María Jesús Montero, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda.
Menos deducciones fiscales y más impuestos 'verdes' : así quiere captar el Gobierno los 4.700 M prometidos a la UE
- El Ejecutivo se ha comprometido a una reforma fiscal con Bruselas que tiene que estar en vigor ya en el 2025.
- Más información: El Gobierno hará un ajuste de 50.000 M para cumplir con la UE y empezará en 2025 con una subida fiscal de 4.700 M
Se viene reforma fiscal, y de manera inminente. El Gobierno se ha comprometido en el Plan Fiscal y Estructural enviado a Bruselas a ejecutar cambios en la política tributaria en 2025 que permitan recaudar más de 4.700 millones de euros adicionales. De hecho, es una de las condiciones que tiene que cumplir España para poder recibir el quinto pago de fondos Next Generation. Por ahora, el Ministerio de Hacienda no da detalles de los cambios que se vienen, aunque todo parece indicar que se llevarán a cabo eliminando deducciones fiscales y elevando la fiscalidad medioambiental.
Por ahora, la escasa información que hay proviene del Ministerio de Economía, Comercio y Empresas. De hecho, fue su titular, Carlos Cuerpo, el que ha desvelado a través del Plan Fiscal y Estructural que habrá reforma fiscal y ha desgranado algunos escasos detalles.
Entre ellos, que la reforma incluirá la consolidación y permanencia de las tasas extraordinarias a las empresas eléctricas y a la banca (aunque esto no significará recaudación adicional respecto a 2024).
También que se finiquitará la tramitación del tipo mínimo del 15% para grandes multinacionales, que ya cuenta con todos los avales necesarios del Consejo de Ministros. Con todo, esta medida está atascada en el Congreso.
Más allá de esto, el Gobierno ha concretado poca cosa. El Plan Fiscal Estructural sólo recoge que "se aprobarán medidas tributarias para hacer el sistema tributario más efectivo" con el objetivo de "incrementar los ingresos, apoyar la transición energética y promover la equidad". Y "se adoptarán sobre la base de las recomendaciones del Comité de Expertos y del grupo de trabajo sobre el impacto de los beneficios fiscales".
De esta manera, todo hace pensar que, por un lado, se van a suprimir, o limitar, las deducciones fiscales. Se trata de una medida que va en la línea de lo que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) recomendó al Gobierno en 2020.
España deja de ingresar, anualmente, más de 60.000 millones euros por los beneficios fiscales. Y lo que la AIReF y otros órganos como el Consejo de Economistas recomiendan acotar son los tipos reducidos y superreducidos de IVA.
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Concretamente, su argumento es que este beneficio fiscal no es eficiente a nivel redistributivo puesto que favorece, especialmente, a las clases que más consumen, que son las medias y altas, pero no las bajas, sobre todo en el campo de la hostelería.
Puede que ya estemos en el momento económico preciso para abordar este cambio. De hecho, en su momento, la AIReF indicó que había que esperar a la recuperación de la economía para aplicar el recorte de los beneficios fiscales.
Puede que ya haya llegado el momento, también, de recuperar las recomendaciones del Comité de Expertos, a las que también alude el Plan Fiscal y Estructural. Unos consejos recopilados en el Libro Blanco de la Reforma Fiscal y que se quedó en el cajón en 2021 por la crisis de preciso desatada por la guerra en Ucrania.
Dentro de las medidas recogidas por este manual, había varias para acelerar la transición energética e incrementar la recaudación, no exentas de polémica. Particularmente, la de igualar la fiscalidad del diésel con la de la gasolina, como viene reclamando desde hace años la Comisión Europea a España.
Carlos Cuerpo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Sin embargo, los expertos de Montero también recomendaban elevar, en general, la tributación de los hidrocarburos para, precisamente, financiar desde el punto de vista público la transición energética.
Finalmente, dentro de la reforma fiscal está claro que habrán incrementos tributarios a las rentas altas. Cabe recordar que fue uno de los compromisos que anunció Pedro Sánche en septiembre, que prometió "gravar fiscalmente a quienes ya tienen en el banco suficiente dinero para vivir cien vidas".
La clave es cómo se ejecutará. Con subidas en el IRPF para poblaciones con rentas altas, elevando la fiscalidad del ahorro... Ahí quedan las incógnitas.
Desde el punto del Gobierno, hay espacio tributario para nuevas medidas fiscales o subidas impositivas. El ministro Cuerpo afirmó este martes que España tiene margen con respecto al promedio europeo de presión fiscal, lo que da "recorrido para poder realizar medidas o reformas en materia de ingresos sin por ello dañar el crecimiento".
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En cualquier caso, los ingresos tributarios de 2025 subirán incluso sin reforma fiscal. El Gobierno ya ha dejado caer que no tiene planeado prorrogar más las medidas activadas por la crisis de precios, como el rebaja del IVA de los alimentos o las bonificaciones de determinados impuestos energéticos.
El problema al que se va a enfrentar la reforma fiscal es el mismo que ya afronta el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2025. El Gobierno debe recabar apoyos parlamentarios suficientes, algo que cada día parece más complicado, sobre todo en el ámbito fiscal.
En este caso, las posturas entre los socios de PSOE y Sumar (incluso entre los dos partidos de la coalición) están muy alejadas. Esta es la razón por la que, por ejemplo, el Ejecutivo no descarta que el carácter permanente para los tributos de eléctricas y banca se apruebe entrado 2025.
