La Unión Europea aprobó con gran fanfarria hace un año el fin de los recargos tarifarios por roaming desde junio de 2017. Se acabaron las facturas de teléfono desorbitadas tras las vacaciones. En teoría, a partir del próximo verano, los europeos podrán usar su móvil en toda la UE -para llamadas, mensajes o navegar por internet- al mismo precio que en su país de residencia.

Los dirigentes comunitarios no se han cansado de proclamar, entre múltiples crisis, que esta medida es el mejor ejemplo de los beneficios concretos que la construcción europea aporta a los ciudadanos. Rebajas de precios gracias a la mayor competencia en un mercado digital único. Pero cuando sólo faltan poco más de seis meses para que entre en vigor, el roaming gratis todavía está en riesgo por el enfrentamiento entre dos bandos liderados respectivamente por España y Dinamarca.

El motivo de la disputa es la última pieza que falta para la supresión de los recargos por roaming: la regulación de los precios mayoristas. Es decir, de las tarifas que Telefónica cobrará a los operadores nórdicos por el uso de su red cuando por ejemplo un ciudadano danés venga de vacaciones a España.

El Gobierno de Mariano Rajoy defiende unos precios mayoristas elevados que permitan a los operadores cubrir el coste del despliegue de redes para atender a los turistas. "España es una gran potencia turística, con 70 millones de visitantes, y lo que tenemos que conseguir es que los españoles no paguemos el teléfono de los demás", ha dicho el ministro de Energía y Telecomunicaciones, Álvaro Nadal. En el grupo liderado por España están otros países grandes como Alemania, Francia, Italia y ahora también Reino Unido.

El bando contrario lo dirige Dinamarca, que reclama una reducción sustancial de las tarifas mayoristas. De lo contrario, avisa, será imposible mantener los bajos precios de los que disfrutan los países nórdicos, se producirán distorsiones de competencia e incluso está en riesgo el roaming gratis, ya que puede darse el caso de que las tarifas mayoristas superen los actuales precios minoristas. Otros doce países comparten estas preocupaciones: Austria, Bélgica, Estonia, Finlandia, Irlanda, Letonia, Lituania, Holanda, Polonia, Rumanía, Eslovenia y Suecia.

España ha ganado la primera batalla. Los ministros de Telecomunicaciones acordaron el 2 de diciembre fijar el precio mayorista máximo en 8,5 euros por gigabyte. "Hemos llegado a un delicado equilibrio que queremos mantener", se felicitó Nadal. Pero la guerra continúa. El reglamento debe negociarse ahora con la Eurocámara, que se ha aliado con el bando de Dinamarca y defiende rebajar el precio a la mitad, 4 euros por giga.

No hay un mercado europeo

"El problema es que, a pesar de todos los avances, siguen existiendo 28 mercados nacionales de telecomunicaciones con características muy distintas", explica a EL ESPAÑOL la eurodiputada del PP Pilar del Castillo, que fue ponente en la legislación sobre el roaming. En general, los países nórdicos y bálticos disfrutan de precios mucho más bajos que los centroeuropeos o del sur, lo que hace que consuman un volumen de datos muy superior.

También difieren las necesidades de inversión en el despliegue de redes. Y los patrones de viaje son muy distintos. Hay una gran proporción de ciudadanos nórdicos que van de vacaciones a España y otros países del sur o a grandes ciudades como París, Londres o Berlín. Y estos desplazamientos no se producen en la dirección contraria. "Todo eso hace que los mercados sean muy distintos. Hay que buscar la línea de convergencia que permita a todos convivir con la solución", afirma Del Castillo.

En el caso de España, el tráfico mayorista de roaming en el mes más turístico es un 185% superior a la media anual y además localizado en menos del 2,5% de los municipios, según un informe remitido a Bruselas por la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) y que refleja la posición de las autoridades españolas. "Estos datos se traducen en la necesidad de llevar a cabo inversiones específicas para el servicio mayorista de itinerancia para unos pocos meses al año", afirma el estudio.

"Si no se distribuyen correctamente los costes, serán los usuarios domésticos los que sufragarán los sobrecostes de proporcionar el servicio de itinerancia a los usuarios visitantes. Es más, los operadores serán reacios a invertir en zonas no rentables, viéndose menoscabada la calidad del servicio", asegura la CNMC.

"La posición de España y otros Gobiernos que quieren mantener los costes mayoristas en los actuales niveles elevados pone en riesgo el fin del roaming", sostiene el portavoz de la Asociación Europea de Consumidores (BEUC), Johannes Kleis, en conversación con EL ESPAÑOL.

Los países nórdicos denuncian que el precio mayorista de 8,5 euros por giga "favorece a los operadores menos eficientes". Según sus cálculos, los costes del servicio mayorista de roaming no superan los 5 euros por giga en la mayoría de países miembros y son muy inferiores en los Estados con precios bajos. Alegan además que las redes existentes en los países del sur no alcanzan su máxima capacidad ni siquiera cuando el tráfico se duplica en verano, lo que desmiente la necesidad de más inversiones.

Restricciones a los usuarios

Este enfrentamiento entre España y Dinamarca ya ha tenido consecuencias en la propuesta de Bruselas para evitar "comportamientos abusivos" por parte de los clientes cuando entre en vigor el roaming gratis. El Ejecutivo comunitario quiere preservar la rentabilidad los contratos de datos ilimitados que predominan en los países nórdicos. Y por eso ha fijado topes al roaming de datos a los clientes que tienen este tipo de contratos, y que no podrá navegar de forma ilimitada cuando viajen al extranjero.

Según el plan de Bruselas, las compañías pueden pedir a sus clientes que demuestren que viven o tienen vínculos estables con un determinado país antes de incluir la opción de roaming gratis en su contrato. La Comisión insiste en que el roaming es para viajeros y no puede convertirse en permanente. Quiere impedir un tráfico de tarjetas SIM desde los países miembros con precios más baratos a los que tienen precios más caros.

Si durante un periodo de 4 meses, los datos de facturación de un usuario sugieren que ha estado más en el extranjero que en su país de residencia y que ha consumido más datos mientras viaja por la UE, la operadora le mandará un mensaje de advertencia y podrá imponer un recargo por "comportamiento abusivo".

Pero incluso con estas salvaguardas, el roaming gratis en junio de 2017 no será posible sin un compromiso en las próximas semanas que permita superar la brecha entre España y Dinamarca. Del Castillo es optimista y ve posible el acuerdo en enero, a tiempo para que los operadores puedan prepararse.

"Estoy convencida de que se llegará a un acuerdo a comienzos de año y a partir de ahí está todo hecho. La desaparición de los costes de roaming será ya una realidad, como está acordado, en junio de 2017", señala la eurodiputada del PP.