La constante cobertura mediática negativa sobre el Banco Popular fue uno de los factores que aceleró la fuga de depósitos y precipitó la insolvencia de la entidad. Al menos eso es lo que sostiene la Junta Única de Resolución de la UE (JUR) en la versión no confidencial de su decisión de liquidar de forma fulminante al Popular y venderlo por un euro al Santander. El texto acaba de publicarse (en pdf) un mes después de ser aprobado, pero se han suprimido todos los datos que se consideran confidenciales, entre ellos el informe de la consultora Deloitte en el que se basó la resolución.

Según el análisis de la JUR, los problemas de liquidez del Popular comenzaron en febrero de este año, cuando la entidad anunció pérdidas por valor de 3.485 millones de euros en 2016 y su nuevo presidente, Emilio Saracho, inició un cambio de estrategia. Las agencias de rating empezaron a rebajar la nota del banco, el consejero delegado dejó el cargo en abril después de que una auditoría interna descubriera falta de provisiones y los resultados del primer trimestre fueron peores de lo esperado.

"La continua cobertura negativa en la prensa sobre los resultados financieros de la institución y sobre el posible riesgo inminente de quiebra o falta de liquidez ha resultado en un incremento de las salidas de depósitos", asegura la decisión. La presidenta de la JUR, la alemana Elke König, ha negado que el organismo que dirige contribuyera a esta crisis de liquidez con declaraciones y filtraciones en los días previos a la intervención.

La Junta Única de Resolución pidió por primera vez información al Popular sobre su proceso de venta el 2 de junio, cuatro días antes de que el Banco Central Europeo (BCE) lo declarara insolvente. El 4 de junio, dos entidades se declararon interesadas por comprar la entidad una vez liquidada. La JUR no las identifica, pero el ministro de Economía, Luis de Guindos, ya ha dicho que fueron el BBVA y el Santander. El 5 de junio, el Popular reclamó al Banco de España una línea de liquidez de emergencia (ELA), que fue autorizada por el BCE.

Pero la respiración asistida sólo duró dos días: el 6 de junio a las 15:00 horas, Saracho informó de que ya no disponía de liquidez. Y a última hora de la tarde, el BCE declaró a la entidad insolvente porque ya no era capaz de devolver los depósitos a los clientes que llegaran al día siguiente. La JUR asumió entonces el proceso de liquidación y venta del Popular durante la noche del 6 al 7 de junio. Sólo recibió una oferta vinculante, la del Santander, por un euro. Los accionistas y los titulares de deuda subordinada perdieron toda su inversión y ahora preparan una avalancha de recursos.

Sin alternativas

König ha dicho que no tiene ningún miedo a las acciones judiciales porque considera que la decisión de liquidar el Popular está bien fundamentada desde el punto de vista legal. A juicio de la JUR, "no había medidas alternativas que pudieran impedir la quiebra de la entidad".

El propio Banco Popular informó por carta al BCE el 6 de junio que se encontraba en quiebra o a punto de quebrar. Y todas las soluciones privadas que se habían intentando fracasaron. La intervención era necesaria para garantizar la continuidad de las funciones críticas del banco y evitar un impacto negativo en la economía española.

"Una rápida actuación de resolución es necesaria y proporcionada para evitar los efectos adversos que la quiebra de la entidad tendría en la estabilidad financiera y, en particular, para limitar el efecto contagio que se produciría con la liquidación de la entidad a través de los procedimientos normales de insolvencia", señala la JUR. Estas consideraciones "pesan más" que las desventajas y los costes de resolución, en particular las pérdidas sufridas por los accionistas y los acreedores subordinados, concluye la decisión.