Pedro Sanchez tendrá que avanzar en la quita a las autonomías y en el concierto económico y fiscal con Cataluña
- Ambas medidas tienen un camino complicado, han recibido numerosas críticas y tendrán que ser aprobadas en el Congreso.
- Más información: Extender el acuerdo de Illa con ERC al resto incrementaría en casi 50.000M la deuda del conjunto de los españoles
El Gobierno todavía tiene que pagar por los apoyos a la investidura de Pedro Sánchez y a la de Salvador Illa. Y 2025 va a ser cuando lo haga. Antes de que termine el año, los socialistas deben haber encontrado y aprobado fórmulas para ejecutar la condonación de deuda pública a las comunidades autónomas y para avanzar en el concierto económico de Cataluña.
Ambas medidas vienen de sendos acuerdos entre el PSOE y ERC. El primero, en 2023, fue el que facilitó los votos de los republicanos a favor de que Pedro Sánchez se quedara otra legislatura en La Moncloa a cambio de una importante quita de la deuda de Cataluña con el Estado a través del Fondo de Liquidez Autonómica, entre otras medidas.
Concretamente, se condonará el 15% de dicha deuda, que equivale a unos 15.000 millones de euros. Con todo, los socialistas han asegurado (se recoge también en el acuerdo) que la medida no se quedará sólo en Cataluña, sino que se trasladaría a todas las autonomías.
La idea es compensar a las regiones por los graves problemas económicos que atravesaron la década pasada (que afectaron a su liquidez y a la prestación de servicios públicos) y que puedan volver financiarse a los mercados privados para buscar financiación.
Sin embargo, el único caso en el que está claro cuánta cantidad de deuda se va a condonar es Cataluña. Por ahora, el Ministerio de Hacienda, que es el que va a aplicar esta medida, no ha revelado el método de cálculo para decidir de cuánto será la quita en cada territorio.
La clave es que la fórmula de Cataluña, con muy alta dependencia del FLA, no sirve para Madrid, por ejemplo, que no ha recurrido este fondo de liquidez estatal.
La idea de Hacienda en 2024 era la de pactar con cada territorio cómo abordar este medida. Sin embargo, finalmente, se ha decidido abordar de manera colectiva. Para ello, el Gobierno convocará en enero al Consejo de Política Fiscal y Financiera.
La quita es una medida controvertida. Aunque se halle una fórmula que compense a todos los territorios de manera equivalente, entes de análisis como la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) alertan de que esta iniciativa no hace sino fomentar la desobediencia fiscal de los territorios. Es decir, promueve el descontrol en cómo manejan sus finanzas.
Con todo, más controvertida es, si cabe, la cesión que acordaron los socialistas con ERC a finales de julio para sacar adelante la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat: que Cataluña tenga su propio concierto económico (con su correspondiente cupo o cuota de solidaridad) que le permita gestionar todos los impuestos que se cobran en su territorio.
Lo más inmediato es el IRPF. Ya en 2026 tendrá que ser la Agencia Tributaria de Cataluña la que gestione la Declaración de la Renta de los contribuyentes catalanes correspondiente a 2025. Por tanto, la activación de los mecanismos legislativos no puede pasar de este año.
El concierto en Cataluña ha provocado un fuerte terremoto en la sociedad española, con numerosas críticas poniendo en duda incluso la constitucionalidad de la iniciativa. Más allá de cómo quede el cupo catalán, expertos de FEDEA y Funcas, por citar dos think tanks coinciden en el daño que puede sufrir el sistema de financiación autonómica, el modelo de reparto, la solidaridad interautonómica e incluso la calificación crediticia de la deuda soberana española.
En este sentido, los economistas, incluidas personalidades del ámbito de Yolanda Díaz, insisten en que la iniciativa agravará las inequidades entre ciudadanos de distintas autonomías, dañará la justicia fiscal y, además, puede suponer una tentación para otras regiones, que pedirán las mismas condiciones. ¿Por qué no un concierto balear o uno madrileño?
Por otro lado, la Asociación de Inspectores de Hacienda alerta sobre los efectos directos del concierto en el manejo de los impuestos. Apuntan que puede llevar a un incremento del fraude fiscal y que romperá el sistema de caja única y el de información tributaria, que es básico para hacer las devoluciones de renta, los censos tributarios y comprobar las actividades económicas.
Además, estos funcionarios protestan porque el necesario reforzamiento de la Agencia Tributaria Catalana obligará a traslados forzosos de personal de la Agencia Tributaria estatal, que a su vez perderá efectivos para hacer su labor.
En cualquier caso, tanto la quita como el concierto catalán van a necesitar ser aprobados en el Congreso (y cambios en varias leyes, en el segundo caso). Por tanto, el Gobierno tendrá que lograr los consensos parlamentarios que tan difíciles están siendo de conseguir en la última legislatura.
Así, la situación financiera de las autonomías volverá a estar en el centro de la actualidad política este año. ¿Se ejecutará o se avanzará en la reforma del sistema de financiación regional que lleva tantos años aparcado? Quién sabe. Todo dependerá de si PSOE y PP están por la labor de llegar a un acuerdo al respecto. Y no parece ser así.