Es la isla de los inmigrantes que buscan entrar en Australia. También de los habitantes más gordos del mundo, según la OMS. La República de Nauru y Manus (Papúa Nueva Guinea) acogen dos de los centros de detención de inmigrantes más importantes del Gobierno de Australia, que en 2012 externalizó tanto la ubicación (fuera de sus fronteras) como su gestión, que desde 2010 está en manos de la empresa australiana Broadspectrum (antigua Transfield Services) que desde abril es propiedad española.
En concreto, del Grupo Ferrovial, que cerró la compra del 100% de esta compañía dedicada a la ingeniería, la construcción, pero también a la gestión de servicios para la Administración como agua, basuras, electricidad o seguridad. La constructora de los Del Pino, dueña de los principales aeropuertos británicos, llevaba más de un año deseando hacerse con esta empresa de las antípodas que ahora le está generando la peor campaña de imagen posible.
Una filtración al diario británico The Guardian, publicada este miércoles, desvela más de 2.000 denuncias de torturas, violaciones y abusos sexuales en niños y mujeres en el centro de Nauru por parte de guardias de seguridad, ciudadanos locales y otros internos. Los documentos confirman las denuncias presentadas tiempo atrás por organizaciones defensoras de derechos humanos sobre lo que ocurría en estas islas con los inmigrantes ilegales, deportados y demandantes de asilo en Australia.
Por contrato, los gestores de los centros de detención deben informar los incidentes que se producen allí y The Guardian tuvo acceso a miles de ellos escritos entre mayo de 2013 y octubre de 2015. Según un informe de Human Right Watch (HRW) y Amnistía Internacional (AI), más de 1.200 solicitantes de asilo que fueron transferidos por Australia a Nauru han sido víctimas de abusos graves, trato inhumano y negligencia.
“Todos los supuestos incidentes -independientemente de su veracidad- se registran y transmiten a todas las partes interesadas, incluidos el Gobierno de Nauru, el DIBP y proveedores de servicios para dar una respuesta apropiada”, dijo la compañía australiana tras la publicación en la prensa de estos miles de casos.
Broadspectrum señala que que se toma “muy en serio todas las acusaciones” y ha transmitido esta información a la Policía de Nauru para su investigación, además de otros organismos como el Defensor del Pueblo de la Commonwealth, el Alto Comisionado para los Refugiados de la ONU, la Cruz Roja, así como al Departamento de Inmigración y Fronteras australiano (DIBP, por sus siglas en inglés).
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Un negocio de 7.500 millones
Ferrovial declinó realizar comentarios sobre la situación de estos centros de detención, si bien, hace un par de meses ya avanzó su intención de abandonar esta actividad pese a las cuantiosas cifras que mueve este contrato con el Gobierno australiano. “Dichas actividades no formarán parte de la oferta de servicios de Broadcom en el futuro”, zanjó la empresa.
No obstante, esta intención de dejar de operar los centros de inmigrantes iría en contra de los planes del equipo directivo local, que en una presentación a analistas en febrero se mostraba partidaria de seguir operando estos campos de personas. “Creemos que nuestra experiencia y sólida trayectoria en Nauru y Manus significa que deberíamos estar en buena posición para lograr el nuevo contrato de cinco años que se adjudicará a finales de este año”, dijo uno de sus ejecutivos.
El pasado febrero se prorrogó por doce meses más pese a las denuncias por la violación de los derechos humanos en estos campamentos y se espera que a finales de 2016 se licite de nuevo la gestión de este contrato. Según una presentación reciente de Broadspectrum, el mandato a cinco años para la construcción, mantenimiento y gestión de estas instalaciones está valorado en 10.800 millones de dólares australianos (unos 7.500 millones de euros).
Como informó este diario en diciembre, Ferrovial sabía a lo que se exponía cuando decidió entrar en la puja por Broadspectrum, que cambió su marca en 2015 debido al problema reputacional generado con los centros de inmigrantes. De hecho, su cotización en bolsa no ha dejado de caer en los últimos años y la compañía española ha intentado hacerse con la australiana a precios de saldo: elevó por tres veces el precio de su oferta de compra, que finalmente fue aceptada por el consejo de Broadspectrum como única salida para salir de sus crisis.
Desde 2007, el grupo había caído en bolsa más del 85%, hasta un valor en bolsa de apenas 700 millones de euros. La nueva filial de Ferrovial opera, además de en Australia, en mercados como Estados Unidos, Canadá y Chile en sectores como energía, minería, telecomunicaciones, mantenimiento de infraestructuras y también en su lado más oscuro como operador de centros de detención de inmigrantes por cuenta del Gobierno australiano.