Los otros socios de Sánchez amenazan el pacto con Junts y PNV para suavizar el impuesto a la banca y quitar el energético

Concretamente, Sumar, ERC, Bildu y Podemos están en contra de las enmiendas pactadas, que se están tramitando en el proyecto de ley para garantizar un mínimo de tributación de las multinacionales. Estos partidos aseguran que seguirán negociando con los socialistas durante el trámite parlamentario, pero parten de una posición que haría caer ese acuerdo entre socialistas y Junts.

En el otro lado del espectro, el Gobierno tampoco puede contar con los votos de PP y Vox y, por tanto, a día de hoy se arriesga a una derrota parlamentaria que sería sonora al tratarse de una materia fundamental.

La reforma fiscal sufre su primer tropiezo sin haber echado a andar

Sumar asegura que su posición es la de hacer permanentes los impuestos a las energéticas y también el de la banca y así se lo han trasladado reiteradamente al PSOE. Explican que, de hecho, esos impuestos están en el acuerdo de investidura de Pedro Sánchez.

Fuentes de Sumar añaden datos para sustentar su posición como que "las cinco eléctricas más grandes han ganado 7.770 millones de euros en el primer semestre de 2024, ya con el impuesto ya activo".

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Detallan que estas empresas han ganado "un 12% más que en 2022 con la crisis de Ucrania cuando los precios se dispararon, que la presión fiscal en nuestro país sigue entre cuatro y cinco puntos por debajo de la media de la eurozona; que hay margen para subir impuestos a las grandes empresas. Hace días salió otro estudio que apuntaba que la mayor parte de la inflación es causa de los beneficios empresariales y que hay que mandar un mensaje de justicia fiscal".

Por su parte, Bildu y ERC han presentado sus enmiendas de forma conjunta y detallan que sus votos "nunca estarán al servicio de quienes pretenden acabar con una medida de sentido común como son los impuestos a la banca y a las energéticas, los cuales la sociedad vasca y catalana comparten en su mayoría y que, por tanto, no entenderían su retirada".

Mertxe Aizpurua y Gabriel Rufián, portavoces de EH Bildu y ERC en el Congreso. Alejandro Martínez Vélez / Europa Press

En las enmiendas presentadas este miércoles a la transposición europea sobre el Impuesto de Sociedades, han abogado por mantener dichos impuestos y aumentar el tipo impositivo a banca y energéticas. Por lo tanto, "la permanencia de estos impuestos se someterá a debate y votación en la Comisión de Hacienda del Congreso, por lo que todos los grupos parlamentarios tendrán que expresar y fijar su posición al respecto", aseguran.

Concluyen que "todos los partidos tendrán que decidir si aspiran a tener un modelo fiscal a la madrileña o un modelo fiscal asimilable a los países más avanzados de Europa, en el que quien más tiene más aporta para poder mantener servicios públicos universales de calidad".

La cuestión es que el Gobierno no sólo no tiene intención de mantener el impuesto a las empresas energéticas, sino que rebajará el efecto que puede tener el de la banca. Para empezar, según las enmiendas propuestas por el Grupo Socialista (representante del Ministerio de Hacienda) será temporal y aplicable sólo durante tres años seguidos a partir de este mismo 2024. 

Si saliera adelante, se dedicará a gravar el margen de interés y comisiones que obtienen las entidades de crédito y las sucursales de las entidades extranjeras en España por la actividad que desarrollan en nuestro país. 

Tipo progresivo

El tipo del impuesto tendrá un carácter progresivo (del 1% al 6% en función de la base liquidable) y permitirá la deducción del 25% de la cuota de Sociedades. Además, se establecerá una deducción extraordinaria en el caso de que las entidades sufran un descenso sostenido de su rentabilidad.

Además, los territorios forales podrán bonificar libremente el tributo, generando una suerte de dumping fiscal autonómico en el sector financiero.

Eduardo Parra Europa Press

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Pero el nuevo impuesto temporal a la banca no será la única medida fiscal que quieren ejecutar los socialistas, y para la que necesitan el respaldo (y el voto) de los socios de investidura de Pedro Sánchez. Como ya ha contado este periódico, el Ministerio de Hacienda quiere ejecutar una suerte de reforma fiscal en 2025 (ya comprometida con Bruselas) y que incluye una batería de subidas tributarias. 

Entre las más llamativas está la equiparación fiscal del diésel con la gasolina, una medida que implicará subir el precio de gasóleo. Con todo, esta iniciativa no se aplicará al gasóleo profesional. 

Además, se elevará la tributación de los cigarrillos y otros tipos de tabaco. Y se creará un impuesto para gravar los líquidos y la nicotina que emplea los vappers y los cigarrillos electrónicos.

Se persigue, también, incrementar los impuestos de los grandes patrimonios con una subida de un punto a la tributación de las rentas del capital superiores a 300.000 euros (pasa del 28% al 29%) en el IRPF.  

Fernando Sánchez / Europa Press.

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Sin embargo, todas estas medidas, presentadas como enmiendas en el correspondiente proyecto de ley, todavía tienen que ser votadas en la Comisión de Hacienda y, luego, en el Pleno del Congreso. Será entonces cuando se verá si la reforma fiscal fructifica o el Gobierno colecciona otra derrota parlamentaria.