Los despachos de abogados que se están afanando en recabar datos para la presentación de demandas contra la venta del Banco Popular al Banco Santander se habían topado en los últimos días con un pequeño contratiempo. No poder contar con dos datos claves, como los accionistas significativos de la entidad intervenida y los tenedores de las posiciones cortas. Ambos habían desaparecido de la ficha del banco en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). 

Dos cuestiones fundamentales para sustentar las denuncias, de cara a conocer los movimientos previos que, tanto los accionistas como los inversores especulativos, llevaron a cabo en los últimos años, y sobre todo en los tres meses en los que Emilio Saracho estuvo al frente del Banco Popular. 

Tras la denuncia realizada por EL ESPAÑOL ante estas omisiones, desde el organismo presidido por Sebastián Albella justificaban la retirada del listado de los fondos que atesoraban las posiciones cortas “a un error en el sistema de edición de la web que ya ha sido subsanado”. 

Los accionistas, solo accesibles previa solicitud 

Lo que no se va volver a incluir en la ficha del Popular en la CNMV es la relación de las participaciones de accionistas significativos. “Cuando una sociedad deja de cotizar se quitan”, explican fuentes de la CNMV. No obstante, los interesados los pueden solicitar. “Los registros oficiales de la CNMV son consultables”, remachan. EL ESPAÑOL ha podido comprobar que esta información, si se solicita, es remitida por el regulador sin mayores problemas.

Los problemas para acceder a esta información se produce de manera simultánea a la investigación que tiene en marcha el organismo presidido por Albella, de cara a determinar la posible existencia de manipulación con las acciones del Popular en los días previos a que el Banco Central Europeo (BCE), el pasado 6 de junio, determinara su inviabilidad y activara el Mecanismo Único de Resolución (MUR).

Ante la resolución del Popular y su posterior venta al Banco Santander, la CNMV, además de las actuaciones llevadas a cabo como autoridad de supervisión del mercado de valores, no descarta iniciar actuaciones adicionales en el ejercicio de sus facultades de control de la información financiera y el abuso de mercado.