Lo intentó por todos los medios, pero no logró una respuesta de los inversores. El plan del Monte dei Paschi de Siena (MPS) para captar 5.000 millones con los que recapitalizarse fracasó este jueves, al alcanzar sólo cerca de la mitad. Por tanto, la intervención estatal es la única salida para el tercer banco italiano.

La noticia desencadenó una reunión nocturna del Consejo de Ministros que llevó a la aprobación de un decreto con el que el Gobierno destinará 20.000 millones de euros para fortalecer las entidades bancarias de su país que presenten problemas financieros, como es el caso del Monte dei Paschi. Además, el regulador bursátil, Consob, decretó anoche la suspensión de las negociaciones de los títulos del banco en los mercados durante toda la jornada del viernes 23 de diciembre. 

Tras este consejo extraordinario, el primer ministro Paolo Gentiloni confirmó la aprobación del decreto que al que el Parlamento había dado su visto bueno este miércoles. El premier italiano destacó que los objetivos son "la protección más amplia posible de los ahorros y la consolidación del sistema bancario" de Italia, país al que se considera la tercera economía de la zona euro. Además, Gentiloni indicó que la operación había sido coordinada con las autoridades de la Unión Europea.

Por su parte, el ministro de Economía y Finanzas, Pier Carlo Padoan, no concretó el monto que se destinará a los problemas de solvencia del Monte dei Paschi pero indicó que la entidad deberá solicitar la ayuda y, posteriormente, se establecerán los términos del rescate.

La mecánica del decreto

El decreto aprobado esta madrugada está dividido en dos partes: la intervención del Estado para garantizar liquidez a los bancos y, por otro lado, una segunda intervención para reforzar su posición patrimonial.

En el primer caso, el Gobierno podrá reforzar la capacidad de un banco de obtener liquidez, y para ello el Ministerio de Economía ofrecerá a los inversores su aval y permitirá la emisión de nuevos títulos de deuda a cambio del pago de una comisión.

Gracias a la "garantía pública" o aval, los títulos emitidos por los bancos para obtener liquidez presentarán el nivel de riesgo del Estado, y no el de la banca en cuestión.

De este modo las entidades bancarias de Italia podrán acceder al mercado a pesar de presentar problemas en sus cuentas y obtener los recursos financieros que necesiten con condiciones análogas a las del Estado italiano.

En segundo lugar, para reforzar la situación patrimonial de los bancos, aquellos que presenten un escenario adverso o carencias patrimoniales en una prueba de estrés podrán solicitar una recapitalización como precaución por parte del Estado.

Para beneficiarse de esta inyección de fondos públicos, los bancos deberá presentar un programa de reforzamiento patrimonial que deberá ser aprobado por el Banco Central Europeo (BCE). 

El Gobierno italiano sostiene que la medida de recapitalización como precaución permitirá sacar adelante un proyecto de reestructuración y puesta en seguridad del banco que la solicite. La intervención pública supondrá la conversión de deuda subordinada en acciones de la entidad.

Padoan aseguró que con esta medida el Monte dei Paschi, el tercer banco del país, "volverá a operar en el apoyo de la economía italiana en un contexto de plena tranquilidad para su personal y sus clientes".

Maniobra fallida

La operación de mercado del Monte dei Paschi giraba en torno a la conversión de bonos subordinados por acciones. Y la cosa fue incluso mejor de lo previsto, ya que el banco consiguió fondos por valor de 2.500 millones. Sin embargo, la ausencia de un socio fuerte abocó el plan al fracaso. El fondo soberano de Qatar (QIA) había prometido aportar una cantidad cercana a los 1.000 millones, pero la caída del Gobierno de Matteo Renzi fue definitiva para la marcha atrás de los inversores árabes.

Esta era la penúltima bala en la recámara para el Monte dei Paschi tras el rechazo del Banco Central Europeo (BCE) a conceder una prórroga para la recapitalización de la entidad italiana. Según los informes del BCE, alargar la agonía supone poner en riesgo la viabilidad del banco. La prensa italiana asegura que el capital del MPS garantiza el futuro sólo para los próximos cuatro meses, cuando hace varias semanas pensaban que daría para seguir adelante durante casi un año.

Por esto, el Gobierno ya había tomado cartas en el asunto. El pasado miércoles, justo un día antes de que venciera el plazo del MPS para la conversión de bonos por acciones, aprobó en el Parlamento un plan para inyectar -si fuera necesario- 20.000 millones en el sistema financiero. El ministro de Economía, Pier Paolo Padoan, no especificó cómo se aplicaría ni qué necesidades de capital tendría cada entidad.

El desencadenante de la crisis y el que presenta una situación más acuciante es el Monte dei Paschi de Siena. La intención es evitar que los pequeños accionistas salgan perdiendo, como establece la directiva europea de resolución y recuperación de entidades (BRRD, por sus siglas en inglés). Y para ello, la solución más cercana es alegar un riesgo sistémico en el sistema financiero (el llamado burden sharing), para que pequeños accionistas, tenedores de bonos y depositantes por un valor menor de 100.000 euros no asuman pérdidas.

Pequeños inversores

El MPS cuenta con una cartera de 40.000 pequeños inversores, que poseen unos 2.000 millones de euros. En cualquier caso, la intervención pública tendría costes para ellos -ya que la solución más factible es la compra estatal de títulos por debajo del precio del mercado- y para el contribuyente, debido a que el Estado controlaría cerca del 50% del banco, frente al 4% que posee actualmente.

A la espera de una solución, el valor del MPS siguió desplomándose en bolsa. El miércoles sufrió una caída del 11,7%, que se agravó con nuevas pérdidas por valor del 7,5% este jueves. La petición de auxilio del mercado encontró eco entre la mayor parte de los economistas y los sindicatos, que creen que la intervención pública es la única forma de garantizar la viabilidad.

Porque si el MPS es el más perjudicado, no es el único banco que podría estar en problemas. El conjunto del sistema financiero acumula 360.000 millones en créditos de dudoso cobro, lo que deja en una situación de extrema debilidad el capital de las entidades.

Unicredit, el banco con un mayor número de clientes, tiene por delante una ambiciosa ampliación en el mercado por valor de 13.000 millones. La Banca Veneto y el Popular de Vicenza, que ya han recurrido a otro parche del Estado llamado Atalante –un fondo de inversión privado, pero impulsado por el Gobierno- necesitan aumentar su capital. Otras cuatro pequeñas entidades ya rescatadas en 2015 esperan comprador. Y un conjunto de pequeños bancos están inmersos en procesos similares de fusión o venta.

El paracaídas del Estado alcanza 20.000 millones, que según el Gobierno deberían ser suficientes para que el sistema financiero no se venga abajo. Sin embargo, se trata sólo de un primer paso, porque las distintas organizaciones comunitarias -como el BCE y la Comisión Europea- todavía tienen que dar su última palabra sobre el plan italiano.