Un aluvión que no cesa y que está sacudiendo el sector del taxi en las grandes ciudades españolas. Durante los cuatro primeros meses del año, se han sumado casi 350 licencias con las que empresas como Uber y Cabify se frotan las manos. Todas ellas son concedidas tras una reclamación por vía judicial. Se espera que supere la barrera de las 10.000 en los dos próximos años.

El procedimiento se está repitiendo. Un particular o empresa pedían hace varios años una licencia de este tipo. Normalmente, las comunidades autónomas las rechazaban. El primer recurso llegaba al tribunal superior de cada territorio, que reiteraban el ‘no’. El siguiente y último paso se daba en el Supremo, donde la gran mayoría de las resoluciones judiciales son favorables a la concesión. ¿La razón? Un agujero jurídico causado por la llamada ‘ley omnibus’ aprobado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

350 licencias más

En este año 2017, la cifra de estos permisos no ha dejado de crecer en todo este tiempo. El 1 de enero de este año, según los datos recopilados por el Ministerio de Fomento, había 5.285 permisos en vigor otorgados en toda España. Desde esa fecha hasta el 3 de mayo se ha pasado hasta las 5.622. El ritmo de crecimiento es mayor que el vivido en el año 2016. En cada uno de los meses de ese año se sumaron una media de 83 licencias. En estos primeros meses se han sumado 87.

Una de las preguntas que surge analizando los datos de mayo respecto al mes anterior es: ¿Por qué hay menos licencias ahora que en comienzos de abril? El asesor legal de Uber y de la asociación Unauto, José Andrés Díez, asegura que la razón está en los visados: puedes contar con una licencia VTC pero no tener el visado imprescindible para operar. “Puede haberse reducido por esa razón pero el conductor tiene un año para visarlo… por lo que no habría que tener en cuenta esta reducción”, explica.

Málaga: 3.000 licencias en año y medio

Madrid y Barcelona, por tamaño, se van a convertir en las dos referencias de este mercado de licencias. Pero no van a ser las únicas. En Málaga, por ejemplo, va a vivirse una tromba de estos permisos. “Se podría llegar hasta las 3.000 licencias en año y medio, según todos los procesos legales abiertos”, asegura Díez, quien lleva algunos de esos casos abiertos en juzgados malagueños (y andaluces). Si se alcanzara ese nivel, implicaría multiplicar por cinco las 564 actuales.

No significa que todas las licencias vayan a dar servicio en Málaga. Según la normativa de transporte, el ‘dueño’ de una licencia VTC vinculada a una provincia, puede dar servicio en el resto de la región, por lo que algunas de esas licencias también podrán destinarse a servicios en otros territorios de la comunidad.

La ratio 1 a 30 ya no volverá

Una de las consecuencias de este aluvión radica en que salta por los aires la ratio de una licencia de VTC frente a 30 de las de taxi. En el caso de Málaga, si llegan a otorgarse todas las licencias que están reclamadas a través de los tribunales, podría haber casi un permiso para chóferes privados por cada taxi.

Otra de las consecuencias tiene que ver con el dinero que la administración está invirtiendo (y seguirá haciendo) para tratar de frenar estas concesiones de licencia vía judicial. En concreto, según los cálculos de Díez, podría superar el millón de euros sólo en costas sufragadas por las comunidades autónomas que recurren las decisiones de los jueces. “En el Supremo se suele pedir una condena en costas de unos 4.000 euros, mientras que ahora en primera instancia se están reclamando 800 euros”, apunta.

Pese a este incremento del número de licencias disponibles, no está habiendo una reducción de los precios que se están pagando en el mercado ‘secundario’: se ofrecen por hasta 60.000 euros.

El taxi pide una reconversión

En este contexto, el sector del taxi ha reclamado compensaciones económicas al Gobierno ante una reconversión ‘de facto’. Fedetaxi los llegó a calificar el pasado mes de enero como “costes de transición” ante los cambios que se están produciendo en el mercado.

Desde el colectivo se recuerda que desde la pasada primavera viene solicitando al Gobierno la adopción de "un plan de ayudas al abandono de la profesión de taxista". Entiende que debe ser el Gobierno quien estudie estas medidas compensatorias porque éstas han sido "inducidas" por los poderes públicos. "Si ahora se considerase que no son imprescindibles, se estará causando un daño a quien ha tenido que hacer frente a las mismas y se le colocaría en una situación de desequilibrio respecto a los nuevos entrantes en el mercado", asegura.