Bajo la lupa, en sentido estricto. La Comunidad de Madrid ha vigilado muy de cerca a los conductores de la plataforma para compartir coche BlaBlaCar. Así se desprende del informe reclamado por el juez tras la petición de la defensa de la patronal del autobús en el proceso judicial. El documento confirma: trece de los usuarios fueron parados e identificados por la Policía Municipal de Madrid durante uno de los trayectos.

Este informe tiene su origen en un movimiento ‘in extremis’ de Confebús durante el juicio el pasado mes de mayo. La organización presentó al juez un expediente abierto por la Comunidad de Madrid a la compañía gala por no suministrar información sobre usuarios. Ante ello, el magistrado encargó un informe de la administración sobre ese documento y si realmente puede servir para probar la “vulneración de normas” en una actividad como el transporte y, por ende, la competencia desleal.

El documento ya está sobre la mesa del juez. Éste ha otorgado veinte días para que las partes redacten sus conclusiones del caso para dejar el juicio finalizado y dictar una sentencia que podría estar lista durante el próximo mes de septiembre, según estiman fuentes cercanas al caso.

Meses de peticiones

El informe, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL y que está firmado por el director general de Transportes de la Comunidad de Madrid, relata unos hechos que arrancan en noviembre de 2015. Transportes reclama información de usuarios que llevan a cabo “determinados servicios detectados en ruta por los agentes de la Policía Municipal de Madrid”.

Un tiempo después, Transportes decidió abrir un expediente sancionador contra la filial española de la empresa francesa por “obstrucción a la labor inspectora” al no aportar la documentación reclamada. El importe: 4.600 euros.

La sancionada decidía presentar alegaciones. En febrero, la Comunidad vuelve a hacer un requerimiento de información respecto a servicios de transporte llevados a cabo en un periodo posterior. Es sustituido por uno en abril, en el que en lugar de identificar los servicios por la matrícula de los vehículos, Transportes lo hace a través de los nombres de los conductores y el día de su realización.

Tras este último requerimiento, la empresa entregó documentación, Transportes consideró que no era suficiente. Y el 12 de mayo se lleva a cabo una ampliación de esa petición: ahora se pide que acredite todos los servicios realizados desde el 1 de enero hasta el 30 de abril “por los mismos 13 conductores identificados con nombre y apellidos, matrícula de vehículo y origen y destino, a través de la plataforma de BlaBlaCar”.

El director general de Transportes confirma en el informe que en la actualidad se está a la espera de recibir toda la documentación. El expediente sancionador por tanto sigue abierto.

¿Una prueba definitiva?

La existencia de este informe es el clavo al que se agarran desde Confebús. Su defensa entiende que la sanción por la obstrucción a la labor inspectora es una demostración de que existe una actividad de transporte por parte de BlaBlaCar.

“La infracción de normas en una actividad concurrencial es ya competencia desleal”, explicó José Andrés Díez, el abogado de la declaración, tras el juicio en mayo. ¿La respuesta por parte de la denunciada? Consideran que no se trata de una sanción por actividad de transporte en sí y su relación con el caso que se trata en el juzgado es nula. Sea cual sea el resultado, BlaBlaCar lo tiene claro: llegará hasta el final en caso de tener una sentencia negativa que lleve a la suspensión de su servicio.

¿Y los plazos del juicio?

Este informe y su tramitación ha acarreado un retraso significativo del proceso juidicial. La defensa de Confebús esperaba que a principios de este mes de junio se pudiera conocer el dictamen final del magistrado. Pero no ha sido así.

A mediados de julio se entregarán las conclusiones de ambas partes. Y será el juez el que tenga que preparar todo para dictar sentencia. Ésta, con toda probabilidad, no llegará hasta después del parón de agosto.

Otros dos casos pendientes

BlaBlaCar es la primera de las empresas de transporte alternativo que tiene que verse las caras con el juez. La otra que también prepara su defensa es Cabify. Su juicio ya está fechado. Será el próximo día 20 de julio.

La última será Uber. La compañía estadounidense tiene pendientes dos procesos judiciales. Uno en Madrid y otro en Barcelona. El último está a la espera de que un juez del Tribunal Superior de la Unión Europea (TJUE) se pronuncie sobre si la empresa se rige como empresa de transporte o como plataforma digital.