Isolux ha fichado a Alvarez & Marsal, firma especializa en reestructuración y gestión de crisis de empresas, con el fin de que le asesore en el proceso de preconcurso de acreedores que acaba de solicitar.
La compañía de construcción e ingeniería controlada por una veintena de bancos pretende que esta firma le ayude a "analizar la situación, evaluar escenarios y tomar decisiones que permitan la continuidad de la empresa".
Para ello, Álvarez & Marsal nombrará en Isolux un chief restructuring officer (CRO), un responsable de reestructuración, que será el encargado de coordinar los distintos departamentos de la empresa involucrados en el preconcurso, principalmente el área económico y el operacional. Además, apoyará al equipo de gestión con el nombramiento de otros cargos "interinos" en las áreas de operaciones y finanzas.
Isolux acordó a finales del pasado mes de marzo acogerse al preconcurso de acreedores con el fin de disponer de más tiempo para pactar con los bancos una inyección de unos 400 millones que permita la reactivación de sus negocios, garantizar la viabilidad de la compañía y, en último término, evitar el concurso.
De esta forma, la compañía se dota de un periodo de cuatro meses para poder seguir negociando con sus principales bancos acreedores, que también son sus principales accionistas (Santander, CaixaBank y Bankia), esta inyección de capital sin que un acreedor pueda instar su concurso.
Isolux recurrió al preconcurso después de que no fructificaran las negociaciones que mantiene desde finales de 2016 con estos tres bancos.
SEGUNDO RESCATE EN UN AÑO
La compañía que preside Nemesio Fernández-Cuesta necesita una aportación de entre 300 y 400 millones de euros para garantizar la liquidez y el funcionamiento de la empresa y, por tanto, su viabilidad.
Isolux negocia con la banca este nuevo rescate sin que se haya cumplido un año del primero, el pactado en julio de 2016, con el que reestructuró la deuda de 2.200 millones que soportaba la compañía.
En virtud de este primer rescate, una veintena de bancos, liderados por Santander, Bankia y CaixaBank, se convirtieron en socios de control del grupo, al convertir el grueso del pasivo en acciones. Estas tres entidades, con las que ahora negocia, controlan un 30% de su capital.
El plan supuso además una reestructuración de la empresa, tanto en plantilla como en dirección y organización, y el lanzamiento de un programa de desinversiones de activos no estratégicos para lograr recursos con los que pagar parte de su deuda, el denominado 'tramo B', de unos 750 millones.