Cristina Herrero, presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).
La AIReF carga contra la quita de deuda a las autonomías: exige condiciones y limitar el dinero que reciben
El órgano de supervisión fiscal considera, además, que hay que introducir otras variables en la condonación de deuda prevista por el Ministerio de Hacienda.
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En el movido Consejo de Política Fiscal y Financiera no participaron sólo el Ministerio de Hacienda y las comunidades autónomas. También estuvo presente la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal y Financiera (AIReF).
En la cita, y ante el auditorio que quedó tras el plante de las regiones del Partido Popular, Cristina Herrero, presidenta de la institución, expresó sus dudas respecto a la condonación de la deuda autonómica propuesta por el Gobierno central.
Reclamó que, si la medida se lleva a cabo, se establezcan condicionalidades para ello y se limiten las transferencias del dinero que el Estado envía a las regiones.
De hecho, la AIReF, en una nota informativa, expresa sus reservas contra la medida. Considera que la condonación es, en la práctica, una reestructuración de la deuda autonómica. Critica también la metodología empleada por Hacienda para llevarla a cabo, y que no vaya conectada a la reforma de la financiación de las regiones.
El ente de autoridad fiscal considera que esta medida no va a ser suficiente para poner fin a los problemas de liquidez y fondos de las regiones.
Eso sí, reconoce que la condonación puede posibilitar que algunas de ellas puedan acudir a financierse a los mercados.
En este contexto, la AIReF apunta a que la quita de deuda puede servir para forzar a las comunidades autónomas a obedecer las normas fiscales.
Para conseguirlo solicita que esta operación "lleve aparejada una condicionalidad fiscal". Hay dos motivos para ello. El primero, "los problemas de azar moral que rodean a este tipo de operaciones". El segundo, "la necesidad de reforzar las garantías de cumplimiento de las reglas fiscales".
En este sentido, AIReF recuerda que las comunidades autónomas 'pasan' de los límites de gasto que establece la normativa en sus reglas.
Para ello pone 2024 como ejemplo. Pese a que el aumento del gasto de las autonomías estaba limitado al 5,3%, los cálculos de la AIReF indican que podría haber subido un 7% de media. En algunas comunidades autónomas, el incremento sería incluso de dos dígitos.
Ante este escenario, la autoridad avisa de que "no está de más reforzar el cumplimiento de las reglas fiscales con una condicionalidad fiscal asociada al proceso de condonación de deuda toda vez que, además, el fondo de liquidez autonómico no desaparece", como ya contó este periódico.
En este sentido, la AIRef también reclama aplicar otra medida en el marco de la quita de deuda: limitar el incremento de los ingresos autonómicos, entendidos como transferencias del Estado.
La AIReF pide aplicar esta medida en el periodo o año en el que se haga efectiva la condonación. ¿Por qué? Hay dos razones. Por un lado, supone otra fórmula para que las regiones contengan su gasto público, dado que no respetan las reglas fiscales, como ya se ha comentado anteriormente.
Por el otro, el ente que dirige Cristina Herrero alerta que la condonación se entendería, en términos de contabilidad nacional, como un ingreso de las comunidades autónomas (y un gasto del Estado). Y ello va a llevar a que se descuadren, todavía más, las cuentas de ambas administarciones.
Metodología
Una quita de deuda que, en su metodología, no comparte el ente que dirige Cristina Herrero. O al menos en parte de ella.
Concretamente, La AIReF critica que se premie a las regiones que hayan elevado su IRPF como muestra de esfuerzo fiscal. "Parece un enfoque muy parcial".
La Autoridad defiende que se tienen que valorar los esfuerzos de las regiones tanto en el lado de los ingresos como en el de los gastos.
En este caso, reclama emplear la variable del gasto computable, entendido como el gasto neto de medidas ingreso, y así poder recurrir a ambas opciones.
Por otro lado, la AIReF admite que "la condonación supondrá un ahorro en intereses que implica una reducción del déficit de las autonomías y un incremento en el de la Administración Central".
Sin embargo, el ente recuerda que "los intereses no se incluyen en el cálculo de gasto computable a efectos de la regla de gasto". Es decir, que el ahorro en esta materia no implica que haya más margen para invertir en otras políticas públicas como Educación o Sanidad.
