Gobierno prevé recaudar 1.050 millones en 2017 con control del fraude laboral

Según el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017, la previsión de recaudación es la misma que en los dos años anteriores y ligeramente inferior a la efectivamente obtenida en 2016 (1.064,7 millones).

Estas actuaciones serán desarrolladas por la Inspección y Control de Seguridad y Protección Social, ente del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, que cuenta con un presupuesto de 124 millones de euros para 2017.

Este organismo prevé realizar 200.000 visitas a centros de trabajo para controlar la economía irregular y el trabajo de extranjeros, las mismas que se presupuestaron en 2016, pero 66.000 menos de las que se realizaron efectivamente.

El Gobierno espera perfeccionar el intercambio de información entre la Agencia Tributaria y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y mejorar actuaciones inspectoras de "tipo piramidal", para controlar la subcontratación, con especial incidencia en la fiscalización de las empresas multiservicios.

El Ejecutivo también va a incrementar los medios humanos para la puesta en marcha de una Unidad Especializada en materia de formación profesional para el empleo, para incrementar controles en empresas de ámbito supraautonómico o estatal en materia de empleo no declarado o fraude a la Seguridad Social.

También vigilará el cumplimiento de la normativa y actuación de las empresas de trabajo temporal y agencias privadas de colocación, y desarrollará iniciativas para controlar el fraude en la contratación temporal que no se acomoda a los supuestos legalmente establecidos o cuyo tiempo exceda el permitido.

Así, la Inspección prevé investigar 350.000 contratos, 40.000 más de los presupuestados en 2016, aunque por debajo de las 482.789 que se realizaron, en tanto que confía en convertir unos 50.000 contratos temporales en indefinidos.

En este sentido, se prestará especial atención al control de falsos autónomos y falsos becarios como forma de trabajo no declarada.

Dentro de las acciones de la Seguridad Social, destaca las referidas al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para hacer un seguimiento de la disponibilidad del empleo, con especial atención al control del posible fraude en las prestaciones por desempleo, como consecuencia de medidas temporales de regulación de empleo.

También actuaciones de la Inspección de Trabajo y de la Tesorería General de la Seguridad Social para detectar fraude en procesos de gestión al derivar deuda de la Seguridad Social, así como otras destinadas a vigilar la inclusión de empresas y trabajadores en el régimen de la Seguridad Social correcto en función de la actividad desempeñada.

La Inspección se encargará también de la vigilancia del cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales, mediante 80.000 visitas preventivas a centros de trabajo, frente a las 64.519 que se realizaron en 2016.

Asimismo, se dedicará al control de las condiciones de trabajo y lucha contra la desigualdad tanto por razón de género como de condición personal (discapacidad). EFECOM

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