Nada más comprar por un euro el Banco Popular, lo primero que hizo este miércoles Ana Botín, la presidenta del Banco Santander, fue cesar a los miembros del consejo de administración encabezado por Emilio Saracho, y nombrar un órgano de transición que vehicule la fusión. En ese nuevo consejo, presidido por José García Cantera, el director financiero del Santander, sobresale la figura de Francisco Javier García-Carranza.
Lleva poco más de un año en el Santander, pero su impronta no ha pasado desapercibida. Procedente de Morgan Stanley, Botín le nombró director general adjunto y responsable de Reestructuraciones, Inmobiliario, Participadas, Recuperaciones y Disposiciones de Préstamos y Activos. Áreas conflictivas que, en muchos casos, suponen todo un lastre para las cuentas del Santander, y sobre las que García-Carranza ha asumido un papel de drástico ejecutor cortando por lo sano.
Huida sin contemplaciones de Isolux
Entre sus decisiones más llamativas, la de sacar al Santander de la crisis de Isolux, dejando a la constructora al borde del concurso. Vendió tanto la deuda como la participación, dejando a Bankia y CaixaBank -los otros acreedores- sin saber dónde meterse.
Tampoco le tembló el pulso en hacer algo similar en la reestructuración financiera de la siderúrgica Celsa, intentando ejecutar la deuda de la familia Rubiralta, pero la jugada no le acabó de salir. Asimismo, decidió García-Carranza vender a un precio irrisorio el apalancamiento del Santander en las quebradas autovías de de peaje.
Morgan Stanley, operaciones por 100.000 millones
Antes de desembarcar en el Santander, en Morgan Stanley García-Carranza asesoró a clientes sobre fusiones y adquisiciones, con transacciones de financiación de equity y deuda por un monto superior a los 100.000 millones de dólares.
Entre esas operaciones, muchas relacionadas con el sector inmobiliario español, como fueron las OPV de Colonial o Fadesa, la adquisición de Gecina por Metrovacesa, la compra de Urbis por Reyal o la de Testa por parte de la socimi Merlin, curiosamente la empresa de la que es presidente desde el pasado mes de febrero, al tomar el relevo de Rodrigo Echenique.
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Además de ostentar la presidencia de Merlin, García-Carranza es consejero en Metrovacesa Suelo y Promoción, la Sareb y Altamira, la filial inmobiliaria del Santander en la que el banco presidido por Ana Botín ostenta el 15%. El 85% restante está en manos del fondo estadounidense Apollo desde enero de 2014, cuando el banco transfirió esta participación por 664 millones.
Ahora, tras arribar al consejo del Popular, García-Carranza, tendrá trabajo. Y no poco. “Nos hemos propuesto reducir a la mitad la exposición inmobiliaria del Popular en 18 meses”, comentaba este miércoles Ana Botín durante su comparecencia ante los medios para presentar los detalles de la compra del Banco Popular. La entidad, ahora en manos del Santander, acumula 30.000 millones de inmuebles y créditos morosos inmobiliarios.
Värde Partners, la horma de su zapato
El director general adjunto tendrá la penúltima palabra en decisiones trascendentales. Relacionadas con el ladrillo tóxico del Popular, pero también sobre qué hacer con esas desinversiones de los, hasta ahora, activos no estratégicos, como eran la filial estadounidense TotalBank o WiZink, el negocio de tarjetas de crédito.
En esas negociaciones, García-Carranza se va a topar con un incómodo negociador, como es Värde Partners, el fondo estadounidense que tiene el 51% tanto de WiZink como de la gestora inmobiliaria Aliseda -en este caso, compartido con Kennedy Wilson-, y que no está dispuesto a ceder un ápice en ambas participaciones, y que buscará, llegado el caso, quedarse con la totalidad de ambos negocios.