Recientes escándalos como el de los papeles de Panamá han sacado a la luz pública el papel de los intermediarios -en este caso el despacho de abogados Mossack Fonseca- que ayudan a empresas y particulares a evadir impuestos, generalmente mediante dispositivos transfronterizos de ingeniería fiscal. La Comisión Europea ha propuesto este miércoles nuevas reglas que por primera vez sitúan en el punto de mira a asesores fiscales, contables, abogados y banqueros.

"Nos hemos concentrado sobre los profesionales que alientan las prácticas fiscales abusivas. Las administraciones tributarias deben disponer de la información que necesitan para contrarrestar los dispositivos de planificación fiscal agresiva", ha resaltado el comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici.

La evasión fiscal cuesta a los presupuestos públicos de la UE entre 50.000 y 70.000 millones de euros anuales, según un estudio elaborado por la Eurocámara. Sólo mediante los arreglos destapados por los papeles de Panamá se evadieron 173.000 millones de euros en impuestos, de acuerdo con otro informe.

La nueva norma obliga a los asesores fiscales y al resto de intermediarios a informar a las autoridades tributarias de cualquier dispositivo transfronterizo de ingeniería fiscal en cuyo diseño hayan participado, antes de que se haya utilizado, y que incluya una serie de rasgos considerados sospechosos. Por ejemplo, la utilización de pérdidas para reducir la carga fiscal o el recurso a paraísos fiscales.

Los intermediarios dispondrán de un plazo de cinco días a partir del momento en que entreguen el esquema a su cliente. La legislación obliga a los Estados miembros a imponer sanciones "eficaces" y "disuasorias" a los asesores que no cumplan estas nuevas obligaciones de transparencia, aunque no fija mínimos comunes.

Los asesores de fuera de la UE se libran

El agujero legal más evidente de la nueva norma es que no cubre a los intermediarios basados en un país fuera de la UE. Es decir, no serviría para sancionar al despacho Mossack Fonseca de Panamá. Bruselas alega que es imposible aplicar las reglas o multar a un asesor sin presencia suficiente en la UE. En estos casos, la obligación de informar sobre el plan fiscal se traslada al contribuyente -ya sea empresa o particular- basado en la UE.

El efecto inmediato de las nuevas reglas será dar a los Gobiernos más información sobre la ingeniería fiscal diseñada por los intermediarios, de forma que puedan examinar si estos planes facilitan la evasión fiscal. Los Estados miembros deberán además informar al resto de socios de la UE de forma trimestral a través de una base de datos centralizada.

Las nuevas exigencias de información tendrán además un efecto disuasorio para aquellos que promueven la planificación fiscal agresiva, según la Comisión. Los intermediarios se lo pensarán dos veces antes de diseñar dispostivos que pueden ser bloqueados incluso antes de empezar a aplicarse. Y las empresas se arriesgan a ver dañada su reputación si se hace público que intentan evadir impuestos.

Las reglas todavía deben ser aprobadas por los Gobiernos de la UE y la Eurocámara. El Ejecutivo comunitario confía en que entren en vigor el 1 de enero de 2019.