El escándalo del trucaje de los motores diésel de Volkswagen para falsear las emisiones ha destapado las carencias en el sistema de homologación de coches de la UE. Ningún Gobierno europeo detectó las trampas del fabricante alemán, sino que fue Estados Unidos el que descubrió el engaño. Ni Alemania ni España realizaron las inspecciones debidas y tampoco han sancionado a Volkswagen por incumplir las normas comunitarias, motivo por el cual se enfrentan a un expediente de Bruselas. Para evitar que estos fallos vuelvan a producirse, los ministros de Industria de los 28 han aprobado este lunes endurecer los controles y las multas a las empresas automovilísticas.

La principal novedad de la reforma es precisamente que prevé sanciones de 30.000 euros por coche a los fabricantes que maquillen sus emisiones. Además, la Comisión dispondrá de nuevos poderes para realizar inspecciones por sorpresa en los coches que ya circulan y para sancionar directamente a los incumplidores, sin tener que esperar a que reaccionen los países miembros. Ahora Bruselas tiene las manos atadas y ni siquiera ha logrado que Volkswagen indemnice a los europeos perjudicados por el escándalo de las emisiones, cosa que sí ha hecho en Estados Unidos.

De este modo, el sistema dependerá más de la UE y menos de las autoridades nacionales. Se trata evitar así que cada país tenga la tentación de favorecer a su industria automovilística. Un cambio al que se ha resistido hasta el final Alemania, que quería preservar sus competencias en homologación de coches. 

Más inspecciones

"La única forma de restaurar y aumentar la confianza en la industria automovilística europea es ayudar a desarrollar tecnologías limpias y seguras. Se van a establecer controles fiables para los coches de forma que las irregularidades en materia de emisiones del pasado no puedan repetirse en el futuro", ha dicho el ministro de Economía de Malta, Chris Cardona, cuyo país ocupa la presidencia de turno de la UE.

A partir de la entrada en vigor de la reforma, cada Estado miembro de la UE estará obligado a realizar un número mínimo de inspecciones al año: al menos una por cada 50.000 coches nuevos registrados en ese país el año anterior. Estos controles deberán incluir la verificación de las emisiones en condiciones reales de conducción.

Además, se establece una auditoría de los sistemas de homologación de vehículos de cada país. Cada cinco años, tendrán que ser revisados por al menos dos países socios. Bruselas puede sumarse a la evaluación y realizar y publicar un informe con las conclusiones.

Para la Organización Europea de Consumidores (BEUC), la reforma aprobada es todavía insuficiente para prevenir otro 'Dieselgate'. En particular, los consumidores denuncian que persistirán los conflictos de interés en la homologación de los coches, ya que no se prohíbe que sean los propios fabricantes de coches los que financien a los laboratorios responsables de hacer los tests de emisiones. Y Bruselas no tiene margen de maniobra suficiente para multar a voluntad. Sólo podrá actuar si las autoridades nacionales se inhiben.

El texto final de la reforma debe ser ahora pactado en los próximos meses entre la Eurocámara y los Estados miembros. En sus elementos principales, como las multas de 30.000 euros por coche, ya hay acuerdo.