Todo el mundo conocía que el Banco Popular asumiría en sus cuentas, al cierre de 2016, una provisión de entre 2.000 y 2.500 millones de euros para cubrir el desfase de valoración de sus inmuebles respecto al resto de grandes entidades financieras.
Pero nadie esperaba el revés provocado por la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que, una semana antes del cierre del ejercicio, dictaminaba la devolución, con carácter retroactivo, de los intereses cobrados en exceso por la aplicación de cláusulas de suelo hipotecarias.
Otros aproximadamente 2.300 millones que, finalmente, se restarán de los beneficios logrados al cierre del pasado año por el conjunto del sistema financiero.
Nada más conocer la sentencia, unas entidades se apresuraron a remitir comunicados a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), como Bankia, Popular y BBVA, sobre la provisión adicional reconocida por lo cobrado de más con anterioridad a mayo de 2013. Mientras que otras, como Caixabank o Sabadell, dos de los bancos potencialmente más afectados, omitieron hacerlo.
Reducción del impacto tras reconvertir hipotecas
A partir de aquí, el Banco de España, que ya había apuntado que el impacto máximo de esta retroactividad -caso de que todas las cláusulas fueran finalmente declaradas abusivas- se situaría en torno a los 4.200 millones, contactó con las entidades para que remitieran el coste que, una vez realizados los ajustes -básicamente la conversión de hipotecas variables a fijas-, deberían asumir en el peor de los casos. Que todos los hipotecados recurrieran y que los jueces dictaminaran a su favor en todos los pleitos. Algo casi imposible de producirse.
“Los bancos se dirigieron a nosotros nada más conocer la sentencia del tribunal europeo para saber a qué atenerse a la hora de contabilizar estar provisiones, y comunicamos lo que debería hacerse. No se hizo una circular de obligado cumplimiento”, apuntan desde el supervisor. “Al final es una decisión que deben tomar los consejos de los bancos de acuerdo con sus auditores”, añaden.
Las entidades confirman al Banco de España
De esta manera, el supervisor ni confirma ni desmiente, por razones de confidencialidad, si ha obligado a provisionar ya, restando el impacto de los beneficios obtenidos en 2016. Pero sí lo hacen las propias entidades financieras afectadas por la retroactividad total de las cláusulas suelo. Finalmente, y de cara a menoscabar todavía más la imagen reputacional, se ha optado por provisionar los aproximadamente 2.300 millones calculados al cierre del ejercicio 2016.
El propio Banco Sabadell, entidad que sigue defendiendo a pies juntillas la transparencia de sus cláusulas y el conocimiento total de los clientes, reconoce que, a instancias del Banco de España y de PwC, provisionará la totalidad del impacto al cierre de 2016.
¿Cuánto dinero deberá aportar el banco presidido el banco presidido por José Oliu? No es fácil saber el importe exacto de esta provisión al margen de los aproximadamente 350 millones ya provisionados. En función de los analistas, el consenso parece situarse en un aporte adicional de de 250 millones, para recortar cerca de un 30% el beneficio esperado de unos 900 millones.
Deloitte empieza a despedirse de los bancos
Por el importe de la provisión, Caixabank y BBVA sería los más afectados. La entidad presidida por Francisco González vería recortados en torno a un 10% sus esperados beneficios próximos a los 4.000 millones, hasta dejarlos en una banda que, a falta de los últimos ajustes, estaría en torno a los 3.600 millones de euros. A pesar de algunos cálculos divergentes hechos por algunos analistas, desde el BBVA confirman que “con los 404 millones anunciados en diciembre se cubre todo el impacto por las cláusulas suelo”.
En el caso de Caixabank, de mantener los 750 millones de provisión que anunciaba en julio de 2016, el impacto sobre las ganancias previstas, próximas a los 1.500 millones, sería del 50%.
Después de la crisis reputacional derivada de las auditorías realizadas en empresas como Bankia o Abengoa, Deloitte ha recomendado, tanto al BBVA como a Caixabank, que realicen estas provisiones en su totalidad. En el caso del BBVA, serán las últimas cuentas que audite, y las penúltimas de Caixabank. Ambos bancos han elegido a PwC para que lo haga durante los ejercicios venideros.