que sería inconstitucional. Pero es el Tribunal Constitucional quien debe pronunciarse sobre la constitucionalidad o no de la norma.

¿La figura del consorcio tributario, que sí aparece en el Estatut, no es suficiente para desarrollar lo pactado entre socialistas y republicanos?

No, porque el consorcio está previsto para una colaboración. Es un organismo de colaboración entre el Estado y la comunidad autónoma en aquellos casos en los que la naturaleza del tributo lo exige. Es decir, el consorcio está previsto para los tributos que están cedidos total o parcialmente. Pero no está previsto para aquellos tributos que no está prevista la sucesión por parte del Estado de las comunidades autónomas.

Pongamos que finalmente se modifica la Lofca y el TC lo avala. ¿Puede sentar un precedente para otras CCAA? Y si otras lo piden, ¿qué debe hacer el Estado?

Si se recoge en una norma que no sea declarada inconstitucional, tendrá que reorganizarse el sistema y el Estado. A nosotros lo que nos preocupa es la función de la administración tributaria, que actúa en el territorio nacional. Si generamos esos reinos de taifas, ¿qué papel le queda al Estado? ¿El Estado va a actuar en el resto de las CCAA? Porque claro, se tendrían que establecer unos cupos. ¿Cómo se establecen? ¿Cómo se determina cuál es la aportación?

La realidad es que cambiaría toda la situación actual, de tal manera que el Estado no sabemos muy bien en qué lugar quedaría. En segundo lugar, es insolidario, porque las comunidades que más ganan se quedarían con su excedente y luego decidirían, en base a no se sabe qué reglas, lo que van o no a repartir al resto de las comunidades.

"La realidad es que cambiaría toda la situación actual, de tal manera que el Estado no sabemos muy bien en qué lugar quedaría"

El primer punto es la gestión del sistema tributario, pero esa segunda cuestión es la que más puede preocupar a la ciudadanía; es decir, saber cómo se van a prestar los servicios públicos. Porque el sistema de financiación lo que tiene es una recaudación que va a las comunidades autónomas y otra recaudación que desde el Estado se distribuye de acuerdo con las necesidades que tienen las comunidades autónomas en la prestación de servicios públicos.

Por lo tanto, si no hay esa distribución en la cantidad necesaria, se van a dejar de prestar los servicios de la manera en que se prestan ahora en esas CCAA. Por eso decimos que es insolidario y además genera desigualdades. Porque sin ninguna duda los servicios públicos se van a prestar de manera diferente en Murcia y Cataluña, porque la segunda tendrá muchos más recursos.

En definitiva, genera desigualdades, lo que también contraviene el artículo 14 de la Constitución, porque habría españoles de primera y de segunda, comunidades de primera categoría y otras de segunda categoría. Es totalmente regresivo y antisocial este sistema de decir "bueno, yo me quedo con lo mío, yo reparto lo que me parezca y los demás que se busquen la vida".

En el acuerdo, se detalla un cambio en el IVA de las pymes, que se recaudaría en función del domicilio. ¿Es posible llevar a cabo este tipo de cambios?

Pues es complicado, porque determinar las reglas de localización de todas estas operaciones no es fácil. Son palabras que están en este texto, pero que no sabemos muy bien cómo se quieren desarrollar, pero lo que decimos es que eso es muy difícil.

Además, la normativa de este impuesto está armonizada con la Unión Europea y, por tanto, podría generar un conflicto.

"Genera desigualdades, lo que también contraviene el artículo 14 de la Constitución"

Nosotros creemos que habría que tender a la centralización para poder realizar nuestra labor inspectora de la mejor manera, sobre todo en la lucha contra el fraude, donde nos encontraríamos con una traba que no tenemos ahora mismo.

Una de las cosas que se da por hecho es que habrá un trasvase de trabajadores de la Agencia Estatal Tributaria a la Agencia Tributaria Catalana. ¿Cuál está siendo la reacción de los trabajadores?

Hay una gran preocupación. Para empezar, porque tú has opositado a una agencia nacional, al Estado, no a la comunidad autónoma. Es decir, tienes la posibilidad de trabajar en Cataluña o en Murcia, o en Extremadura o en Madrid. Eso no sabemos cómo se va a resolver. Desde luego vamos a protegerles en ese sentido y a defender sus derechos y los intereses de estos trabajadores que son funcionarios del Estado, no lo olvidemos, no de la comunidad autónoma.

Si finalmente opera una Agencia Tributaria Catalana y se desarrolla el conjunto del pacto. ¿Podría suponer nuevas tensiones entre la Administración central y la territorial?

Sin ninguna duda. Para empezar, otras administraciones también pueden verse tensionadas, porque se reconoce una singularidad que no se ampara en el texto constitucional. Pero incluso en el hipotético caso de que se recogiera esta posibilidad, ya estamos estableciendo discriminación con respecto a otras comunidades autónomas que van a recibir unas transferencias en unas condiciones diferentes a las actuales y no se sabe si se va a poder prestar los servicios públicos más básicos como sanidad o educación.

Por lo tanto, va a generar una tensión enorme y un mal precedente desde el punto de vista de los principios más básicos de solidaridad, igualdad y aplicación del sistema tributario.

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Teniendo en cuenta que el actual sistema de financiación está caduco, y descartando la alternativa singular, ¿cuál podría ser la solución al problema de la financiación autonómica?

Ahí no entramos, esto ya es una cuestión política. Tienen que ponerse de acuerdo y actualizar esa normativa que está desactualizada en función de las necesidades de cada comunidad autónoma. Lo que tienen que hacer los políticos es ponerse de acuerdo y sentarse, no establecer singularidades y privilegios que además están prohibidos por el artículo 138 de la Constitución.