“El presidente de Unesa no pone deberes al Gobierno”. Así hablaba a finales del pasado mes de octubre el entonces secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal. Criticaba así al presidente de la patronal eléctrica, Eduardo Montes, que apremiaba al Gobierno a fijar una nueva metodología para fijar los márgenes de comercialización de las empresas del sector y dar aire así a sus márgenes de resultados. Hoy Alberto Nadal -que reguló el sistema eléctrico en la anterior legislatura y acabó con el déficit de tarifa- está en otro Ministerio, en el de Hacienda encabezado por Cristóbal Montoro. Es el secretario de Estado de Presupuestos y Gastos.

Al frente de Energía, como ministro, está su hermano, Álvaro Nadal. Su gestión en las primeras semanas de legislatura tampoco hace intuir que vaya a lograr el aplauso entusiasta de las grandes compañías del sector. No lo conseguirá porque, este viernes, el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto de reforma del sector eléctrico. Es su primera medida al frente del Ministerio, con la que persigue lograr un nuevo sistema de financiación del bono social (el descuento del 25% que tienen en la factura los consumidores más vulnerables). También quiere poner trabas a los cortes de luz de los consumidores que tienen problemas para pagar sus facturas.

El Gobierno ha acelerado la aprobación de esta regulación por presión social. El fallecimiento en Reus de una anciana, en un incendio provocado por una vela después de que Gas Natural Fenosa le cortase la luz, ha obligado a los partidos políticos a afrontar de cara un problema que lleva sobre la mesa desde el inicio de la crisis. Por eso, PP y PSOE escenificaron esta semana en el Congreso de los Diputados un acuerdo para impedir más cortes de luz del que, al principio, descolgaron a Ciudadanos.

La nueva financiación del bono social

“Sin financiación es imposible que tengamos bono social”, aseguró este viernes Álvaro Nadal en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. En este momento la financiación del bono social está en el aire después de que el Tribunal Supremo tumbase la regulación existente, al entender que era discriminatoria. Hasta ahora, más del 95% de esa ayuda (cuyo coste se estima en 200 millones de euros anuales) lo pagaban cuatro eléctricas: Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Endesa y EON. Es decir, lo financiaban las empresas que se dedicaban tanto a la generación, como a la distribución y comercialización de electricidad. Las que sólo se dedicaban a una de ellas, quedaban exentas. El Supremo estimó los recursos de Eon y Endesa y la regulación saltó por los aires.  

A partir de esta nueva regulación, el bono social lo pagarán todas las eléctricas, independientemente de a qué rama del negocio se dediquen. Y no sólo servirá para cofinanciar los recibos eléctricos de los clientes con menor capacidad económica: en el futuro, el bono social también será el colchón del que se tire para pagar (junto a los servicios sociales de ayuntamientos y comunidades autónomas) la deuda de aquellos consumidores que no puedan pagar la luz y estén en riesgo de corte de suministro.

¿Qué cambia en la nueva regulación? Una vez se apruebe el desarrollo reglamentario, no se podrá cortar la luz a los consumidores en situación de vulnerabilidad durante un plazo de cuatro meses a tener en cuenta desde la notificación del impago. Hasta ahora, ese plazo era de sólo dos meses.

“Una compañía eléctrica que se encuentra con un impago tendrá la obligación de decírselo a ese consumidor, eso, aunque les sorprenda, aún no era obligatorio. A partir de ahí, dependiendo del consumidor, tendrá entre dos y cuatro meses para hacer efectivo el corte”, explicó Nadal este viernes. Además, se requerirá la respuesta de los servicios sociales locales que deben ser consultados sobre la situación de esas familias en riesgo de vulnerabilidad y de corte de suministro. Una vez entre en vigor, la ayuda social a los consumidores vulnerables se estructurará en función de su renta y se crearán diferentes tipologías de clientes.

Un camino tortuoso

El problema al que se enfrenta este Real Decreto es que quedan muchos flecos pendientes. Uno de ellos es la definición precisa de quiénes son los consumidores que pueden beneficiarse de ese bono social. Por ejemplo, hasta ahora podían ampararse las familias numerosas sin importar cuál fuese su nivel de renta.

Ese no es el único fleco que queda por concretar. Este Real Decreto debe plasmarse en un desarrollo reglamentario que cuente con el beneplácito del Congreso de los Diputados y, en una legislatura sin mayoría absoluta, toca negociar. Y hay más pasos. Nadal reconoció que la regulación deben tratarse en la Conferencia de Presidentes, por el papel que juegan las comunidades autónomas en cuanto a servicios sociales. También tiene que pasar por el ‘examen’ del Consejo de Estado, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y por el tamiz de la Comisión Europea, que tiene competencias sobre materia energética, lo que hace obligatorio contar con su opinión al respecto.

Ante este abanico de requisitos, la nueva regulación puede quedarse atascada varios meses lo que, de manera efectiva, impediría que los clientes más vulnerables se puedan amparar en ella durante el invierno en curso. “Cuanto antes mejor, cuanto más consenso político, antes estará en marcha”, asumía Nadal a los medios de comunicación que le instaron a concretar una fecha de entrada en vigor.

Y puede haber más piedras en el camino. Las eléctricas no quieren valorar públicamente esta nueva regulación. Tampoco quiere hacerlo su patronal, Unesa. Sin embargo, fuentes del sector la critican. Consideran “injusto” que la financiación de una medida de carácter social, como el bono, corra a cargo de las compañías que suministran ese servicio. ¿Qué querrían? Que se financiase a cargo de los Presupuestos Generales del Estado y que, a través de una financiación estrictamente pública, se canalizasen las ayudas a los consumidores vulnerables en función de los niveles de renta.

Habrá que esperar para ver si el sector, de forma colectiva o algunas compañía individualmente, deciden acudir a los tribunales para, de nuevo, denunciar un sistema que, entienden, ataca sus intereses empresariales.