¿Repartir el déficit entre el Estado y las CCAA? No hay motivos técnicos y va contra la responsabilidad fiscal

La senda de estabilidad que el Gobierno quiere aprobar sitúa el déficit de 2025 en el 2,5% sobre el PIB de ese año. En el reparto, la Administración central podrá tener un déficit del 2,4%; las CCAA, del 0,1%; y los ayuntamientos, del 0% (estabilidad presupuestaria). La intención de los de Puigdemont, que han avalado ERC, Bildu, BNG e incluso Sumar, apuesta por un reparto más equitativo.

En concreto, los independentistas pretenden que las comunidades puedan disponer de, al menos, un tercio del déficit (como poco, ocho décimas). O lo que es lo mismo, alrededor de 12.000 millones de euros de margen para gastar. Se trataría de un dinero que, de alguna manera, perdería el Estado, la Administración central.

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Antes de entrar en el detalle, cabe resaltar que España, en otros momentos de bonanza económica, como el trienio 2004-2007, no tuvo déficit. Al contrario, contó con superávit, es decir, produjo más de lo que gastó. En 2006, el diferencial positivo alcanzó un 2,12%; ese año, el PIB creció un 4%, por encima de los registros previstos a partir del próximo año.

Salvando las distancias, para Valentín Pich, presidente del Consejo General de Economistas (CGE), en un momento "de cierta exuberancia" financiera como el actual "tendríamos que hablar de déficit cero o superávit", con independencia del reparto que se pueda hacer entre administraciones.

Lo contrario, apunta Pich, genera un problema. "No puede haber corresponsabilidad fiscal si uno no es responsable de sus actos en positivo y negativo", explica, y lo relaciona con la condonación de la deuda, algo de lo que reniega como economistas porque "crea precedentes".

Pero, además, como señala Ana Herrero, profesora de Economía en la Uned, no existe ninguna "justificación teórica o técnica" para repartir a partes iguales el déficit. Lo normal, explica, es distribuirlo "teniendo en cuenta las competencias que tiene cada nivel de gobierno y, en su caso, las necesidades de endeudamiento".

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Por el lado del gasto, la cuenta es clara. En 2023, el gasto consolidado de las CCAA fue de 241.150 millones de euros. Ese año, los desembolsos del Estado alcanzaron los 584.509 millones. Esta última cifra incluye los gastos de la Seguridad Social, que se situaron alrededor de los 200.000 millones de euros.

De hecho, en la senda de estabilidad el Gobierno establece una diferencia entre el déficit permitido a la Administración central (2,2%) y a la Seguridad Social (0,2%).

En este sentido, y viendo el nivel de gasto, sí puede aparecer cierto agravio al comprobar que el gasto de las comunidades es parecido al de la Seguridad Social, pero esta tiene permitido el doble de déficit. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que los desembolsos de este organismo se dan en todo el país, en tanto que los perceptores de sus prestaciones se distribuyen por todo el territorio.

Pero, además, Herrero señala que sólo el gasto "no es un criterio muy fino", en tanto que parte de los desembolsos del Estado se financian con su endeudamiento "y luego el Gobierno aplica políticas de estabilización". Por ejemplo, durante los primeros años de la Gran Recesión, "el Estado se reservaba una parte más grande [del déficit] porque se estaba endeudando para luego prestar a las comunidades autónomas".

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En cuanto a los efectos, la profesora de Economía de la UNED indica que un reparto a partir iguales del déficit "restaría capacidad de financiación" al Estado. "Otra cosa sería que la Administración central decidiera aumentar el techo de déficit autonómico y, al mismo tiempo, dejar de prestar a las CCAA a través de los fondos de liquidez", apunta Herrero. De esa forma, "habría cierta compensación".

En cualquier caso, sentencia, lo importante sería que existieran "unas reglas claras de reparto [del déficit] entre niveles de Administración, que no han existido nunca". Porque si bien el Gobierno se reúne con comunidades y ayuntamiento, la acción es meramente consultiva y "no hay ninguna norma ni un protocolo de Hacienda que explique cómo se reparte el techo de déficit".

Eso, a la postre, supone que las CCAA y los ayuntamientos "tienen más difícil planificar sus cuentas en el medio y largo plazo, porque desconocen cómo se les va a repartir el techo de déficit en los años siguientes".

Lo ideal, por tanto, no es un reparto ni a partes iguales, ni a tercios, ni a cualquier proporción que sólo siga criterios políticos. Para los expertos en la materia, la solución pasa por un mecanismo técnico que permita conocer las necesidades de cada administración y repartir los objetivos de déficit de acuerdo con las mismas.