España deberá cambiar su Ley Audiovisual en 2018 por la nueva directiva de la UE

La Unión Europea comenzará a discutir antes del verano la nueva Directiva Audiovisual elaborada por la Comisión y que ya ha sido aprobada por la comisión de cultura del Parlamento comunitario. Esta verdadera revolución en el sector audiovisual será probablemente aprobada a finales de 2017 y, según los plazos fijados, debería trasponerse a los países miembros en un plazo máximo de un año.

Marcel Boulogne, jefe de la unidad de servicios audiovisuales de la Comisión Europea, explicó la semana pasada en Madrid que el objetivo es reducir a la mitad el plazo de dos años que habitualmente se da a cada país para que adopte las leyes comunitarias. El carácter de esta directiva y la inmediatez de los cambios sugieren un trámite más rápido de lo habitual.

Esto significa que España deba adoptar la normativa antes de que finalice el año 2018 o a comienzos de 2019 como plazo máximo. Si no lo hace se expone a sanciones y multas de la Unión Europea, según ha confirmado Santiago Fisas, europarlamentario del PP y miembro de la Comisión de Cultura que votó el borrador de la nueva normativa audiovisual.

La directiva obliga a maquillar la Ley de 2010

Fuentes del sector audiovisual han confirmado a EL ESPAÑOL que el calado de estas modificaciones, que incluyen una nueva normativa publicitaria, la adaptación de las obligaciones a los nuevos operadores de Internet y la regulación para las plataformas de distribución de vídeos, implicará necesariamente un cambio en la actual Ley General de Comunicación Audiovisual, vigente desde 2010 y que el Partido Popular no se ha atrevido a tocar desde que llegase a Moncloa en 2011.

El Ejecutivo se verá obligado a sentarse con los principales actores del sector para negociar un lavado de cara a la vigente ley y además deberá realizarlo en un tiempo récord. El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital Álvaro Nadal y la vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría nuevamente tendrán que salir al rescate de un Mariano Rajoy especialmente poco sensible con el sector audiovisual.

Se debería garantizar el espacio radioeléctrico

Si finalmente Moncloa decide reformar la Ley, se abrirá el melón y se pondrán sobre la mesa todas las demandas que el sector viene acumulando durante los últimos siete años. Un proceso que además coincidirá con el segundo dividendo digital, que según Europa debe cerrarse en 2020 y cuya hoja de ruta comenzará a desarrollarse en junio de 2018.

¿Qué debe cambiar? Desde Uteca y las televisiones comerciales se pide una urgente actualización de la ley que garantice la estabilidad jurídica de las televisiones. En la retina de las cadenas están los defectos normativos que llevaron al cierre de nueve canales de TDT y que pusieron en peligro otros ocho.

Uteca quiere que la nueva ley blinde las licencias, que gracias a la última normativa europea de Telecomunicaciones están garantizadas al menos hasta 2030 en el espacio radioeléctrico tradicional. En el sector también se demanda que la ley siente las primeras bases para adaptarse al nuevo contexto digital en el que defienden la necesidad de que la TDT siga existiendo, a pesar de que todo apunta a que el espacio tradicional será ocupado por las operadoras de telecomunicaciones.

Ayudas a la producción audiovisual

La segunda gran demanda del sector es que se revise el modelo de ayudas a la producción audiovisual. En estos momentos España cobra un 5% de sus ingresos de explotación brutos a las televisiones para que aporten al cine. Las cadenas consideran que no deben existir imposiciones y que su aportación a estas películas debe realizarse en base a la rentabilidad.

Esta normativa está directamente relacionada con la nueva directiva europea que se aprobará a finales de este año. En ella se busca equiparar las mismas reglas que las televisiones tradicionales a las plataformas Over the top (OTT) como Netflix, HBO o Amazon. La Unión Europea exigirá un mínimo de producción europea del 30% a estos operadores, pero además abre la puerta a que los Estados miembros cobren una tasa a estas plataformas para que apoyen la producción local. 

Cambio en la ley de financiación de RTVE

El otro gran tema a debatir es el futuro de RTVE. El sistema de financiación de la Corporación establecido en la ley de 2010 no ha funcionado, ya que solo genera pérdidas y estrecheces para el presupuesto de la Corporación. Sus directivos piden un cambio urgente, ya sea vía flexibilización de los actuales patrocinios culturales o explorando nuevas formas de financiación de publicidad.

Las privadas ya han advertido que si RTVE vuelve al mercado sería imposible compatibilizarlo con el pago del 3% de sus ingresos con los que financian a la cadena pública. Una tasa que además podrían cobrar a los nuevos operadores virtuales como lo autoriza la UE en esta nueva normativa audiovisual. No parece que el Gobierno quiera quitar la tasa de RTVE, pero está claro que debe abordar un cambio en su sistema de financiación y la reforma de 2018 es el momento idóneo para hacerlo.

Lo que establece la nueva norma europea

Lo primero que tiene que definir España al transponer la norma comunitaria es incluir la obligatoriedad de que el 30% de la producción de estas plataformas de Internet se realice en Europa. Luego deberá definir qué tasas cobrará a estos operadores. Para que este sistema opere satisfactoriamente se deberá mantener una lista actualizada de proveedores bajo su jurisdicción, así como proporcionar información sobre ellos.

En el ámbito publicitario se acabará el actual límite por hora de doce minutos de anuncios, con un bloque máximo de siete minutos. Se establecerá un límite del 20% de la programación diaria de una cadena, porcentaje que también respetará el prime time para evitar la saturación publicitaria. El objetivo es que la publicidad tenga mayor flexibilidad.

La normativa española también deberá encajar las nuevas limitaciones a las plataformas de distribución de vídeos (Facebook, Twitter y Youtube) para velar por la protección al menor y la prohibición de discursos de odio. No está claro todavía el sistema de fiscalización, pero la Unión Europea quiere que se establezcan mayores filtros y calificaciones a la hora de subir cada uno de estos vídeos.

El último punto es la delimitación de las competencias de los reguladores audiovisuales, lo que deriva en la formalización de un Grupo Europeo de Entidades de Regulación (ERGA, por sus siglas en inglés). En España estas competencias las tiene la CNMC a la espera de la creación de un Consejo Audiovisual a nivel estatal. Algunas fuentes del sector creen que la modificación de la actual ley sería una interesante oportunidad para instaurar este organismo, cuya creación está pendiente desde 2010, precisamente con la promulgación de la ley vigente.