El Gobierno abre la puerta al 'dumping' fiscal en el impuesto a la banca pero sólo a favor de País Vasco y Navarra
- El impuesto a la banca se podrá concertar con las haciendas forales. Y todo parece indicar que el energético, si sale adelante, también.
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Finalmente, habrá impuesto a la banca en 2025 después de recibir la luz verde del Congreso. El tributo es controvertido, igual que el energético (que el Gobierno se ha comprometido a aprobar en el futuro), al destinarse a castigar fiscalmente a un sector concreto. Pero hay más madera para la hoguera de la polémica, puesto que su diseño permitirá el dumping fiscal de las haciendas forales. Es decir, País Vasco y Navarra.
El impuesto a la banca viene a sustituir al gravamen extraordinario y se tendrá que concertar con las haciendas forales. Entrará dentro del sistema fiscal soberano de vascos y navarros, que es lo que venía reivindicando PNV para dar luz verde al tributo.
De esta manera, País Vasco y Navarra tendrán capacidad para decidir si bonifican o no este tributo y en qué medida, una posibilidad de la que no dispondrán el resto de las autonomías, puesto que no tendrán competencias para ello (aunque la recaudación que se obtenga se repartirá entre todas las regiones).
Así, los territorios forales disfrutarán de una ventaja competitiva respecto al resto de las autonomías, ya que podrán ofrecer una fiscalidad inferior y atractiva para agentes del sector financiero en otros puntos de España.
El Estado también concertará con las haciendas forales el impuesto complementario a las grandes multinacionales, con el que se pretende lograr una tributación mínima de estas grandes empresas.
Esta era una de las principales reclamaciones de PNV para apoyar el impuesto a la banca. Sobre todo porque el gravamen que había hasta ahora no era concertable, gestionable o bonificable por País Vasco y Navarra.
La misma reclamación pesa en el caso de un eventual tributo a las empresas energéticas. Pero aquí la situación es más complicada.
Para empezar, por los apoyos. A diferencia de en el caso de la banca, Junts no quiere un impuesto a las energéticas bajo el argumento de que pondría en riesgo inversiones en Cataluña, pese a que el Ministerio de Hacienda asegure que habrá bonificaciones para las empresas que inviertan en descarbonización.
Sin embargo, impulsar este impuesto forma parte de los pactos que cerró el PSOE para sacar adelante el tributo a las entidades financieras. Parte de dichos acuerdos fue también que, si la nueva figura fiscal no se logra cerrar antes de enero, se prorrogue a 2025 el gravamen a las energéticas con un real decreto-ley.
Pero se trata de un decreto-ley con escasos visos de prosperar y ser avalado en el Congreso. No sólo por el más que probable rechazo de Junts, sino porque PNV no accederá a un gravamen que no puede introducir en el concierto vasco.
En cualquier caso, País Vasco ya ha pedido la convocatoria de la comisión negociadora con el Estado para abordar la cuestión de los impuestos a la banca y a las multinacionales. Navarra todavía no ha dado el paso. Y, ante la situación, el resto de las regiones ya protestan.
Este es el caso de Andalucía. En la entrevista concedida a EL ESPAÑOL-Invertia, Carolina España, consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos protesta por "la injusticia que se está creando, porque habían prometido a un grupo de partidos que iban a prorrogar durante un año más el impuesto a las energéticas, pero a otros, como a Junts, les habían prometido que no lo iban a hacer".
Así, la consejera considera que "darle al PNV, al País Vasco, la posibilidad de bonificar este impuesto a las energéticas, con lo cual las empresas podrían irse allí en caso de que así fuera... Hay una discriminación absoluta. Es una injusticia, una falta de igualdad de territorio, de solidaridad, de falta de igualdad entre los españoles".
Una posibilidad de dumping que sí que va a existir en el caso del impuesto a la banca. Veremos que si esta discriminación fiscal llega a las energéticas... si el impuesto sale adelante, claro.