En un comunicado divulgado hoy, el Ministerio de Finanzas luso explicó que con el acuerdo "quedan cerrados todos los procesos judiciales existentes y futuros, tanto en Portugal como en el Reino Unido", y se obliga a las cuatro empresas a cumplir la sentencia del Tribunal de Londres, que estableció que los contratos eran válidos.

El Totta renunciará a la indemnización que había solicitado al Estado luso, pendiente en los tribunales portugueses, y le concederá un préstamo a largo plazo "que implicará un ahorro en los costes de financiación".

Con ello, el Estado luso contraerá un préstamo de 2.300 millones de euros con una tasa de interés del 1,8 % a pagar en 15 años, lo que permitirá a Portugal ahorrar 442 millones de euros en intereses.

El banco y el Estado portugués se dividirán además las costas del proceso judicial y de los intereses de mora.

El caso de los "swap" enfrentaba al Totta y a las empresas Metro de Oporto, Metro de Lisboa, Carris (autobús y tranvía de Lisboa) y STCP (autobús y tranvía de Oporto) debido a la legalidad de nueve contratos "swap" suscritos entre 2005 y 2007.

Las enormes pérdidas sufridas por el Estado luso derivadas de estos contratos -cercanas a 3.000 millones de euros- y el fracaso de las negociaciones con el Totta llevaron a las cuatro empresas a suspender los pagos asociados a estos contratos en 2013, por lo que la entidad decidió llevar el caso a los tribunales.

En marzo de 2016, el tribunal londinense decidió dar la razón al Santander Totta, al entender que el banco aconsejó debidamente a las empresas públicas en el momento de la celebración de los contratos.

Esta sentencia implicaba, según la prensa lusa, un desembolso de hasta 1.800 millones de euros para el Estado luso.

Los llamados contratos de permuta financiera o "swap" son utilizados habitualmente para proteger a la firma que ha solicitado un crédito a un tipo de interés variable de una posible subida del Euríbor.

Algunas de las empresas públicas lusas que apostaron por esta clase de operaciones suscribieron contratos complejos en los que la penalización dependía de la evolución del precio del petróleo o la cotización del dólar, lo que disparó su perjuicio económico. EFECOM

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