Casi un cuarto de la electricidad que consumimos en el último año vino de la producción nuclear. Los siete reactores que actualmente están activos representan una pequeña parte de la potencia generadora pero, en realidad, al estar siempre disponibles son clave para la estabilidad del sistema.

A cambio de esta estabilidad, la actividad nuclear deja unos residuos peligrosos y caros de gestionar y que, en las próximas décadas, prometen ser un quebradero de cabeza para el Estado. Sólo en 2016, las centrales generaron más de 40.000 metros cúbicos de residuos, el equivalente a tres campos y medio de fútbol de 1,3 metros de profundidad. A la basura nuclear que generan las centrales hay que sumar los residuos por desmantelamiento y los procedentes de otros usos (como el de la industria o el de los hospitales), con lo que la cifra asciende a más de 60.000 metros cúbicos, cinco campos de fútbol, de los que hay que hacerse cargo.

El coste de esta gestión crece año a año. Entre 2010 y 2016, la gestión de los residuos radiactivos y el combustible gastado costó casi 1.330 millones de euros, según el informe Energía 2017 que elabora el Foro de la Industria Nuclear con datos de Enresa, la empresa pública que se encarga de esa gestión. Este año se prevé un gasto de otros 298,2 millones y en los próximos cuatro años el monto ascenderá a 1.525 millones, según lo presupuestado.

El Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR) aprobado en 2006 estimaba el coste de la gestión entre 1985 y 2070 en alrededor de 13.000 millones, de los cuales prácticamente la mitad se destinarían al tratamiento de los residuos más peligrosos y de combustibles gastado, un 28% al desmantelamiento de instalaciones y un 12% a los residuos de baja y media actividad.

Con datos de 2015, el gasto ascendía a 15.800 millones. Las últimas estimaciones de Enresa apuntan a que el coste será mayor, llegando a los 17.400 millones, casi un 34% más de lo previsto en el plan vigente hace más de una década. De esa cantidad, la mitad se va al tratamiento de los residuos más peligrosos y el combustible gastado y un 25% a la clausura de instalaciones.

¿Hay dinero suficiente para pagar esta gestión? Esa es la gran pregunta. Enresa, que se encarga de todo el proceso, es quien canaliza los distintos impuestos que se pagan las empresas que producen los residuos y que van al Fondo para la financiación del plan de residuos. En el último ejercicio, la empresa pública añadió al fondo 400,6 millones, con lo que se llegó a los 5.017 millones.

Estas tasas son la piedra en el zapato de las eléctricas que operan actualmente las centrales (Endesa, Iberdrola y Gas Natural) y las que, según sus directivos y el lobby nuclear, presionan sus ingresos y hacen que la operación no sea rentable. Según Ignacio Araluce, presidente de Foro Nuclear, las tasas “se comen” entre un 40% y un 50% de los ingresos, razón por la que presionan al Gobierno para que las reduzca. El ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha abierto la puerta a replantear el gravamen, pero pone en duda la palabra de las energéticas sobre su rentabilidad y las acusa de realizar ingeniería fiscal.

¿Dónde van esos residuos?

Los residuos de muy baja, baja o media actividad que producen hospitales, laboratorios y otras instalaciones nucleares acaban en el centro de almacenamiento de El Cabril, en Córdoba. Según datos de Enresa, en 2016 recibió alrededor de 1.100 metros cúbicos de residuos, un 55% de los cuales de baja y media actividad (RBMA), con lo que a final de año alcanzó un 74,39% de su capacidad para este tipo de materiales. Se estima que El Cabril tenga capacidad de almacenamiento al menos durante la próxima década.

A falta de la construcción del Almacén Temporal Centralizado en Villar de Cañas (Cuenca), los residuos de las centrales nucleares se distribuyen actualmente en piscinas y contenedores temporales en las propias plantas. El problema es que las piscinas, donde se enfría el combustible gastado, están a un 89% de su capacidad. Las centrales que no utilizan piscinas, como José Cabrera, Trillo o Ascó, tienen contenedores en Almacenes Temporales Individuales que, en general, están en mejor situación. Salvo el ATI de José Cabrera, que está casi al completo, todavía hay disponible más de un 60% de almacenamiento en contenedores.

En esta situación, sólo caben dos salidas: o se acelera la tramitación para construir el ATC de Cuenca o será necesario construir espacio para más almacenamiento temporal en el resto de centrales. El plan de residuos vigente señalaba como prioritario construir un cementerio centralizado por motivos de seguridad, pero también económicos. Una década después, la construcción del almacén se sigue retrasando y está plagada de polémicas.

Aunque la construcción del cementerio nuclear en Villar de Cañas se aprobó en 2015, su tramitación ha estado congelada varios años por oposición de la Junta de Castilla-La Mancha, que inició los trámites para ampliar un espacio protegido cercano al terreno donde se pretende instalar el almacén. El Tribunal Supremo anuló cautelarmente esa ampliación en diciembre de 2016 por entender que prevalece la "adecuada gestión de los residuos". Esto reimpulsó el proceso y Enresa envió al Ministerio de Medio Ambiente el expediente necesario para que se emita la Declaración de Impacto Ambiental.