Un golpe de gracia a la filial colombiana de Gas Natural Fenosa. El Gobierno del país ha decidido liquidar Electricaribe, cuatro meses después de intervenirla ante el riesgo de que se suspendiera el servicio eléctrico por sus problemas económicos.  La compañía española acudirá al Banco Mundial para exigir una indemnización. La sociedad colombiana cuenta con una deuda de 757 millones de euros y unas facturas impagadas por los clientes que superan los 1.300 millones de euros.

La decisión se suma a otras intervenciones y expropiaciones de empresas españolas en territorio latinoamericano. Estas son las seis grandes claves de un movimiento clave del Ejecutivo liderado por Juan Manuel Santos.

Una liquidación en la que será el último en cobrar

Este martes se formalizó una liquidación de la compañía (de la que Gas Natural tiene un 85% de las acciones), tras lo que se buscará un nuevo operador que pueda ofrecer su servicio eléctrico en la zona norte del país (en distritos como Bolívar, Sucre, Córdoba o La Guajira).

Este proceso de liquidación fue anunciado por el Gobierno colombiano después de que no fructificaran las negociaciones al más alto nivel entre ambas partes. Este proceso implicará la venta de los activos de la compañía y el pago a los acreedores en el orden establecido por la ley. “Si después de pagar a esos acreedores queda algún recurso, eso se le entregaría a los accionista a título de cuota social de liquidación”, apuntó José Miguel Mendoza, el titular de la Superintendencia de Servicios Públicos del país.

Una morosidad de 1.300 millones

Una de las claves de este proceso tiene que ver con la morosidad que sufre la compañía. Durante años, esas facturas impagadas han ido engordando una deuda total que supera los 1.300 millones de euros. Desde la empresa aseguran que el servicio eléctrico se presta en una zona con problemas para el cobro entre las familias.

De esos 1.300 millones de euros, más de 200 millones corresponden al  ejercicio 2016. Según Gas Natural Fenosa, se incluyen cantidades “importantes” de deudas de organismos públicos colombianos. “No existe un marco regulatorio que proteja suficientemente los intereses de la compañía eléctrica e impida que se vea obligada a suministrar energía sin poder cobrar”, afirma.

En esa regulación existe un colectivo social protegido a los que no es posible cortar el suministro. ¿Cuánto representa este grupo en la deuda total acumulada por la compañía? De acuerdo a sus propias cifras, superaba los 350 millones de euros.

Esta morosidad es el factor que señala Gas Natural Fenosa como importante para abordar las inversiones necesarias en una infraestructura que ha generado problemas en los últimos meses. “Es un hecho reconocido la necesidad de más inversiones en la zona, pero se pretende ignorar que el problema fundamental es la deuda de sus clientes”, aseguraba la empresa en el comunicado oficial enviado este martes.

Sede de Electricaribe. EFE

475 millones, a la espera

La compañía española decidió desconsolidar en el último trimestre del año pasado su participación en Electricaribe. ¿La consecuencia? La eliminó del perímetro y la reclasificó como un activo potencialmente vendible por su valor contable de 475 millones de euros. Sin embargo, lo que reclamarán a las instituciones internacionales será por la totalidad de su valor de mercado “que es muy superior”. Aún no se ha cifrado pero se podría reclamar una cantidad que sería, incluso, el doble de esa cantidad.

Este activo ha sido retirado de las cuentas agrupadas de la empresa (perímetro de consolidación), pero no ha sido contabilizado como pérdida aún. ¿Cuánto supone esa cifra respecto al negocio de la cotizada española? En concreto, el beneficio bruto (Ebitda) del año pasado alcanzó los 4.970 millones de euros. Es decir, esos 475 millones representarían un 10% del total.

¿Cómo han reaccionado los inversores ante este nuevo movimiento del Ejecutivo colombiano? No mostraron especial preocupación por la situación de Electricaribe. La decisión se dio a conocer sobre las 14:00 horas de este martes y la consecuencia no fue, precisamente, un desplome. Las acciones de la sociedad apenas se redujeron un 0,6%. La compañía hoy vale casi 18.500 millones de euros.

