Saracho fue nombrado presidente del Popular el pasado 20 de febrero en sustitución de Ángel Ron, en una junta de accionistas extraordinaria, y aunque solo ha pasado mes y medio desde esa fecha, la situación del Banco Popular se ha ido complicando.

Este mismo lunes, la entidad anunciaba a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que introducía ajustes en las cuentas de 2016, con lo que cargará más provisiones a este ejercicio, lo que en la práctica hará que las pérdidas aumenten en, al menos, 124 millones.

Al cierre de 2016, el banco ya anunció unas pérdidas récord de 3.485,36 millones, que podrían elevarse hasta, al menos, 3.609,36 millones.

Dichas cuentas, que, según el banco, no será necesario reformular, serán sometidas al visto bueno de los accionistas en la junta de mañana.

Una cita en la que el banco no contará con su consejero delegado, Pedro Larena, que también presentó su dimisión el pasado lunes.

Larena, que solo llevaba siete meses en el cargo -aunque fue ratificado por la junta el pasado 20 de febrero- renunció a su puesto después de que Saracho comenzara a remodelar la dirección de la entidad.

El pasado 7 de marzo, nombró director general adjunto a la presidencia a Miguel Escrig, lo que en la práctica recortó las funciones de Larena.

Tras todos estos acontecimientos, las acciones del Banco Popular cayeron el pasado lunes más del 10 %, y cotizan ya en el umbral de los 0,80 euros por título.

En el acumulado del año, el Banco Popular registra pérdidas de más del 10 % y es el que más cae del IBEX 35.

La junta de mañana también se celebrará en medio de las noticias aparecidas en prensa relativas a que el banco se prepara para deshacerse de varios activos, con lo que podría buscar contrarrestar una parte de las pérdidas.

Entre ellos, la unidad de tarjetas de crédito WiZink, de la que el banco ha puesto a la venta su participación del 49 %.

Para ello, el Popular ya ha dado mandato de búsqueda de compradores a un banco de inversión.

En todo este contexto complicado, los accionistas del banco deberán ratificar el nombramiento de los consejeros independientes Carlos González Fernández y Antonio González-Adalid García-Zozaya.

Asimismo, deberán autorizar al consejo para que pueda aumentar el capital social del banco hasta un máximo del 50 %, durante los próximos tres años en una o varias veces, así como la unión de sus negocios de España y Portugal. EFECOM

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