María Jesús Montero, Yolanda Díaz y Félix Bolaños charlan con José Luis Ábalos.
Hacienda prepara ahora medidas fiscales para evitar fraudes en hidrocarburos como el de la trama de Aldama
- Se trata de una batería de iniciativas introducidas entre las enmiendas que forman parte de la reforma fiscal.
- Más información: El Gobierno 'cuela' una reforma fiscal con subidas para el diésel, el IRPF, el tabaco, el cigarrillo electrónico y el IVA a los 'Airbnb'.
A principios de octubre, Víctor de Aldama, uno de los comisionistas y protagonistas del caso Koldo (que aborda el supuesto cobro de comisiones ilegales por la concesión de contratos públicos), fue detenido por su implicación en una trama de fraude fiscal en el sector de los hidrocarburos que se embolsó 182 millones de euros. Sin embargo, el caso de Aldama es sólo la punta del iceberg de un problema que viene de lejos y al que, ahora, quiere poner solución el Ministerio de Hacienda.
El departamento que dirige María Jesús Montero ha puesto sobre la mesa una batería de medidas para poner coto a este tipo de fraude fiscal. Unas iniciativas que ha propuesto como parte de la reforma fiscal que se está tramitando ya en el Congreso.
Las propuestas persiguen poner fin a un tipo de elusión fiscal (concretamente del IVA y del Impuesto Especial de Hidrocarburos, con biocarburantes) que viene de lejos y que es frecuentemente denunciada por el sector de los combustibles. Algunas comercializadoras se aprovechan de forma ilícita de huecos en el sistema generando una pérdida de recaudación que en 2023 se valoró en unos 3.000 millones de euros.
En el caso del IVA (que es el tipo de fraude más frecuente), las comercializadoras se emplean como empresas pantalla o missing traders, comprando el carburante sin pagar IVA (el sistema no obliga a hacerlo hasta que el combustible se haya vendido). Después, venden el carburante con IVA a los distribuidores minoristas, pero no abonan el impuesto que corresponda y se embolsan esta cantidad.
Cuando Hacienda localiza estas comercializadoras (o empresas intermediarias), ya han desaparecido o cerrado sin liquidar sus obligaciones fiscales. La empresa que finalmente comercializaba el carburante puede, además, reclamar la devolución del IVA, generando pérdidas al fisco.
Por ello, el Ministerio de Hacienda quiere lograr un mayor control sobre estos comercializadores, atándoles en corto, por así decirlo.
En las enmiendas propuestas por el Grupo Socialista en el Congreso (por indicación del equipo de Montero), el Ejecutivo propone que la declaración o liquidación del IVA para estas comercializadoras (que tienen que figurar en un registro de depósitos fiscales) sea mensual en vez de anual, como está tipificado ahora mismo.
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"Esta medida va a permitir conocer en tiempo casi real las operaciones efectuadas por estos sujetos pasivos para facilitar su control", precisan los socialistas.
Por otro lado, la identificación de las comercializadoras se va a cambiar y reformular. Las empresas que quieran llevar a cabo esta actividad de intermediación (importar combustibles de mayoristas para vendérselo en España a pequeños distribuidores) y operar en este sector tendrán que tener o cumplir, al menos, una de las siguientes tres condiciones, según la propuesta del Gobierno.
La primera, ser un operador económico autorizado a efectos de la normativa aduanera de la Unión Europea.
La segunda, "constituir y mantener una garantía que garantice el ingreso
del IVA correspondiente a las entregas". Es decir, adelantar el pago del impuesto.
Operador confiable
Finalmente, existe una tercera fórmula para poder operar como comercializadora. Se trata de ser un "operador confiable reconocido por la Administración tributaria".
Es una condición que sería de nueva creación. "Será reconocida a los sujetos pasivos inscritos en el registro de extractores que tengan un volumen mínimo de extracciones durante el año anterior y hayan realizado operaciones al por mayor durante los tres años anteriores, siempre que, además, quede acreditada su solvencia financiera".
Además, estos operadores confiables tendrán que presentar garantías "del 110% de la cuotas del IVA correspondiente a las operaciones devengadas en los meses anteriores a la extracción de los productos", aunque no se concreta el plazo. Estas garantías podrán constituirse "mediante aval de entidad de crédito o pago a cuenta".
Será el Ministerio de Hacienda el que regulará esta figura y el registro en el que tendrán que inscribirse todas las empresas o entidades que quieran operar bajo esta denominación.
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Por otro lado, también hay medidas específicas para impedir la elusión fiscal del Impuesto de Hidrocarburos cuando se empleen productos distintos a los autorizados para hacer "carburantes de diseño".
Cabe recordar que estas medidas son enmiendas, propuestas por el Grupo Socialista, en el proyecto de ley para que las multinacionales tributen al menos un mínimo a través de un impuesto complementario. Es decir, todavía se tienen que debatir y aprobar en la Comisión de Hacienda y en el Pleno del Congreso.
A falta de saber qué opinarán el resto de los partidos (no se espera gran oposición), empresas como Repsol ya avalan la medida. Josu Jon Imaz, su consejero delegado, apoyó la medida en la presentación de resultados de este jueves.