Un quebradero de cabeza: una deuda de 757 millones

Para Gas Natural, Colombia no era una fuente de alegrías en su balance. En 2016, según Reuters, Electricaribe tuvo una cifra de negocio de 1.453 millones de euros y un resultado de explotación de 19 millones de euros, lo que conllevó unas pérdidas consolidadas de 52 millones.

Gas Natural argumentó en el momento de la intervención de Electricaribe que las dificultades de liquidez provocadas por la morosidad y las conexiones ilegales de usuarios hacían que esa subsidiaria no tuviera caja, por eso asumió unas pérdidas de 24 millones de euros solo entre enero y septiembre del año pasado. Dada esta evolución, los números rojos se habrían acrecentado en la recta final del año, ya con la sombra de la expropiación sobrevolando el negocio. En total. Electricaribe tiene 2,5 millones de clientes repartidos en la costa caribeña y un pasivo por valor equivalente a 757 millones de euros.

El superintendente de Servicios Públicos de Colombia, José Miguel Mendoza. EFE

Primera ‘nacionalización’ en la Latinoamérica postcrisis

El movimiento de Colombia en contra de los intereses de Gas Natural Fenosa en el país es uno más de los procesos de ‘nacionalización’ a los que se acostumbraron las empresas españolas hace una década. La diferencia es que, esta vez, se hace en un contexto postcrisis económica y financiera y, en teoría, con un gobierno ‘amigo’ de las inversiones extranjeras. En Colombia no está la sombra de Hugo Chávez o de Cristina Fernández de Kirchner.

Fue la expresidenta argentina la que llevó a cabo el movimiento más polémico. La expropiación de YPF, el brazo de Repsol en el país latinoamericano. En abril de 2012, declaró su actividad “de utilidad pública sujeta a expropiación”. Se quedó con el 51% de las acciones de YPF en manos de la compañía española. Lo cierto es que, al final, la nacionalización no le supuso un roto irreparable a las cuentas de la petrolera dirigida por Josu Jon Imaz. Logró que Argentina le pagara con bonos, por valor de 5.317 millones de dólares y, poco después se los colocó al banco de inversión estadounidense JPMorgan.

YPF fue el movimiento más sonado, pero hubo más. Santander en Argentina, Red Eléctrica en Bolivia y Agbar, también, en Argentina son algunas de las empresas que han visto volar su negocio por decisiones gubernamentales. En algunos casos fueron compensados con indemnizaciones pero, en otras, acabaron dirimiendo la disputa en los despachos del Banco Mundial, como le puede pasar ahora a Gas Natural. Es el caso de Agbar que, en 2010, cuatro años después de que Nestor Kirchner decidiera romper el contrato que mantenía Buenos Aires con Aguas Argentinas, logró una compensación de 375 millones de euros.

Un golpe para Colombia

Esta es la primera gran intervención de un gobierno colombiano a una empresa extranjera en los últimos años. Y llega justo en un momento en el que el país gana posiciones como uno de los grandes destinos para hacer negocios en el mercado latinoamericano.

En el último año ha subido una posición en el ránking de países con más facilidades para hacer negocios en todo el mundo elaborado por el Banco Mundial y que valora cómo de favorable es el entorno regulatorio de cada territorio para la creación y operación de una empresa local. En el del año 2017 encuentra en el lugar 53.

¿Cuál es la posición del Gobierno del país latinoamericano? Su presidente, Juan Manuel Santos, explicó este martes que el inicio de esta liquidación es “una decisión responsable”. “La prioridad es que ni usuarios ni empresas sufran por el suministro de energía”, manifestó.

Justo hace tres meses, el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, entregó a su homólogo colombiano, Juan Manuel Santos, el Premio Nueva Economía Fórum al desarrollo económico y la cohesión social en reconocimiento al proceso de paz que el Gobierno bogotano lleva a cabo con las FARC. El Gobierno de España ha lamentado la decisión y cree que no es acorde con la voluntad de diálogo mostrada por la empresa ni “con su empeño de mejorar el servicio de distribución eléctrica a pesar de las circunstancias adversas ajenas a la propia empresa”. El Ejecutivo ha advertido que seguirá brindando su apoyo a la empresa española si decide hacer uso de los instrumentos jurídicos a su disposición.