Se veían las caras muchos meses después y en un momento de mucha tensión en plena batalla por el transporte. Cabify y la Federación Profesional del Taxi han defendido sus posiciones frente al juez de lo Mercantil número 12 de Madrid. La compañía, que cuenta ya en la capital con 600 conductores con licencia VTC (vehículo con chófer privado), ha argumentado que no hay ningún incumplimiento de la normativa, algo que es refrendado por las administraciones que no han sancionado en ningún momento su actividad. "Que el servicio se haya generalizado no quiere decir que sea ilegal", ha asegurado su letrada. Los taxistas han reiterado que la empresa no es una mera intermediaria, sino que controla todo el proceso e insisten en que practican competencia desleal.
Desde la defensa de Cabify han ido desgranando algunos de los incumplimientos que, según los taxistas, están cometiendo. Uno de los principales es el de la salida desde una base de operaciones. "Esa obligación no existe después d dos sentencias del Tribunal Supremo y la Audiencia Provincial porque era contraria a la unidad de mercado", ha asegurado su letrada.
Otro incumplimiento que se le achaca es el de la captación de usuarios por la calle, una práctica que, según reiteró recientemente el Ministerio de Fomento, es ilegal. Y en este sentido, ha insistido en que el viajero no escoge al conductor, ni el conductor sabe quién es el usuario, ni hay indicaciones expresas a través de la aplicación de la compañía para ubicarse en unas zonas u otras. Para tratar de demostrarlo han presentado como testigos a tres conductores que trabajan, como profesionales, para ellos.
Y el otro de los incumplimientos tiene que ver con la contratación del servicio que, en todo caso, ha de ser previa (es decir, no está permitido parar a un cliente en plena calle, como sí puede hacer el taxi). En este sentido, ha insistido en que no hay ninguna normativa que obligue a que haya unas horas entre la reserva y la ejecución del servicio de transporte. "¿Dónde dice la ley el tiempo de 'pre-reserva'?", asegura, ante las dudas planteadas por el abogado de los taxistas respecto a la inmediatez con la que se llevan a cabo los servicios a través de la 'app'.
"La actividad de Cabify ha sido analizada hasta la saciedad y tiene todas las autorizaciones de transporte", ha asegurado. Y pone de ejemplo la conclusión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) tras la denuncia de una asociación del taxi. "Se analizó la actividad y se concluyó que se cumple escrupulosamente con la normativa", ha afirmado, a la vez que ha reiterado que lo que busca el sector del taxi es "tener la exclusiva y que desaparezcan".
Argumentos de la defensa
Por su parte, el abogado defensor de la Federación del Taxi ha defendido que Cabify ejerce competencia desleal pues incumple la normativa en varios de esos aspectos: la captación de usuarios, el control del proceso y no la intermediación como agencia de viajes. "Lo que hace es una labor de transporte, y no sólo intermedia", ha asegurado.
Como prueba han aportado un informe elaborado a petición de ellos por una empresa de inspectores, en el que se estudiaba los tiempos medios de espera entre que se contrata el servicio y que, realmente, se inicia el trayecto con el pasajero. El autor del informe ha confirmado durante el interrogatorio que elaboró un segundo informe, pero que no ha sido presentado como prueba.
Cabify triplica sus conductores
Al margen de esto, en el interrogatorio a Juan García Braschi, director general de Cabify en España, ha desgranado tanto el funcionamiento como la fotografía actual del negocio. Y en este sentido, ha admitido frente al juez que la compañía cuenta ya con 600 conductores sólo en Madrid. Eso representa 3,5 veces más que lo admitido en 2015 durante la primera vista oral previa para analizar si era suspendida cautelarmente o no.
Durante su intervención ha asegurado que tanto Adif como Aena han firmado con ellos el alquiler de un espacio tanto en la estación de Atocha de Madrid como en el aeropuerto Adolfo Suárez.
El juicio ha quedado visto para sentencia por parte del juez. Según todas las previsiones, no se conocerá en menos de 2 o 3 meses.