Francisco Javier Vaquer Martín, magistrado titular del juzgado Mercantil 6 de Madrid, vuelve este miércoles a ser protagonista del concurso de la inmobiliaria Reyal Urbis. Hasta su despacho llegarán los votos de los 700 acreedores que decidirán si la promotora presidida por Rafael Santamaría supera la quiebra o entra en liquidación, cuatro años después de acogerse al concurso.

Y esta vez la decisión será definitiva. Ya no habrá marcha atrás. En su auto del pasado 30 de marzo, el juez dejaba claro a la inmobiliaria madrileña que ya no hay más agarraderos jurídicos a los que asirse. Lo que salga de la votación es lo que se asumirá por todos. Si el convenio sale adelante, el concurso de acreedores se dará por superado y quedará pendiente de que el plan de viabilidad se cumpla en el futuro. Si no, la fase de liquidación se abrirá paso sin remisión para proceder a vender los activos al mejor postor.

Fuentes cercanas a la negociación consultadas por EL ESPAÑOL aseguran que “será muy difícil que el convenio salga adelante porque la Sareb, los bancos extranjeros y los fondos se oponen”, descontando que la empresa irá a liquidación. El banco malo, presidido por Jaime Echegoyen, es el principal acreedor de Reyal Urbis, con una deuda de 1.100 millones, que la promotora contabiliza en su balance como ‘otros pasivos financieros’.

Sin Sareb no se llega al 75% de adhesión

Con la negativa de la Sareb se hace inviable llegar al consenso del 75% necesario entre los acreedores de deuda sindicada por 3.572 millones de euros. Desde el banco malo se limitan a confirmar la cuantía de la deuda que tienen cautiva en Reyal Urbis, pero nada más. “No hay comentario sobre nuestra decisión respecto al convenio”, comenta un portavoz.

Caso de que Sareb hubiera optado por la adhesión, tampoco estaba claro que el convenio hubiera salido adelante. A lo largo de estos cuatro años, la mayoría de los bancos extranjeros y algún español de pequeño tamaño, como la Banca March, decidieron salir de este crédito sindicado, vendiendo la deuda a fondos oportunistas. Barclays y Royal Bank of Scotland (RBS) fueron los primeros en desprenderse en 2013 -antes y después de la entrada en concurso- de unos 750 millones.

Los fondos oportunistas, grandes beneficiarios

En el caso de Barclays, el comprador inicial de sus 450 millones de deuda fue el fondo Appaloosa. La adquirió con un rebaja del 60% y, ahora, la ha traspasado a otros fondos -entre ellos Värde, el socio del Banco Popular en la gestora Aliseda- con un descuento adicional, ganando en el traspaso entre 50 y 150 millones de euros.

El valor nominal de la deuda sindicada en manos de estos fondos ronda los 1.000 millones de euros, en línea con la que tiene la propia Sareb, pero han pagado por ella una cantidad simbólica, en torno a 300 millones. Solo buscan la liquidación de la empresa para quedarse con sus mejores activos.

El juez ya abogaba por la liquidación en 2015

Al final, después de muchas idas y venidas, se impondrá el criterio del propio juez que ya, en septiembre de 2015, inadmitía la propuesta de convenio ante lo poco consistentes que, según relataba en un auto, resultaban las subsanaciones que la empresa había introducido. Inconsistencia que convertía en inviable el plan de pagos contemplado para hacer frente a un pasivo de, entonces  4.500 millones, y que hoy se eleva a cerca de 4.700 millones.

En ese auto, el magistrado venía a decir a Reyal Urbis que no subsanaba nada del documento inicialmente presentado y que volvía a plantear a los acreedores una quita del 80%, limitándola a los 3.500 millones que adeuda a Sareb y a una veintena de entidades financieras, la mitad extranjeras. Algo que, en la práctica, suponía reconocer pérdidas adicionales de 1.000 millones sobre los ya provisionados.

400 millones a Hacienda y 100 a la Seguridad Social

Tampoco veía el juez aclaradas sus dudas relativas a cómo iba a ser capaz Reyal Urbis de generar ingresos para pagar los 400 millones que adeuda a la Hacienda Pública y los en torno a 100 que debe a la Seguridad Social, comunidades autónomas y ayuntamientos. Casi 500 millones de euros contabilizados en el pasivo corriente como acreedores no comerciales.

Que Reyal Urbis no hubiera entrado ya en liquidación en septiembre de 2015, tras inadmitir el juez el convenio, se ha debido únicamente a los alargues judiciales, a través de recursos, que el propio magistrado permitía interponer a la empresa presidida por Rafael Santamaría.

Tras la inadmisión a trámite de la propuesta de convenio, Reyal Urbis interpuso, en diciembre de 2015, recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid. Un año después, la Audiencia, en una decisión sorprendente, desestimaba el recurso de la promotora, pero  otorgaba la posibilidad de interponer nuevo recurso de reposición ante el juzgado presidido por Martín Vaquer. Así lo hizo la empresa el pasado 19 de enero. El magistrado lo resolvía favorablemente el 30 de marzo y daba los dos meses de plazo para que los acreedores se adhirieran o no. Va a ser que no.